Jorge 40 y Salvatore Mancuso, entre el silencio y la clemencia

Las vidas de Salvatore Mancuso y de Rodrigo Tovar quedaron amarradas desde 1996, cuando este último se unió a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, que para entonces ya comandaba Mancuso. Desde entonces, actuaron en llave, crearon 14 frentes, cometieron cientos de masacres, despojaron, mataron y controlaron políticamente gran parte de la región Caribe.

Ambos decidieron desmovilizarse durante el gobierno de Álvaro Uribe. Mancuso, con mayor decisión, en diciembre de 2004, y Rodrigo Tovar, con mucha más reticencia, en marzo de 2006. Ambos iniciaron versiones libres ante fiscales de Justicia y Paz, pero dos años después fueron extraditados. Mientras Mancuso ha colaborado con la justicia norteamericana y con la justicia colombiana, ha hecho audiencias por satélite, confesado cerca de 1.400 crímenes, y ha pedido perdón abiertamente, reconociendo sus errores, Jorge 40 se abstuvo de colaborar en el proceso colombiano, y se sigue considerando un salvador de su región, de la mano de su aliado, el Estado.

En el caso de Mancuso, el fiscal de Estados Unidos está pidiendo una condena de 21 años y 11 meses de cárcel y la sentencia se conocerá el próximo martes. Por eso envió una angustiosa carta a la Cancillería en la que pide que se le explique a la justicia gringa que su colaboración con Justicia y Paz ha sido total para que esto sirva de atenuante. Jorge 40 también espera que se le condene dentro de dos meses por narcotráfico, y el fiscal de Estados Unidos pide 30 años para él. Su estrategia ha sido completamente diferente a la de Mancuso: optó por el silencio, y espera recibir su condena en Estados Unidos para después valorar si una colaboración le servirá para rebajar pena.

Denegación de la verdad

La decisión de excluir a Jorge 40 la tomó el Tribunal Superior de Barranquilla luego de que este dejara de asistir a 48 audiencias a las que fue citado por la Fiscalía entre 2008 y 2013. Si bien este es un duro golpe para las víctimas de los 20.855 hechos delictivos que se le atribuyen a los frentes que estuvieron bajo su mando, y que todavía esperan que hable algún día, es entendible que la Justicia envíe un mensaje duro para quienes no se han interesado en ella.

Antes de ser extraditado, Jorge 40 alcanzó a asistir a cuatro audiencias de Justicia y Paz con base en las cuales le fueron imputados 99 hechos; de ellos solo uno fue confesado por iniciativa propia, mientras los demás fueron respuestas a preguntas de las víctimas o de los abogados.

Rodrigo Tovar ingresó a las autodefensas como auspiciador y en 1998 se convirtió en jefe de un grupo que operaba en los municipios de Bosconia, Ariguaní, San Ángel, Chivolo y Algarrobo con 30 hombres. Y a partir de 1999 empezó a estar dentro de la comandancia de las AUC y tuvo bajo su égida numerosos frentes que se especializaron en sicariato, cobro de vacunas, extorsiones y relaciones con políticos y gobiernos locales, llegando a influir en las elecciones desde 1997 hasta 2006. De hecho, es a él a quien se le atribuye la estrategia de concentración de votos en favor de varios parapolíticos de Magdalena y Cesar, que le hizo ganar una hegemonía casi total en estos departamentos.

La principal deuda de Jorge 40 con Justicia y Paz es precisamente revelar cómo cooptaron a la dirigencia de esos departamentos y quiénes fueron sus principales aliados. En su reiterada negativa a comparecer ante la Fiscalía, el exparamilitar también se negó a hablar de ejecuciones extrajudiciales, de los homicidios de sindicalistas, periodistas y profesores. Tampoco habló de parapolítica, ni de sus fuentes de financiación, como sí lo hizo Mancuso.

A las 14 audiencias que asistió respondía a estos interrogantes con “no sé”, “no tengo información”, “la voy a apuntar”, o “acepto la responsabilidad por vía indirecta”. Tiene pendiente responder 1.976 preguntas formuladas por las víctimas y aclarar más de 5.000 crímenes ocurridos entre diciembre de 2004 y marzo de 2006, cuando quedó como comandante del bloque ante el retiro de Mancuso.

Jorge 40 nunca aceptó que los frentes bajo su mando hubieran cometido violencia de género, reclutado menores o incurrido en secuestros. De manera sistemática se negó a reconocer hechos aceptados por el mismo Mancuso y por los jefes de sus frentes, lo que le confirmó a la Fiscalía su desinterés en permanecer en Justicia y Paz.

Lo grave es que hay hechos que solo él puede aclarar, como la creación y expansión del Frente Contrainsurgencia Wayú, conformado para arrebatarles los negocios de narcotráfico, contrabando de cigarrillos, whisky y gasolina a las tradicionales bandas guajiras, y la estela de sangre que dejó su invasión en ese territorio.

Antes de tomar la delicada decisión, el tribunal escuchó las diferentes voces: la de los abogados de las víctimas que pidieron no excluirlo para no perder la posibilidad futura de acceder a la verdad; a la Procuraduría, que apoyó la petición de exclusión de la fiscal de excluirlo; y al defensor de Jorge 40, Hernando Bocanegra, quien manifestó que su defendido no ha colaborado con Justicia y Paz por petición de sus abogados en Estados Unidos, quienes le han dicho que podría autoincriminarse y agravar su situación ante el juez que dictará sentencia el próximo 24 de agosto.

Bocanegra advirtió, sin embargo, que Mancuso, a pesar de haber seguido todo el proceso de Justicia y Paz, está siendo tratado en Estados Unidos como si no lo hubiera hecho, pues como se sabe, lo juzgan por narcotráfico y no tienen obligación de tomar en cuenta un proceso completamente independiente como el que transcurre en Colombia por crímenes atroces.

La gran pregunta que hoy se hacen las víctimas es por qué para el gobierno Uribe resultó más importante que los paramilitares respondieran como narcos en Estados Unidos, que por sus terribles crímenes en Colombia. Por qué el gobierno escogió la extradición y sacrificó la verdad, la justicia y la reparación.

Por eso las víctimas apelarán la exclusión ante la Corte Suprema, que será la que tendrá que decidir finalmente si Rodrigo Tovar podrá seguir en Justicia y Paz. Quizá para entonces ya lo hayan condenado en Estados Unidos, y pueda así, bajo los milimétricos cálculos que lo han caracterizado siempre, decidir si cuenta la historia de sangre que le debe al país.