Juicio a ex ministros

Uno de los casos de mayor desafío para la justicia y sobre el cual no hay jurisprudencia en Colombia se resolvió en la Fiscalía el 24 de diciembre de 2007. Después de cuatro años de investigación, la fiscal delegada ante la Corte, Marta Luz Hurtado, encontró que el ex ministro y el vice ministro de Minas y Energía, Luis Carlos el 'Chiqui' Valenzuela, y Felipe Riveira, y el ex ministro de Defensa Luis Fernando Ramírez, utilizaron indebidamente información privilegiada y documentos reservados. En la misma providencia en que la fiscal los llama a juicio, acusó además a David Seinjet Neirus, uno de los herederos del Ingenio La Cabaña y accionista de Correval, una de las firmas comisionistas de Bolsa más grande del país.

La decisión no fue fácil. Al fin y al cabo, se trata de un delito relativamente nuevo y sin antecedentes en el país, como lo es el de utilizar indebidamente información reservada o confidencial. En este caso la fiscal le halló la razón al empresario vallecaucano Armando Lloreda Zamorano, quien a finales de 2003 denunció penalmente a estos pesos pesados por haberle quitado un negocio de seis millones de dólares. A partir de ahí se inició un pleito judicial que en noviembre de 2005 SEMANA calificó como un pulso jurídico de alto estrato.

La historia arrancó en 2002, cuando el industrial Lloreda Zamorano le propuso a su amigo el ex ministro de Minas y Energía Luis Carlos el 'Chiqui' Valenzuela que entre los dos podían hacer un gran negocio. Por esa época, la firma Fluor Daniel, accionista de la empresa Transgás de Occidente, que transporta gas natural por gasoducto entre Mariquita y Cali, estaba interesada en vender su participación, y Lloreda, por ser también socio, tenía la primera opción de compra y la posibilidad de adquirir las acciones baratas y revenderlas, pero le faltaba conseguir el cliente.

Por eso acudió a su amigo Valenzuela, dueño de la firma de banca de inversión Sumatoria, de la que también hacen parte Ramírez y Riveira. Lloreda le contó a Valenzuela los detalles del negocio. Sus lazos de amistad eran estrechos y en la época en que el industrial era dueño de la Corporación Financiera del Valle (Corfivalle) nombró a Valenzuela como su presidente.

Los tres se comprometieron a encontrarle un cliente a Lloreda. A cambio, recibirían como pago una comisión del 8 por ciento del valor de la venta. Y como es la práctica normal en estos casos, firmaron entre ellos un acuerdo de confidencialidad el 4 de diciembre de 2002. Lo mismo hicieron Sumatoria y Transgás. Esto se hizo para que cada una de las partes mantuviera bajo reserva toda la información que no fuera de conocimiento público. Con los datos en la mano, Sumatoria empezó a buscar comprador para las acciones. Pero fracasó en el intento. El único cliente que consiguió no estaba dispuesto a pagar los 1,15 dólares por acción que pedía Lloreda y no hubo negocio.

En febrero de 2003 Lloreda vuelve a contactar a Valenzuela. Esta vez porque se entera de que otro socio, la firma francesa Spie Capag, se va del país y quería vender los 4,5 millones de acciones que tenía en Transgás. De nuevo Valenzuela tenía que conseguirle un cliente y tenía que ser antes del 29 de mayo, día en que se le vencía a Lloreda la opción de comprarle las acciones a Spie Capag. Pero el día llegó y el negocio para Lloreda se desvaneció por falta de comprador.

Sin embargo, ese día nació otro negocio: Valenzuela y sus socios compraron todas las acciones de Spie Capag. ¿Cómo lo hicieron?

El otro negocio

Cuatro meses atrás, mientras hacían las veces de banqueros de inversión para Lloreda, el 'Chiqui' y sus socios crearon las empresas Gasolar y Portgás. Ambas sociedades fueron constituidas el mismo día, enero 21 de 2003, con un capital de un millón de pesos cada una.

Con esas empresas compraron las acciones de los franceses de Spie Capag en Transgás. Para la plata contaron con el músculo financiero del empresario David Seinjet Neirus, uno de los principales accionistas del Ingenio La Cabaña, quien desembolsó cerca de tres millones de dólares y se convirtió en gerente suplente y accionista de Portgás. Cuando Lloreda se enteró de lo sucedido, los denunció penalmente por los delitos de uso indebido de información privilegiada, y divulgación y empleo de documentos reservados.

Aunque Valenzuela y compañía sostuvieron en las indagatorias que no hubo lugar a información privilegiada de ningún tipo, pues según ellos, conocían de tiempo atrás la información financiera de Transgás, que además era de acceso público, la fiscal dice en su fallo lo contrario. Que ellos no tenían la información necesaria, ni conocían del negocio antes de que Lloreda les hiciera la propuesta y que además, los estados financieros de la empresa ni siquiera estaban publicados en la página web de la Supervalores, hoy Superintendencia Financiera.

Luego de estudiar con detalle la jurisprudencia internacional, la legislación colombiana que se aplica en el mercado bursátil, los estudios de expertos, y con base en los resultados de los diferentes peritos, la fiscal logró establecer que Valenzuela, Ramírez y Riveira violaron las relaciones de confianza y confidencialidad y utilizaron en provecho personal la información privada que les dio Lloreda Zamorano sobre el negocio y el nombre del socio que quería vender. Y a David Seinjet lo acusa de coautor al participar de las empresas Portgás y Gasolar con el único propósito de comprar las acciones de la compañía Transgás de Occidente para quedarse con el negocio de Lloreda. "Yo leí libros de varios autores internacionales que tratan el tema y lo apliqué en el caso de Colombia porque aquí no hay jurisprudencia y la documentación es escasa. Hice un estudio muy juicioso de la situación porque en el país es la primera vez que se decide un caso de estos", le dijo a SEMANA Marta Luz Hurtado, la fiscal delegada ante la Corte que los llamó a juicio.

Por eso el fallo es histórico. Porque la Fiscalía sienta un severo precedente sobre la utilización indebida de información privilegiada para quedarse con los negocios. "Ahora con esta decisión ya hay un antecedente en cuanto a la salvaguardia a la ética que debe imperar en este oficio. Ellos buscaron la preclusión a través de varios mecanismos como denuncias infundadas en contra de Armando Lloreda y hasta acciones de tutela en contra de la Fiscalía, pero ninguna prosperó y por fortuna se hizo justicia", le dijo a SEMANA Vicente Gaviria, el abogado del industrial vallecaucano.

De confirmarse esta decisión, se iniciará el juicio en un juzgado penal municipal de Bogotá. Los perjuicios materiales y morales ocasionados podrían superar los seis millones de dólares, que era el valor del negocio de la venta de las acciones de Armando Lloreda hace cuatro años. "Todavía tenemos un recurso de apelación ante el Vicefiscal General de la Nación y esperaremos a que se dé una decisión definitiva", sostuvo Jaime Lombana, abogado del ex ministro Luis Fernando Ramírez.

El fallo no deja de ser sorprendente, pues no hay antecedentes de este tipo para quien viola las más elementales normas éticas de los negocios. "Apelaremos ante la segunda instancia. Yo estoy convencido de que no hubo conducta delictiva. La polémica tiene que ver con la inconformidad de Lloreda Zamorano que no pudo hacer un negocio", le dijo a esta revista Yesid Reyes, abogado del ex ministro Valenzuela.

En Colombia la legislación no es tan estricta y el fallo no implica que los acusados sean privados de la libertad, pero es la primera vez que se sienta una posición sobre este tipo de casos y ya se sabe hasta dónde llega el límite de la información privilegiada en el mundo de los negocios y el riesgo que se puede correr.