LA ARTILLERIA PESADA

Cuando Carlos Lleras de la Fuente le confirmó al país el jueves pasado su decisión de renunciar a la embajada de Colombia en Washington, muchos respiraron con alivio al oír de sus propios labios una señal esperanzadora: "De aquí a junio no hay riesgo de ninguna clase de que Estados Unidos imponga sanciones comerciales a Colombia". Pero lo que parecería ser una frase optimista puede ser tan sólo un nuevo motivo de preocupación para los empresarios colombianos. A pesar de que suene distante, el mes de junio está a la vuelta de seis semanas, y algunos ya se volvieron a preocupar por la manera como el embajador remató sus declaraciones: "Después podría pasar cualquier cosa en cualquier momento en que Estados Unidos, por motivos políticos domésticos, crea que le conviene hacer algo". Pero esta mezcla de visiones positivas y negativas sobre los efectos económicos de la descertificación no es nueva. Como dijo un analista internacional a SEMANA: "Desde que nos descertificaron el país se embarcó en una especie de comedia de equivocaciones que oculta una realidad innegable: después de la descertificación, Estados Unidos puede imponer sanciones económicas en cualquier momento". Este juego de interpretaciones empezó hace tres semanas en Cartagena, en la Cumbre de ministros de Comercio Exterior de las Américas, cuando el difunto secretario de Comercio de Estados Unidos, Ron Brown, dijo a los gremios que no había una decisión del gobierno estadounidense para tomar acciones contra las exportaciones colombianas. Esta posición pareció tomar un matiz más definitivo cuando un par de días después el ministro de Comercio Exterior, Morris Harf, dijo a los medios que el representante comercial de Estados Unidos, Mickey Kantor, le había asegurado "que el efecto de la descertificación era una intención (sic) política. Desde el punto de vista económico no se impondrá ninguna de las sanciones económicas previstas". A pesar de que de hecho para ese momento ya se habían adoptado algunas sanciones económicas automáticas como la suspensión de los créditos del Eximbank a las exportaciones colombianas la opinión pública creyó que con las declaraciones del ministro Harf el peligro de las sanciones se había conjurado.Pero el entusiasmo duró poco. Una semana más tarde el embajador de Estados Unidos se encargó de volver a alborotar el avispero. En declaraciones al semanario económico Portafolio, Myles Frechette afirmó: "Yo he dicho que la descertificación no es como un mordisco sin dientes. No. En diplomacia se mandan señales. No se pega con el garrote más fuerte. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos". Este comentario estuvo acompañado de duras críticas a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y a la clase política colombiana en general. La posición de Frechette fue rechazada por la Cancillería colombiana, que la calificó de intromisión en los asuntos internos, y llevó al Senado colombiano a pedirle al presidente Samper solicitar a Washington el retiro del diplomático. Ante semejante revuelo, el Departamento de Estado dio de inmediato un claro respaldo a Frechette a través de su vocero, Nicholas Burns: "El embajador Frechette está representando los intereses de Estados Unidos en Colombia en forma efectiva. Puede estarse seguro de que cuando él habla lo hace con el total apoyo de Washington". Más allá de las escaramuzas diplomáticas, lo que quedaba en claro de todo el episodio era que el gobierno estadounidense se reservaba el derecho de imponer sanciones económicas a Colombia. Esta conclusión llevaba las cosas al punto de partida, pues desde el momento mismo en que el Departamento de Estado anunció la descertificación fue claro que quedaba abierta la posibilidad futura de imponer sanciones. En ese momento el subsecretario de Estado para asuntos de narcóticos, Robert Gelbard, dijo textualmente: "Sobre el tema de las sanciones comerciales, incluida la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas _Atpa_, el presidente Clinton piensa que por ahora no deben ser tocadas, aunque se reserva la opción de usarlas en el futuro". Respecto a la vigencia y el alcance de esa posición, SEMANA consultó la opinión del embajador Frechette, quien fue concluyente:"Esa frase fue autorizada por los más altos niveles de la Casa Blanca". Por que y cómoLas circunstancias que llevarían al gobierno de Estados Unidos a imponer sanciones económicas no se han hecho explícitas, pero pocos dudan de que tienen que ver claramente con la permanencia de Samper en el poder. Una fuente diplomática de Washington dijo a SEMANA: "En ningún momento la salida de Samper es condición para no imponer sanciones económicas. Sin embargo, para evitarlas se requiere de un grado de interlocución entre Bogotá y Washington que ya no existe con la administración Samper". Pero, ¿qué tipo de sanciones económicas podría imponer el gobierno estadounidense a Colombia, además de las ya adoptadas? En el frente comercial, Washington puede retirar las preferencias del Atpa que benefician al 15 por ciento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos, de las cuales las dos terceras partes son flores. Según los expertos, 280 millones de dólares de exportaciones de flores quedarían por fuera del mercado al perder la preferencia. De otra parte, los productos colombianos pueden perder las ventajas arancelarias del Sistema Generalizado de Preferencias SGP que beneficia a exportaciones por 90 millones de dólares que también saldrían del mercado estadounidense. El calvario de las exportaciones no terminaría allí. Como si fuera poco, la administración Clinton podría elevar los aranceles para todos los productos colombianos hasta un nivel de 50 por ciento _casi 10 veces el valor de los aranceles vigentes hoy en día_, lo que redundaría en un auténtico colapso de las exportaciones del país.Por el lado del sector aeronáutico las cosas no pintan mejor. Las aerolíneas colombianas se encuentran amenazadas por dos lados. En primer lugar, la ley de comercio de Estados Unidos prevé que, ante una descertificación, la Casa Blanca puede decretar un embargo aéreo total a Colombia, acción que no sólo perjudicaría los intereses de Avianca y Aces, sino que aislaría por completo a la economía nacional. Por otro lado, el próximo 26 de mayo se cumple el plazo adicional dado por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos FAA a la Aeronáutica Civil para ponerse al día con sus sistemas de seguridad y control aéreo. El año pasado la FAA decidió bajar a Colombia a la categoría dos, que implica una autorización condicional a las aerolíneas colombianas para volar a Estados Unidos. Si bien la embajada estadounidense ha dicho en varias ocasiones que esta evaluación es puramente técnica, algunos opinan que la coyuntura política podría afectar los resultados. Como dijo a SEMANA el representante de una aerolínea que vuela entre los dos países: "Al margen de las consideraciones técnicas, el director de la FAA no puede tomar una decisión sobre Colombia sin consultar antes su juicio con la Casa Blanca". Así las cosas, el panorama no es nada alentador: si la FAA decide bajar al país a la categoría tres, ninguna aerolínea colombiana podría aterrizar en tierra estadounidense, y los vuelos a Estados Unidos representan el 20 por ciento de los ingresos de Aces, el 50 por ciento de los de Tampa y 33 por ciento de los de Avianca.Otro sector que podría ser objeto de sanciones es el financiero. A pesar de que las transacciones bancarias no se mencionan en las distintas leyes estadounidenses referentes al proceso de certificación, para nadie es un secreto que la Casa Blanca puede apretar las tuercas de los bancos colombianos y, a través de ellos, a toda la economía nacional. Una de las medidas que podría adoptar directamente la administración Clinton es la suspensión de transacciones electrónicas entre Colombia y Estados Unidos. Ante esa situación cualquier transacción comercial o financiera en dólares tendría que estar respaldada por una operación en efectivo, lo que afectaría por igual a exportadores, importadores y entidades financieras. Si se tiene en cuenta que las operaciones en el mercado cambiario colombiano ascienden actualmente a unos 200 millones de dólares por día, es evidente que una medida de ese estilo implicaría una escasez inmediata de divisas que obligaría al Banco de la República a permitir una gran devaluación o a elevar las tasas de interés a niveles exorbitantes para garantizar la llegada de dólares al país. Una fuente diplomática en Washington dijo a SEMANA: "Ese es un ejemplo del tipo de acciones que podríamos adoptar y hemos estudiado seis más en la misma dirección". Según los expertos, las medidas adicionales que podría adoptar la administración Clinton en cualquier momento van desde pedir a los bancos estadounidenses que reporten los nombres de todos los colombianos que tengan depósitos allí y los montos de los mismos, hasta exigirles el aumento de las reservas sobre cartera cuando se trate de préstamos a colombianos.El día menos pensadoAnte semejante arsenal de sanciones económicas que podría adoptar el gobierno de Estados Unidos contra Colombia, lo que muchos se preguntan es ¿cuándo? Los más optimistas consideran que se tomarían medidas en el segundo semestre del año, cuando se caliente el debate electoral en la carrera hacia la Casa Blanca y el presidente Clinton no pueda resistir las presiones de un Congreso de mayoría republicana por haber sancionado a Colombia con una medida sin dientes. Otros piensan que las cosas se pueden desencadenar antes. A este respecto, un analista de Washington dijo a SEMANA: "No me parece sensato que Clinton se deje acorralar de esa manera. Lo lógico sería que se anticipara y llegara al segundo semestre con el lío de Colombia resuelto". Lo cierto es que en las últimas semanas se han intensificado las presiones de senadores y representantes sobre la Casa Blanca para que tome medidas concretas, especialmente en lo referente a las preferencias del Atpa, y aumentan los rumores en Washington de que tal cosa podría suceder en junio. Sin embargo, puede ser que la cuerda se reviente antes: para esta semana se espera la llegada de una comisión de avanzada de la FAA que evaluará los avances alcanzados por la Aeronáutica Civil en materia de seguridad aérea, y son varios los que han empezado a morderse las uñas.De una manera u otra, lo cierto es que la administración Clinton sabe muy bien para qué tiene el garrote. En febrero el representante demócrata por California, Sam Farr, le pidió a la Casa Blanca que solucionara la crisis de los floricultores de su estado retirando las flores colombianas de los beneficios del Atpa. El 26 de marzo _una semana después del supuesto anuncio de que no habría sanciones_, Mickey Kantor le respondió a Farr: "La imposición de sanciones comerciales adicionales a las automáticas sería un acto muy severo. Esa posibilidad no ha sido descartada. Cualquier decisión en ese sentido dependerá de cómo evolucione la cooperación con Colombia en los temas antinarcóticos...".