LA BUHOCRACIA

LAS EXPECTATIVAS COmenzaron a crecer desde el mismo instante en que la primera dama, Jacquin de Samper, dio a conocer en abril, durante el Foro Nacional de la Cultura realizado en Barranquilla, el que sería uno de los caballos de batalla de la campaña del entonces canditato presidencial, Ernesto Samper: la creación de un Ministerio de Cultura.

Columnistas, políticos, artistas, críticos, intelectuales y trabajadores de la cultura en general, expresaron en su momento su opinión al respecto. Mientras algunas personalidades del medio cultural como Gloria Zea, María Mercedes Carranza, Jorge Valencia Jaramillo y Sergio Cabrera, apoyaron de entrada la idea, otros, como el crítico Harold Alvarado Tenorio, el escritor Oscar Collazos, los columnistas Enrique Santos Calderón y Jorge Child y hasta el Nobel colombiano Gabriel García Márquez, hicieron sentir su voz de alerta sobre los peligros que encarnaba dejar a la cultura en manos de un ente anquilosado y burocrático como lo podría llegar a ser un ministerio. Ante la diferencia de criterios, y tal vez conscientes de que en ese entonces era prematuro aventurar pronósticos sin conocer realmente ni la justificación ni los alcances de la propuesta, otros decidieron esperar a que el gobierno de Samper presentara finalmente la propuesta.

Ese momento llegó la semana pasada cuando el ministro de Educación, Arturo Sarabia Better, presentó a la Cámara de Representantes el proyecto de Ley General de la Cultura, que incluye, como todos esperaban, la iniciativa de creación de un ministerio rector de esos asuntos.

Independientemente de la creación de la nueva cartera, el proyecto de ley de la cultura había comenzado a gestarse dos años atrás cuando el gobierno de César Gaviria lanzó el Plan Nacional de Cultura 1991-1994, en el cual se puso en práctica la reestructuración general de Colcultura.

Básicamente, el plan contemplaba una mayor autonomía regional; la creación de un Consejo Nacional de la Cultura; de fondos y corporaciones mixtas y -en general- la implementación de mecanismos de descentralización, a través de la reestructuración y consolidación de los consejos regionales y locales de la cultura, con el ánimo de que cada región fuera responsable directa del apoyo y la promoción de la esa actividad. Para llevar a cabo el proyecto, el plan también incluía un aumento considerable del presupuesto del instituto.

Durante la administración de Ramiro Osorio y -posteriormente- con la llegada de Juan Luis Mejía, su actual director la entidad no hizo otra cosa que ejecutar el plan. En virtud de todas estas transformaciones lo único que hacía falta era una norma general que le diera fuerza legal al proceso y al mismo tiempo, agrupara bajo un mismo marco a todas las actividades y organizaciones culturales, incluidas las distintas entidades que hoy están dispersas por los diferentes ministerios. Todas estas inquietudes fueron recogidas en el actual proyecto de ley.

El documento consta de 135 artículos, distribuidos en cuatro títulos. Tres de ellos reglamentan los deberes del Estado frente a la preservación del patrimonio cultural colombiano y la promoción de la actividad cultural en todas sus manifestaciones. El cuarto contempla la creación de un Consejo Nacional de Cultura y la formación de un ministerio como organismo rector.

El espíritu de la ley está resumido en una frase del ministro Sarabia: "Con respecto al pasado, el Estado será implacable a la hora de proteger el patrimonio; en cambio, frente al futuro, el Estado será el principal promotor de la creación artística y cultural, pero sin intervención de ninguna especie".

Así, en cuanto a la protección del patrimonio, la ley actualiza, complementa y fortalece la legislación vigente. En cuanto a los estímulos a la creación artística, la ley establece diversos tipos de fomento nacional y regional en las diversas manifestaciones artísticas por medio de concursos, becas y eventos. El proyecto pone especial interés en el cine y en la necesidad de volver a estimularlo, luego del fracaso de Focine. Por último, respecto de la financiación, el proyecto respalda los fondos mixtos como sistema efectivo y dinámico de consecución de recursos con participación de la empresa privada.

El proyecto fue pensado en aras de justificar la creación del ministerio. Pero en medio de esta necesaria propuesta reguladora, lo único que parece no tener mucho sentido es -precisamente- la figura ministerial, no tanto porque su creación no garantice la solución al tradicional abandono de la cultura y a la ineficiencia de organismos como Colcultura, sino porque es la primera vez en muchos años que la entidad ha comenzado a funcionar como le corresponde. La descentralización, los fondos mixtos y la multiplicación de su presupuesto en más de siete veces en el último cuatrienio (de 1.500 millones hace cuatro años a 21.000 millones actualmente), dan una idea de la movilidad actual del instituto.

Por su parte, la primera dama, en varias ocasiones, aclaró que la idea no era convertir a Colcultura en un ministerio. Pero en realidad, no se trata de otra cosa, a juzgar por el proyecto presentado al Congreso y que prevé la desaparición del instituto sin mayores justificaciones para su reemplazo. La primera de ellas tiene que ver con el presupuesto. En este sentido, además de que un ministerio no asegura un presupuesto mayor, Colcultura por sí sola ha logrado multiplicarlo. La segunda es la elevación de rango y la independencia que tendna la cultura en las decisiones políticas y administrativas. No obstante tal prerrogativa no representaría gran ventaja en comparación con el riesgo de burocratización del organismo, en la medida en que la cartera de cultura sería utilizada, con mucha probabilidad, para satisfacer cuotas políticas antes que para satisfacer realmente necesidades culturales.

En resumidas cuentas, hasta el momento parecen ser más sólidas las razones de quienes están en contra del ministerio, que las del gobierno para defenderlo. Y aunque al mismo tiempo son muchos los que han defendido la propuesta, lo cierto es que el proyecto de ley general de la cultura no expresa razones contundentes para crearlo; y más bien sí representa un arma poderosa de Colcultura en aras de afianzar los logros obtenidos a partir de su reestructuración.

Todo lo anterior hace pensar que antes de crear un ministerio hay que darle una oportunidad a la nueva Colcultura. Al fin y al cabo, seguidores y opositores están de acuerdo en que ante todo se necesita voluntad política. Y para tener voluntad, un ministerio, lejos de ser indispensable, podría ser su mayor obstáculo.