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La dictadura de la opinión: la peligrosa estrategia que busca someter a quienes piensan diferente en Colombia

Esta nueva modalidad para imponer una “verdad”, que busca silenciar y hostigar a quienes piensan diferente, le hace daño a la democracia en Colombia. Algunos periodistas están aplicando esa estrategia.


Esta semana se trató de imponer en el país una “verdad”, sin contraste alguno, sobre lo que ocurrió en un operativo militar el pasado 28 de marzo, en una vereda de Puerto Leguízamo (Putumayo), en el que murieron 11 personas que, según el Ejército, pertenecían a las disidencias de las Farc. Seis periodistas, algunos de ellos afines a la primera línea y reconocidos por su activismo de izquierda, viajaron desde Bogotá a la zona de los hechos, recogieron testimonios de un solo lado, en los que se criminalizaba a las autoridades, y los presentaron como una verdad absoluta. Fallaron y condenaron como jueces. Varios de ellos fueron patrocinados por una fundación activista de izquierda.

Luego, amplificaron todo de manera coordinada en las redes sociales y tuvieron eco en ciertos sectores de la población. Todo aquel que ha intentado, hasta ahora, mostrar la otra cara de la moneda ha terminado convertido en blanco de ataques de estos supuestos adalides de la moral. A ellos no les importó presentar y darle despliegue a la otra versión, es decir, al Ejército y a los militares, uno de ellos herido, que participaron en el operativo. Tampoco mostraron interés en investigar el origen y las razones por las cuales un batallón contra el narcotráfico puso en marcha este operativo en un departamento con 22.000 hectáreas de coca y cercado por las disidencias de las Farc de Iván Márquez, en una guerra abierta contra las de Iván Mordisco y Gentil Duarte.

Más allá de lo ocurrido en el Putumayo y de lo que informaron los reporteros, este es el ejemplo perfecto de lo que significa la dictadura de la opinión que se instaló en Colombia recientemente por parte de periodistas activistas, amigos de políticos, con intereses económicos, hambre de poder y sesgados ideológicamente.

El periodismo debería hacer siempre un esfuerzo por reflejar la verdad.

Sin embargo, una inmensa minoría cree que tiene la “verdad revelada” y la autoridad moral para informar a los demás.

Esta dictadura de la opinión está tan bien articulada que tiene cabezas y un verdadero ejército en las redes sociales con muchos seguidores. Su propósito es tomar un blanco, exponerlo y posicionar una determinada opinión sobre él. Si señalan a alguien de corrupto, todo el país debe unirse a repudiarlo, sin importar el proceso judicial, las pruebas, la presunción de inocencia y la defensa. Quien no lo haga, es descalificado, mal visto y señalado. Si atacan a una institución, sienten que todos los ciudadanos y demás periodistas están en la obligación de apoyar esa misma idea.

Sus características son muy claras. Pertenecen ideológicamente a una línea de pensamiento de izquierda, manejan un lenguaje hostil, a veces extremo, estigmatizante y discriminatorio, y no actúan en solitario, sino de manera colectiva y organizada. Se toman atribuciones que no les corresponde, como determinar quién hace bien o no su trabajo en el gremio periodístico. Actúan implacablemente como jueces por excelencia. Sin embargo, en sus apariciones públicas, dicen, paradójicamente, que no son jueces. Tienen constituida una sociedad del mutuo elogio y por eso es común verlos en las redes sociales alabándose el uno al otro, por un trino, un artículo, una columna o una entrevista. Tienen poca modestia, se sienten los mejores. Permanentemente, incluso sin pudor, retuitean a quienes los felicitan, aunque en los mensajes haya insultos contra los demás. Les encanta la comparación en la que ellos se ven supuestamente superiores. Si no se piensa como ellos, se enfurecen. Definitivamente viven en una burbuja. Además, son expertos en victimizarse y en decir que son blanco de estigmatizaciones. Paradójicamente, son profesionales estigmatizando a quienes piensan diferente a ellos.

Aunque como periodistas deben defender la libre expresión, incluso la de quienes piensan diferente, solo defienden la propia y la de quienes opinan como ellos. A los demás les aplican su arma predilecta: el intento de desprestigio. Buscan imponer su verdad y luego, en algunos casos, salen en busca de un apoyo económico ante el público y otros patrocinadores, incluyendo políticos afines. En materia electoral, participan activamente y quieren imponer su candidato agresivamente, a pesar de la realidad política, los votos y las encuestas. Conforman una especie de rosca ideológica arribista y discriminatoria, mientras de puertas para afuera posan de feministas, antirracistas, incluyentes y defensores de los derechos de los demás. Tienen sus consentidos, a quienes tratan con guantes de seda. Y, a punta de eso, muchos de ellos se han llenado los bolsillos y se han lucrado de sus relaciones políticas. Cualquier pecado que tengan queda en nada, pues ese mismo sector los exculpa y blinda. Se vuelven intocables.

En Estados Unidos ha ocurrido lo mismo. Tal vez uno de los casos más reveladores fue el de la exeditora de opinión del diario The New York Times Bari Weiss, quien en 2020 se vio obligada a renunciar ante la presión de aquellos protagonistas de la dictadura de la opinión. En su carta de despedida, dijo verdades que perfectamente podrían aplicarse a lo que está pasando en Colombia. Planteó una nueva realidad en la prensa. “La verdad no es un proceso de descubrimiento colectivo, sino una ortodoxia ya conocida por unos pocos ilustrados cuyo trabajo es informar a todos los demás”, escribió. Ella se refirió a algo mucho más grave: “Twitter se ha convertido en su editor definitivo”, haciendo referencia a The New York Times. Lo mismo ocurre en Colombia y por eso, en la dictadura de la opinión, el micromundo de Twitter, la red social de menor alcance entre los ciudadanos, es la plataforma perfecta para validar esa supuesta verdad.

La mujer describió en su carta, dolorosamente, cómo era acosada por sus propios colegas, que la llamaban “nazi y racista”. Esto sin contar cuántos de sus compañeros pidieron que la sacaran del periódico porque no toleraban sus opiniones.

En el Reino Unido también sorprendió la renuncia del reconocido periodista Piers Morgan a su programa de televisión Good Morning Britain, el de mayor audiencia en esa nación, luego de unas críticas que le hizo a Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, por su famosa entrevista con Oprah Winfrey, en la que cuestionaba a la corona. Por lo menos 40.000 quejas llevaron a Morgan a presentar su dimisión.

La dictadura de la opinión logra algo devastador en una democracia y es el silenciamiento de quienes piensan diferente. Antes de ser apedreados en las redes sociales, es mejor callar. Antes que publicar algo políticamente no correcto, es mejor guardar silencio. A veces la dictadura de la opinión se comporta como una secta en la que hay “adoradores y seres supremos infalibles”.

Los colombianos se cansaron de no ser interpretados y no ser informados sin sesgos y sin recibir una imposición de cada “verdad” que se les cuenta. Eso explica en parte la baja favorabilidad de los medios de comunicación. En todas las encuestas, la imagen desfavorable de la prensa llega a casi el 60 por ciento y solo una tercera parte le cree. Esto lo que demuestra es que Twitter es un micromundo y que el país real es otro. Ese al que quieren someter a la dictadura de la opinión. A esa que apela a la cultura de la cancelación, que significa sencillamente callar a todo aquel que vaya en contra de lo políticamente correcto o lo supuestamente aceptado.Este fenómeno se evidenció, por ejemplo, en el proceso de paz con las Farc. En ese entonces, se creó y diseñó una maquinaria mediática de propaganda para influir en los colombianos y persuadirlos sobre las supuestas bondades de lo acordado. En un segundo plano quedaron las reservas que había sobre la efectiva reparación a las víctimas y la impunidad que vendría para los cabecillas de esa organización. Para tratar de lograr ese propósito, se usaron herramientas como encuestas, foros, viajes internacionales y se gastaron miles de millones de pesos en una estrategia publicitaria oficial sin precedentes. De cara al plebiscito, supuestamente, una inmensa mayoría de los ciudadanos refrendaría indefectiblemente el acuerdo. Esa era la retórica y la narrativa que se promulgaba y trataba de imponer.

A pesar de ello, los colombianos votaron a conciencia y una mayoría rechazó el acuerdo de paz en los términos acordados por el Gobierno de turno. En procesos similares, como el bréxit, el entonces primer ministro británico David Cameron renunció para que las instituciones respetaran la voluntad popular. Fue tal el engaño a los colombianos que, a pesar de haberse prometido que se respetaría la decisión de los votantes, se decidió imponer lo acordado en La Habana mediante unos mecanismos muy cuestionados en el Congreso, como el famoso fast track y una falsa negociación con la oposición. La mayoría de los periodistas se alineó y no defendió el resultado en las urnas. Lo que quedó en evidencia fue que mientras la mayoría de medios y activistas difundieron y apoyaron públicamente el Sí, con todos sus excesos, la gente dijo No.

Durante las violentas jornadas de paro, la dictadura de la opinión se encargó de invisibilizar los ataques contra miembros de la fuerza pública y se escandalizó cuando detuvieron a los integrantes de la primera línea que se vieron envueltos en homicidios, torturas y vandalismo. Hasta hoy, nadie ha podido explicar por qué, para ellos, la vida de un uniformado vale menos que la de un delincuente.

La dictadura de la opinión vive también de la interferencia en los procesos judiciales, creando un clima para tratar de incidir en las decisiones de los jueces, mientras amedrentan, amenazan y arrinconan a sus víctimas. De esta manera, han logrado un estatus y un posicionamiento. Algunos les temen.

Llegó la hora de dar este debate en Colombia. En una democracia, nadie puede imponer de manera absoluta sus opiniones. En el caso de Putumayo, si un militar cometió un exceso, que responda ante la justicia. Pero resulta inaceptable pretender posicionar a la brava la dictadura de la opinión y la cultura de la cancelación, buscando uniformar las opiniones, silenciar otras voces y las demás caras de la moneda de la compleja realidad del país. Los colombianos están avisados.