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Élmer Montaña. | Foto: Archivo particular

ENTREVISTA

“La Fiscalía se debe depurar”

Élmer Montaña, director ejecutivo de la fundación Defensa de Inocentes, creada por el exdiputado Sigifredo López, hizo un descarnado balance del problema de los falsos testigos en la justicia colombiana.

28 de enero de 2015

En el rosario de males que aquejan a la justicia colombiana, existe uno que se propaga como un virus: falsos testigos.

Ese mal es mencionado en cuanto lío judicial aparecen reconocidas figuras de la política nacional, y nada menos que esta semana el problema ‘viral’ estuvo en la portada de los medios tras el juicio por parapolítica que se le adelanta al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

El tema de los falsos testigos alcanzó su mayor visibilidad con el emblemático caso del exdiputado Sigifredo López, capturado y señalado por su presunta participación en el secuestro y la muerte de sus compañeros, los 11 asambleístas del Valle.

Semanas después del escándalo ocurrido en mayo del 2012, el propio fiscal general, Eduardo Montealegre, reconoció que todo fue un error basado en falsos testimonios y debió ofrecer excusas públicas al exdiputado. Esa entidad enfrenta hoy una multimillonaria demanda.

Tras esa amarga experiencia, Sigifredo decidió, junto a sus abogados, crear la fundación Defensa de Inocentes, con el único propósito de ayudar jurídicamente a aquellas personas víctimas de los falsos testigos.

Hoy la entidad es dirigida por el abogado y exfiscal caleño Élmer Montaña, quien no dudó en denunciar que dentro de la Fiscalía existe un ”carrusel de falsos testigos” y que esa entidad requiere con urgencia una “depuración”.

Semana.com dialogó con el abogado Montaña dsobre los logros de la fundación, los falsos testigos, los funcionarios de la Fiscalía salpicados, sus polémicos clientes y cómo los escogen.

Semana.com: ¿Qué sabe de la investigación en torno al ‘Carrusel de falso testigos’ que ustedes denunciaron?

Élmer Montaña: Yo creo que aquí a la Fiscalía le falta dar el paso siguiente y definitivo para la depuración de este cáncer. Si bien están judicializando a los testigos que declararon falsamente en los procesos, no se está haciendo nada en relación con los funcionarios como Policía judicial y fiscales que, a sabiendas de que estas personas mentían, los utilizaban en los casos.

Semana.com: ¿Tiene nombres concretos?

E. M.: Sí, tenemos el caso de participación indebida de fiscales delegados ante la Corte Suprema, como el caso de la doctora Martha Lucía Zamora. Hay una declaración de una funcionaria del CTI donde señala que ella manipuló a su antojo ese proceso (caso Sigifredo). Está plenamente definido que esos falsos testigos declararon durante el tiempo que ella dirigió esa investigación contra Sigifredo López.

Semana.com: Pero en ese caso hubo resultados.

E. M.:
El premio de consolación que le han dado a Sigifredo es la judicialización de los diferentes testigos que declararon y eso está bien, pero los funcionarios e investigadores siguen gozando de sus cargos dentro de la propia Fiscalía y la Alcaldía de Bogotá.

Semana.com: Y más allá del caso Sigifredo, ¿qué otros falsos testigos han sido enjuiciados?

E. M.: Ninguno, pese a que hemos hecho señalamientos en otros casos y no hay intervención, como por ejemplo el caso del coronel Montezuma. Salvo en el caso de la exsenadora Dilian Francisca Toro, donde se ha avanzado en la acusación contra Armando Lugo, alias el 'Cabezón’, por el falso testimonio que rindió contra ella.

Semana.com: Para ustedes el problema sigue siendo de falsos testigos.

E. M.: La Fiscalía debe entender que si no se depura, hace una buena selección de fiscales honestos y comprometidos con la verdad y la justicia, seguiremos presenciando este fenómeno de falsos testigos.

Semana.com: ¿A qué otros políticos defienden?

E. M.: Estamos en preparativos de la defensa del senador César Tulio Lizcano por unos señalamientos que le han hecho. Y la defensa del policía Buenaventura Orobio, señalado de participar en el atentado criminal de la isla Gorgona, pero estamos muy preocupados porque el investigador de campo de la Policía judicial el 7 de diciembre lo hizo sacar del lugar donde estaba recluido para hacerle una entrevista larguísima, donde lo presionó para que se declarara culpable, sin presencia de abogado. No sabemos cuál era el fin real de esa entrevista, más allá de amedrentarlo.

Semana.com: ¿Siente que nadan contra la corriente en los casos que asumen?

E. M.: Tenemos una filosofía y es que si encontramos que hay razones suficientes para que se pueda demostrar la existencia de falsos testigos, asumimos la defensa de cualquier persona, ya que todos tenemos el derecho a un justo proceso y a que nos podamos defender.

Semana.com: Ustedes tienen fama de defender a personajes polémicos.

E. M.: En este momento estamos en la defensa del señor Alfonso Hilsaca, de Cartagena, a quien le hicieron una propaganda espantosa tras su captura en noviembre del año pasado y cuando fue dejado en libertad tuvo que soportar los comentarios desobligantes del vicefisca,l que puso en duda la decisión del juez que revocó la medida de aseguramiento. Pero lo que no sabe la opinión pública es que Hilsaca fue privado de la libertad con el testimonio disparatado de dos paramilitares, que luego se estableció que habían mentido en todo.

Semana.com: ¿Con la misma facilidad que un falso testigo miente para acusar, lo puede hacer para exculpar?

E. M.: Cuando un testigo cambia de parecer, se convierte en un falso testigo. Eso es lo que nosotros estamos viendo en el sistema, que es muy leve en la sanción misma contra el falso testimonio. En Colombia no hay un reproche desde el punto de vista penal, que les permita a estas personas pensarlo dos veces antes de ir a rendir un testimonio contra un inocente o de cambiarlo. Las penas terminan convertidas en un chiste y si aceptan cargos recuperan la libertad.

Semana.com: ¿Y no temen que verdaderos delincuentes terminen amparados por la fundación, con la excusa de falsos testigos?

E. M.: Por supuesto que nos hemos topado con montajes, pero la fundación ha sido muy seria en la selección de los casos y la dirección ejecutiva es la encargada de hacer el análisis. Hemos tenido casos en los que la persona quiere plantearnos la existencia de falsos testigos en su proceso y lo que vemos es que se trata de manipulaciones y obviamente, la fundación no se presta para ese tipo de asuntos.

Semana.com: Además del caso Sigifredo, ¿qué resultados hay para mostrar?

E. M.: Nosotros arrancamos con el pie derecho: el mismo caso de Sigifredo, que es donde surge la idea de la fundación. Y luego el de Yidis Medina respecto a la condena por el delito de secuestro que le impartió un juez de Bucaramanga. Luego el Tribunal revocó esa sentencia de 38 años de prisión.

Semana.com: ¿Y qué otros casos de impacto nacional han ganado?

E. M.: Tuvimos el caso de José Crisanto Gómez, el campesino que tuvo en sus manos al hijo de Clara Rojas y fue condenado y ratificado en segunda instancia, pero en la casación la Corte Suprema de Justicia lo absolvió. Ese caso realmente era absurdo porque criminalizaron a una persona por el hecho de haberle dado asistencia humanitaria a un niño que, de no ser atendido por José Crisanto, quizás habría muerto.

Semana.com: ¿Algún ejemplo con miembros de la fuerza pública?

E. M.: Carlos Ramos, un policía de la ciudad de Montería sindicado de haber participado en el atentado contra el ex ministro Fernando Londoño. Ese caso le fue precluido y seguidamente le apareció una sindicación de unos paramilitares de haber desaparecido y asesinado a quien fue la mamá de una de sus hijas. Por fortuna le demostramos a la Fiscalía que esos paramilitares habían mentido y el caso precluyó.

Semana.com: ¿A quiénes defienden ahora?

E. M.: Estamos al frente del caso del coronel William Alberto Montezuma López, sindicado por cinco paramilitares y un ex guerrillero de haber cometido crímenes atroces como las muertes de tres personas en Cúcuta y la desaparición de un patrullero de la ciudad. Lo paradójico de este proceso es que esos seis testigos ya fueron acusados por la misma Fiscalía por el delito de falso testimonio en relación con el mismo caso del coronel Montezuma.

Semana.com: ¿Cuándo nació la fundación?

E. M.: La fundación comenzó a funcionar desde agosto del 2012 luego del escándalo judicial en torno al proceso que se montó contra Sigifredo López, basado en falsos testigos.

Semana.com: ¿Y qué tanto ha evolucionado o cambiado?

E. M.: En cuanto a integrantes, hemos cambiado en la medida que se han sumado voluntades en otras ciudades. Tenemos abogados asociados en Bogotá, Medellín, Cúcuta, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, Popayán; y eso nos ha permitido tener un conocimiento mucho más amplio de la situación que se viene presentando en relación con personas injustamente privadas de la libertad, especialmente como consecuencia de falsos testigos.

Semana.com: ¿Sigue intacta la filosofía con la que nació esta fundación?

E. M.: Yo creo que nos hemos mantenido en la misma línea. Esta es una fundación que trabaja fundamentalmente por el fortalecimiento del sistema judicial colombiano, un sistema democrático, garantista. Es una fundación que propende por la defensa de los Derechos Humanos y los derechos fundamentales de las personas y que muy especialmente está trabajando en el tema de víctimas de falsos testigos.

Semana.com: ¿Existe algún rasero o preferencia para asumir la defensa de una persona?

E. M.: No, hacemos esa selección basándonos en aspectos jurídicos y que sea víctima de falsos testigos, sin importar su origen político, filosófico, religioso o su condición social. Eso nos ha permitido tener en nuestra fundación a miembros de la Policía, el Ejército, personas señaladas de pertenecer a la guerrilla o delitos comunes.

Semana.com: Es decir: ¿figuras públicas?

E. M.: Lo que quiero decir es que no hay en la fundación un perfil ideológico–político de las personas que vamos a defender; basta que se trate de un posible caso de falso testigo y que haya sido privada de la libertad, para nosotros asumir su defensa.

Semana.com: ¿Cuántos abogados de planta tiene la fundación?

E. M.: En Cali somos cinco abogados, un número muy reducido porque lamentablemente la fundación no cuenta con ningún apoyo o financiación de ninguna especie y entonces es difícil sumar abogados que por amor a la causa asuman casos que de pronto no representan un ingreso importante en materia de honorarios. Pero de todas maneras sí tenemos abogados que nos vienen colaborando en las defensas.

Semana.com: Pero, ¿deben existir muchas organizaciones dispuestas a colaborar?

E. M.: Si, pero lamentablemente algunas que nos han ofrecido están condicionadas a que tenemos que defender a personas de determinada orientación política o ideológica y la fundación no se quiere matricular en ningún bando. Nosotros creemos que la justicia no tiene color político, eso tiene su costo y en este caso equivale a no tener para pagar una planta buena de abogados.

Semana.com: Entonces ¿de qué vive la fundación?

E. M.: Tenemos por criterio que cuando una persona está en capacidad de pagar los honorarios, se le cobra; y buscamos que ese dinero sirva para financiar a aquellas personas que no tienen con qué cubrir los honorarios de un abogado. Hay que tener en cuenta que una buena defensa hace imprescindible los servicios de investigadores de campo, que también tienen un costo.