La historia del juez que fue capturado por exigir 600 millones de pesos a un abogado para “ayudar” en un proceso de extinción de dominio

Sin reparo, ni filtro, el juez Juan Carlos Campo, de extinción de dominio en Bucaramanga, le pidió a un abogado 600 millones de pesos por “ayudarlo” en un proceso que se adelanta contra un cliente del defensor. Así lo señaló la Fiscalía luego de imputar cargos al juez y pedir una medida de aseguramiento. Esta es la historia del juez que se convirtió en imputado.

La historia arrancó hace un mes, cuando un proceso de extinción de dominio terminó en el despacho del juez Campo. El representante de la justicia no perdió tiempo y llamó, desde su propio teléfono, al abogado para pedirle una reunión donde concretaría la forma de “ayudarle”. La Fiscalía explicó en detalle cómo se construyó esta escena corrupta.

La cita se cumplió y el abogado quedó sentado con la oferta. Una cifra redonda de efectivo y los problemas legales, con los bienes incautados de su cliente, terminarían. 600 millones de pesos se incluyeron en un falso acuerdo que el abogado informó a la Fiscalía. De inmediato se alertó a los investigadores de la Dirección Contra Corrupción y dispusieron de un plan para sorprender al juez con las manos en el soborno.

El abogado que denunció el caso es Rodrigo Parada, conocido jurista que recaudó la evidencia para demostrar cómo el juez se encargó de contactarlo, llamarlo de manera insistente y lanzarle la oferta económica a cambio de manipular el aparato de justicia, en favor de su cliente.

“Yo nunca le confirmo nada y le digo que voy a hablar con mi cliente que nos vemos después y a partir de allí empieza a llamar y a llamar y esto está absolutamente grabado, hay información que no se presentó en la audiencia porque estaba pendiente de hacerse un control posterior, hay más grabaciones que no se revelaron”, dijo el abogado Parada.

Después de la denuncia llegó el plan para capturarlo. Los investigadores, como si se tratara de un peligroso extorsionista, no de un juez, coordinaron una entrega controlada. El juez acordó el sitio y el abogado llegó, desde lejos la Fiscalía vigilaba. Recibió un paquete con efectivo y luego los investigadores capturaron al juez.

“La investigación evidenció que el procesado, al parecer, sostuvo varias conversaciones telefónicas, y al menos dos reuniones presenciales con un abogado, y una con un ciudadano contra quien se adelanta un proceso de extinción del derecho de dominio”, dijo la Fiscalía luego de las audiencias preliminares.

El operativo quedó en video y el juez tenía en su poder 50 millones de pesos como adelanto del soborno. No tenía cómo demostrar que el dinero en efectivo en sus manos era un préstamo, el pago de una deuda o un premio de lotería. Era un soborno y las llamadas anteriores, los mensajes que redactó, se convirtieron en la prueba en su contra.

“El material probatorio da cuenta que, al parecer, se había pactado el pago del 50 por ciento de la cantidad exigida al radicar la mencionada petición, y el saldo al emitir el fallo que los favorecería. Además, se debía pagar un adelanto de 50 millones de pesos. Justamente ese último monto de dinero coincide con la cantidad que tenía en su poder el juez al momento de su captura”, explicó el ente acusador.

Aun con la evidencia, las pruebas que incluyeron audios, conversaciones y videos, el juez que legalizó la captura de su colega, decidió que podía estar en su casa, le concedió el benefició de la detención domiciliaria, algo que resultó un tanto desmotivador para los denunciantes que esperaban mayor contundencia de la justicia con quienes se encargan de desprestigiarla.