SEMANA conoció varias denuncias públicas sobre la mafia que habría detrás de la compra de un arma de fuego legal de Indumil.
Coroneles retirados, civiles y personas que trabajan en el sector de la seguridad le indicaron a SEMANA que, presuntamente, la mala gestión que hay en el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares está llevando a que los ciudadanos acudan a tramitadores para gestionar la expedición de salvoconductos y la compra de armas de fuego de Indumil.
“Detrás de eso hay una mafia tremenda de militares activos y funcionarios que impiden que la plataforma habilitada para gestionar la compra de armas funcione correctamente, obligando a las personas a acudir a los tramitadores”, le dijo a SEMANA un coronel retirado del Ejército.
El oficial señaló que esa problemática no es nueva, pero que, tras la decisión del Gobierno de habilitar nuevamente el porte de armas de fuego, los tramitadores están haciendo su festín.
De acuerdo con el oficial retirado, el DCCAE habilita por cortos periodos la plataforma para que los interesados puedan iniciar el trámite de compra de armas de fuego.
Dijo que los cupos que asignan las Fuerzas Militares para la adquisición de las armas de fuego o permisos son para los recomendados de los tramitadores, que tienen ya sus contactos con los militares presuntamente corruptos.
Aunque las fuentes aseguran que el trámite es sencillo y gratuito, desde adentro del Centro de Control de Armas de las Fuerzas Militares ponen trabas, llevando a que las personas terminen buscando a los tramitadores.
El proceso consiste en que Indumil informa al DCCAE cuántos elementos tiene disponibles para la venta.
El DCCAE debe abrir la convocatoria para los interesados, pero según las fuentes militares, la plataforma solo permite llegar hasta un punto y no se puede avanzar, impidiendo que se realice la compra de manera normal.
La denuncia también fue corroborada por el mayor retirado del Ejército, Jorge Castillo, quien aseguró que efectivamente hay una mafia dentro de la institución militar en el Departamento de Control de Armas.
“Son unas mafias que llevan manejando el tema de la compra de armas; hay una mafia desde afuera que le llaman los tramitadores, que cobran por trámites gratis, pero que tienen conexión dentro de la entidad en Bogotá y las regionales”, explicó Castillo.
Según el mayor, la labor del tramitador con sus contactos dentro del Departamento de Control de Armas consiste en agilizar que a sus clientes les carguen las armas de fuego en sus usuarios para que las puedan comprar.
#ArmasDeFuego El trámite ante el DCCA para obtener un arma se ha convertido en un negocio sucio de corrupción descarada. Antes de que se genere el pago autorizado, en la inmensa mayoría de los casos hay que pagar entre 10 y 26 millones de pesos en coimas a tramitadores y… pic.twitter.com/cgE2KbsQYt
— Jorge Castillo (@JorgeECastilloL) October 12, 2026
“Un trámite puede llegar a costar hasta 30 millones de pesos. Los trámites quedan a la mitad siempre y por eso las personas deben acudir a los tramitadores. El DCCAE lo que hace es que carga la disponibilidad a una plataforma, el usuario la escoge, se carga en el perfil del usuario y de ahí se supone que ya se puede hacer la compra; sin embargo, ese cargue del arma dentro de la plataforma, ahí es donde está la corrupción”, dijo el mayor Castillo.
Así mismo, indicó que, tras las graves denuncias, el Gobierno habría ordenado realizar una auditoría interna para establecer qué está pasando con la posible mafia de la que harían parte militares activos y los tramitadores.