LA ULTIMA CARTA

Dura más un merengue en la puerta de una escuela que un secreto sobre acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Así quedó demostrado el martes de la semana pasada cuando el periódico ABC de Madrid, España, soltó la 'chiva' del preacuerdo de paz que había sido firmado, un mes y medio atrás, entre delegados del gobierno de Ernesto Samper y voceros del ELN. Pero, más que la filtración, lo que llamó verdaderamente la atención fue el hecho de que por primera vez en los últimos 40 años de confrontación armada los elenos que han sido considerados los más radicales hayan decidido dar las primeras señales hacia un proceso de paz.
Hace dos años se iniciaron los contactos con el gobierno alemán para que por intermedio de los esposos Mauss se explorara la posibilidad de que el ELN se sentara en una mesa de negociaciones. Pero cuando las conversaciones estaban adelantadas y se vislumbraba un compromiso del grupo subversivo en un cese al fuego, los esposos Mauss fueron detenidos en Medellín acusados de secuestro y el proceso de paz se fue a pique. El gobierno, avergonzado porque su negociador estrella fuera capturado como intermediario en secuestros, decidió pasar agachado y no fue sino hasta hace pocas semanas que se supo la verdad.
Encuentro en Madrid
Pero ¿cómo se pasó de Alemania a España en los contactos del gobierno de Samper y el ELN? Esa es la pregunta que hoy se hacen los colombianos. Sin duda alguna en este acercamiento jugaron un papel muy importante Francisco Galán y Felipe Torres, dirigentes del ELN detenidos en la cárcel de Itagüí. Ellos se encargaron de tender un puente entre el cura Manuel Pérez y altos funcionarios de la embajada española en Bogotá. Los primeros acercamientos se llevaron a cabo en octubre del año pasado. Milton Hernández, vocero del ELN y muy cercano a los afectos del cura Pérez, fue la persona que desde un comienzo estuvo al frente de las conversaciones con los españoles.
Entre el 15 y el 20 de enero pasado las partes consideraron dos puntos de vital importancia para el éxito del eventual proceso. En primer lugar, estuvieron de acuerdo con que los diálogos deberían llevarse a cabo con representantes del gobierno de Samper. Y en segundo término, que esas conversaciones deberían realizarse en un país distinto a Colombia. Fue así como José Noé Ríos y Daniel García-Peña, los negociadores de paz del gobierno, conocieron de las intenciones del ELN. Igualmente, las dos ciudades escogidas desde un principio para adelantar los diálogos fueron La Habana y Madrid. Al final se inclinaron por la capital española porque la embajada de ese país consideró que allá se brindaban las garantías de seguridad y discreción que requería el tema. Además el cura Pérez insistió en España por la sencilla razón de que guarda muy gratos recuerdos de su país de origen.
Las reuniones
Con el plan en marcha, el primero de febrero viajaron a Madrid Milton Hernández y Juan Vásquez en calidad de delegados del ELN. En la capital española los guerrilleros se reunieron con los delegados del gobierno, encabezados por Ríos y García-Peña. El primer encuentro tuvo lugar el 5 de febrero, a las 10 de la mañana, en el palacio de Viana, residencia del ministro de Relaciones Exteriores de España, donde estuvieron sentados en la mesa de negociaciones únicamente los dos guerrilleros del ELN y los dos representantes del gobierno de Ernesto Samper.
Esa primera reunión estuvo destinada a intercambio de opiniones generales del proceso paz. También se dejó en claro la voluntad política que tenían las partes para sacar adelante el proyecto. Los guerrilleros hicieron entrega de un documento de 80 páginas que contenía los planteamientos políticos de esa organización recopilados durante los últimos tres años.
A lo largo de los siguientes cinco días se analizaron una serie de temas, entre ellos la realización de una convención nacional antes de la segunda vuelta, la importancia de una mediación internacional para garantizar el éxito de los diálogos y la celebración de una Asamblea Nacional Constituyente como culminación de todo el proceso de negociación encaminado a la firma de la paz por parte del ELN.
En medio del tire y afloje entre los representantes del gobierno y del ELN, el presidente Samper aterrizó en Madrid el 6 de febrero después de haber realizado una visita oficial al Vaticano. El Presidente nunca se reunió con los subversivos pero Ríos y García-Peña lo mantuvieron al tanto de las negociaciones. Ese mismo día llegaron a la capital española el ex canciller Augusto Ramírez Ocampo y la directora de El Colombiano, Ana Mercedes Gómez, miembros de la Comisión Nacional de Conciliación, quienes de inmediato fueron puestos al tanto del desarrollo de las conversaciones.
Al medio día del lunes 9 de febrero las partes firmaron el preacuerdo que sentaba las bases de una futura negociación de paz entre el gobierno y el ELN. Los testigos de ese compromiso fueron el secretario de Estado de Cooperación internacional de España, Fernando Villalonga, y el director general de política exterior para Iberoamérica, Eduardo Gutiérrez Sáenz de Burruaga. Se acordó un pacto de caballeros en el que se comprometieron el gobierno y los elenos a mantener en secreto los términos del acuerdo. También se determinó que este solo sería dado a conocer entre el 5 y el 7 de junio, cuando se hicieran públicos los resultados de una reunión preparatoria para la celebración de la Convención Nacional por la Paz, en la que participarían representantes de las fuerzas políticas, económicas y sociales del país.
Pero con la filtración del documento el martes de la semana pasada el pacto se rompió y el preacuerdo firmado con el ELN sufrió un duro golpe. En medio del debate electoral hubo quienes afirmaron que la negociación con la subversión obedecía más a una estrategia política del gobierno encaminada a favorecer la campaña presidencial de Serpa que a una verdadera voluntad de paz. El impase se superó cuando tanto Serpa como Andrés Pastrana apoyaron públicamente el proceso y coincidieron en afirmar que las negociaciones con el ELN deberían aplazarse para después de las elecciones presidenciales.
Superado este escollo, trascendió que en el interior de la Comisión de Conciliación Nacional había inquietud porque la mayor parte de sus miembros no conoció la negociación secreta que terminó con la firma del documento del palacio de Viana. El descontento de varios de los miembros de la Comisión quedó plasmado en un documento escrito en el que se critica abiertamente la posición de algunos de sus miembros por haber evitado llevar el tema del ELN al seno de la Comisión para su estudio y evaluación. "El acta de acuerdo se suscribió sin el conocimiento y consentimiento de la Comisión Nacional de Conciliación. Ello implica que la Comisión no es parte del acuerdo", dice uno de los apartes del documento.

Lo que sigue
De todo lo anterior se puede llegar a algunas conclusiones. En primer lugar, que parece ser que el ELN por primera vez ha mostrado una voluntad de llegar a algún acuerdo. En el pasado ese movimiento había sido el más radical frente a negociaciones de paz mientras que las Farc dejaban más puertas abiertas. Ahora la situación se invirtió. Las Farc parecen haberse radicalizado y el ELN parece haberse flexibilizado.
Es difícil entender este viraje y siempre es posible encontrar motivaciones oportunistas. Es evidente que el ELN quiere obtener la liberación de sus dos negociadores, Francisco Galán y Felipe Torres, quienes están condenados a más de 25 años de prisión. De llegarse a un proceso de paz en firme ellos tendrían que jugar un papel protagónico fuera de la cárcel de Itagüí.
Por otro lado, dos de las condiciones que están planteando los guerrilleros no son fáciles de cumplir. La primera es la financiación de una eventual desmovilización. El comando central del ELN (Coce) le había transmitido al gobierno de Alemania que para la firma de un cese al fuego se requieren 200 millones de dólares anuales que, según ellos, es el costo de sostenimiento en la actualidad de los hombres en el monte. Hoy esos recursos provienen principalmente del secuestro y de la extorsión de multinacionales. El argumento del grupo subversivo es que todo proceso de paz tiene un costo de acoplamiento a la vida civil y que para que este sea exitoso se tiene que contar con los recursos económicos para poderlo financiar.
Además de esto hay un ingrediente adicional de desconfianza por parte del ELN. La experiencia de la UP y del EPL ha demostrado que existe una posibilidad de retaliación o exterminio de una organización guerrillera en un proceso de reinserción. Esto ha llevado al ELN a pedir una autonomía financiera durante el año de transición invocando, entre otros, el argumento de la seguridad de sus miembros. El gran interrogante es quién va a sufragar esos 200 millones de dólares. Se afirma que el gobierno alemán está dispuesto a meterle el hombro a la causa. El Estado colombiano tendría que hacer lo propio. La verdad es que en materia de paz cualquier inversión es razonable frente a los beneficios de los resultados.

Futuro incierto
De todos los obstáculos, el financiero parece ser el más manejable. De ahí en adelante las cosas se complican bastante. Históricamente el eje ideológico de esa organización subversiva ha sido la política petrolera. La voladura permanente de oleoductos ha sido el símbolo de esa causa. Cualquier negociación con el ELN debería tener como punto de partida ese tema. Sin embargo la posición del cura Pérez frente a la política petrolera es exactamente la contraria a la que requiere el país para salir adelante. Las multinacionales se están yendo a otros países por considerar que las condiciones de explotación en Colombia no son favorables y que no ofrecen garantías. La prioridad del gobierno en este momento es convencerlas de que no se vayan o de que vuelvan. El ELN, por su parte, tiene una visión nacionalista a ultranza de la política petrolera. Su prioridad no es ni el desarrollo ni la creación de infraestructura sino la recuperación de la soberanía del mismo.
El concepto de soberanía en explotación petrolífera es una utopía en el mundo contemporáneo. El país no tiene ni la tecnología, ni el capital, ni la capacidad para hacerlo solo. La posición del ELN es totalmente anacrónica e impracticable. No es fácil, por lo tanto, ver cómo se van a volver compatibles las exigencias de las compañías petroleras para trabajar en Colombia con las del cura Pérez para que se vayan.
Por último queda un escollo tal vez más difícil de superar. El preacuerdo a que se llegó entre el gobierno y el ELN incluye la convocatoria de una convención nacional popular. Esta figura en la práctica es la antesala de una Asamblea Constituyente. La posibilidad de cambiar la Constitución a los siete años de expedida la de 1991 de por sí despierta reservas. Sin embargo este es otro costo que la gente considera que podría llegar a ser asumido en aras de la paz. Lo que sí no es viable es que a cambio de cada desmovilización guerrillera se elabore una nueva Constitución. Se suponía que la de Gaviria ya había cumplido en parte con ese propósito, pues logró incorporar al M-19, al EPL y al PRT. Ahora resulta que el ELN también quiere su propia constitución.

¿Y las Farc?
Si de casualidad llega a fructificar el proceso de paz con el ELN y se cambia la Constitución es previsible que las Farc no van a jugar un papel secundario, limitándose a apoyarla. Por el contrario, van a tratar de sabotearla para que quede claro que si el sistema quiere paz tienen que contar es con ellos. No es imposible que la escalada subversiva de las últimas semanas tenga como objeto enviar este mensaje. Y si de casualidad, a pesar de esta zancadilla, se logra seguir adelante y enmendar la Constitución, es seguro que si algún día las Farc llegan a la mesa de negociación lo primero que van a pedir es derogarla. Esto ya no sería serio y sería torpe llegar a ese punto.
Lo anterior significa que tiene sentido seguir en las etapas preliminares del preacuerdo de Viana, pero no tiene sentido llegar al tema de la Asamblea Constituyente mientras las Farc no estén involucradas en el proceso. Esto no se ha producido aún y sería irresponsable seguir adelante sin este elemento solamente para que el gobierno tenga algo que mostrar en materia de paz antes del 7 de agosto.