Los baldíos y el posconflicto llanero

Pasó el debate sobre los baldíos de la altillanura. A pesar de la expectativa, el senador Jorge Enrique Robledo no agregó nada nuevo. Sin embargo, como senador de la oposición, definitivamente le fue bien. Su oratoria fue clara y contundente, y los que le hicieron contrapeso fueron el ministro del Interior, Fernando Carrillo, y el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien se robó el show rompiendo un certificado de registro de propiedad para defender la juridicidad de algunas de las tesis que Robledo atacaba.

Robledo centró el debate en Riopaila, Cargill, Brigard &  Urrutia y el exembajador en Washington, Carlos Urrutia. Esto, sin duda, le dio grandes dividendos políticos pues le vendió al país la idea de que se trataba de unos pocos ricos que violaron la ley para despojar a humildes campesinos y constituir enormes latifundios con la asesoría jurídica de la firma del embajador de Colombia en Estados Unidos, quien era amigo del presidente. 

La configuración de esa imagen desvió el debate del problema de fondo, que es el que se debe enfrentar ahora. La realidad es la siguiente. Dada la falta de claridad que había sobre la legislación de la altillanura, 622.000 predios, y no una docena como se hizo creer en el debate, están compuestos por extensiones superiores a la Unidad Agrícola Familiar (UAF), que según Robledo es la única interpretación jurídica posible. 

Por lo tanto, cualquier solución que se le pretenda dar a los casos de Riopaila, de Cargill y de otros grandes latifundistas tendría que aplicarse también a los otros 600.000 y pico, que si bien no son propietarios de extensiones comparables, sí se encuentran en situaciones jurídicas similares. 

La otra realidad es que la solución de la altillanura no es la agricultura campesina, sino la agroindustria. Durante el reciente debate, todo el mundo repitió una y otra vez que en esas extensiones caben las dos modalidades. Eso puede ser verdad, pero como afirmó el gobernador de Vichada, Andrés Espinosa, el desarrollo de la región solo será posible si llegan los capitales privados.

Eso también lo pensaban los últimos gobiernos, los cuales eran conscientes de esas inversiones agroindustriales, que en ese momento eran consideradas convenientes. La tierra en la altillanura es muy mala y no es apta para el agro. El nivel de acidez es tan elevado que se requieren cuantiosas inversiones para volverla fértil. Ese problema no se podía solucionar si se le daba una interpretación restrictiva a la Ley 160 de 1994, pues la explotación de una sola UAF no podía ser rentable. 

Como toda ley tiene más de una interpretación, se buscaron fórmulas jurídicas para responder a esas realidades económicas. Hasta Ecopetrol, que es una empresa del Estado, consideró legal montar un macroproyecto en la zona. Para que no quedaran dudas, los gobiernos se comprometieron a darle claridad jurídica al asunto, pero finalmente no pudieron cumplir. 

A Carlos Urrutia lo convirtieron en el pararrayos de todo ese episodio para que la acusación tuviera algún gancho político. Como se trataba de negocios entre particulares que estaban arriesgando su propio capital, se requería algún nexo con el gobierno para que el escándalo despegara. Robledo lo encontró en la coincidencia de que el embajador en Washington había sido socio de la firma asesora que llevaba su nombre. 

Esto produjo la inusual situación de que un debate de baldíos que tenía múltiples protagonistas –desde los compradores de las tierras, los habitantes de la región y hasta el gobierno– se centró en un concepto jurídico, en una firma de abogados y en uno de sus socios. 

Un concepto jurídico no es más que una opinión que se puede acoger o no. Puede ser bueno, regular o malo, pero no judicializable como se ha llegado a especular ahora. Carlos Urrutia ha sido considerado siempre uno de los abogados más respetados del país y se había perfilado como un gran embajador en Washington. Su temperamento no es el de un político aguerrido sino, paradójicamente, el de un prudente diplomático. 

En el momento en que sintió que la utilización de su nombre le podía hacer daño al gobierno o desviar el debate de fondo sobre la altillanura, prefirió hacerse a un lado. Ojalá que su retiro permita que la discusión sobre el modelo agrario que tanto necesita esa región se pueda dar sin las pasiones e intereses políticos que han primado hasta ahora.