Los corruptos gobernadores de la Costa Caribe

Dos años y medio después de haber sido elegidos, más de la mitad de los gobernadores de la costa Caribe tienen serios problemas con las autoridades.

El caso más notorio fue la captura el 12 de octubre en Barrancas y posterior destitución del gobernador de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar, mejor conocido como Kiko, cuya candidatura fue cuestionada y algunos partidos le negaron el aval, pero en su caso pudo más el carisma del pícaro con suerte. Hoy, amplios sectores en La Guajira tienen claro que nunca debió ser elegido, por la gravedad de las acusaciones de haber presuntamente participado como determinador de varios homicidios. Hoy está siendo investigado por la Justicia por estos y otros delitos.

El segundo caso más grave es el que se destapó la semana pasada que salpica al gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons. El caso tiene que ver con la muerte del director de la Oficina de Regalías de ese departamento, Jairo Zapa Pérez, quien desapareció el 27 de marzo y su cuerpo fue hallado hace 15 días en una fosa en un predio cercano a una finca de propiedad del papá del gobernador. 

Aunque las versiones han sido contradictorias, los indicios señalan que el ingeniero Zapa desapareció por los contratos que manejaba su despacho. Han sido capturadas seis personas, tres de ellas funcionarios de la oficina de regalías y el gobernador Lyons está siendo investigado ante versiones que lo involucrarían. Según reveló el columnista Daniel Coronell, el gobernador visitó a la viuda y le insistió en la necesidad de instalar cámaras dentro de su casa “para protegerla”. Pero ella no aceptó porque le dio “la impresión de que el gobernador estaba más interesado en vigilarla que en cuidarla”.

Lyons asegura que fue él quien pidió a la Fiscalía que lo investigara. Cabe recordar que Alejandro Lyons, según declaraciones dadas por el hoy ministro de Vivienda Luis Felipe Henao al Consejo de Estado, habría abogado para que Emilio Tapia, protagonista del cartel de la contratación de Bogotá, no fuera detenido en La Picota.

Por otro lado, los gobernadores de Magdalena, Luis Miguel Cotes, y de Sucre, Julio Guerra Tulena, están en ascuas. Los dos fueron suspendidos por la Procuraduría, pero ambos apelaron. 

El Mello Cotes fue sancionado con diez meses de suspensión por haber adjudicado la Vía de la Prosperidad a pesar de no contar con los recursos (430.000 millones de pesos). Como se recordará, el aporte de 200.000 millones que había prometido Invías no se hizo efectivo porque el Ministerio de Transporte detectó irregularidades en el proceso de licitación y lo detuvo.

Cotes fue cuestionado durante la campaña sobre todo por sus lazos familiares. Su papá Álvaro Cotes Vives y su tío Luis Miguel son conocidos en Santa Marta como ‘los Conejos’ y hay varias versiones sobre su cuestionable pasado y sus vínculos non sanctos. En el caso del gobernador de Sucre, Julio Guerra Tulena, primero estuvo en la cuerda floja por comprar libros para los estudiantes de escuelas y colegios para las pruebas Saber a 70.000 pesos cada uno cuando su valor en el mercado era de 7.500. La Contraloría General ordenó suspenderlo del cargo y lo condenó a pagar 828 millones de pesos por detrimento patrimonial. Pero Guerra Tulena, un hombre con una buena fortuna, pagó esa suma antes de que se hiciera efectiva la suspensión.

Pero ese no ha sido su único lío. El gobernador Guerra suspendido ocho meses por la Procuraduría por no hacer el control necesario en el proceso de licitación y posterior revocatoria del chance en el que terminó favorecido Aposucre, cuya socia mayoritaria era la polémica Enilce López, conocida como la Gata. El gerente de la empresa de apuestas había elaborado un pliego de condiciones que elegía a dedo pues solo Aposucre podía cumplirlo, ya que exigía a los licitantes acreditar 15 años de experiencia en un solo contrato.

Lo paradójico es que Guerra Tulena salió elegido gobernador cuando estaba por cumplir 80 años –y ya comenzaban sus paisanos a notarle olvidos y lagunas–, no propiamente por su carisma sino porque la necesidad de derrotar al candidato de Álvaro ‘el Gordo’ García, el parapolítico condenado a 40 años de cárcel y terminó uniendo a conservadores, liberales, La U y Polo Democrático.

El negocio del chance, cabe anotar, ha sido fuente de crisis en todos los departamentos de la región. Ha provocado la destitución de gobernadores en Sucre, Atlántico y en especial en Bolívar, de donde es oriunda Enilce López, departamento en el cual dos gobernadores han caído por haberla beneficiado en la adjudicación del negocio.

Y el poder de la Gata, a pesar de encontrarse detenida y enferma, no parece haber disminuido. El pasado 13 de marzo renunció el secretario de Educación de Bolívar, Javier Posada Meola, tras revelarse una conversación suya con el gerente liquidador de la Lotería de Bolívar y excandidato a la Alcaldía de Magangué Giovanni Meza. Este último le explica que él –Meza– tiene contratos por valor superior a 6.000 millones de pesos, que la dueña es “la madrina” y que tiene que repartir el 40 por ciento del total.

En cuanto a otro gobernador del Caribe, el de Cesar, si bien no tiene líos con los entes de control sí ha sido protagonista de  episodios cuestionables. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Gnecco inauguró el pasado 15 de agosto el Coliseo de Ferias y le puso el nombre de su padre Luis Alberto Monsalvo Ramírez a sabiendas de que la ley prohíbe bautizar obras públicas con el nombre de personas vivas. En este caso no solo se trata de una persona viva, sino de un ganadero con un hato de más de 20.000 reses y de un ‘homenaje’ de su propio hijo, el gobernador, para lo cual invirtió 5.800 millones de pesos del departamento.

¿Quién responde por todo esto? Cada caso es particular. Por ejemplo, una de las lecciones que dejó la elección de Kiko Gómez es la de la responsabilidad de los partidos políticos, en ese caso Cambio Radical, que a sabiendas de los cuestionamientos al personaje avaló su nombre y cuando quisieron revocarlo, el Consejo Electoral no lo aceptó. 

Por supuesto, la clase política de cada departamento tiene una enorme responsabilidad. Detrás de cada gobernador sancionado hay una historia de despilfarro que afecta, cada día más gravemente, la vida de las personas de esa región. Eso es evidente en obras mal construidas, incendios forestales que nadie controla, parques naturales invadidos, vías que colapsaron  o están a punto de colapsar, los apagones permanentes y la baja cobertura en acueductos y alcantarillados.

Lo más preocupante es que la destitución o suspensión de mandatarios parece estar convirtiéndose en parte del paisaje. En las dos últimas décadas 20 gobernadores de los siete departamentos de la costa Caribe elegidos popularmente, han sido destituidos e inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas. Una cifra escandalosa.