Mario Montoya y el coronel Mejía, entre expulsión, condena o absolución en la JEP. ¿Qué ocurrirá?

Mediante dos solicitudes de apertura de incidente de incumplimiento, familias de víctimas de ejecuciones extrajudiciales pretenden que la Jurisdicción Especial de Paz expulse al general Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército, y al coronel Publio Hernán Mejía, por lo que consideran “una burla y un fraude a la verdad”.

Para las víctimas, los oficiales retirados han violado el régimen de condicionalidad y deberían perder todos los beneficios adquiridos al ingresar a la JEP, debido a que no han cumplido a cabalidad con el propósito de revelar qué conllevó el asesinato de sus seres queridos a manos de la fuerza pública.

Hasta el momento van 2.711 integrantes del Ejército y la Policía que se han sometido a la JEP para espiar sus líos judiciales. Los miembros de la fuerza pública deben comparecer forzosamente. Montoya y Mejía son dos de las figuras de más relevancia dentro de ese conjunto. Ninguno de los dos ha aceptado haber cometido delito alguno.

El general fue el comandante del Ejército en los años en que se presentó el pico de los llamados falsos positivos, y estuvo al frente de arremetidas como la Operación Orion en la Comuna 13 de Medellín, donde se presentaron decenas de desaparecidos cuyo paradero sigue siendo un misterio. El oficial retirado tiene procesos penales abiertos, pero hasta ahora ninguno ha concluido.

Las familias de jóvenes ejecutados por el Ejército aseguran que el general falta gravemente a la verdad porque cuando se le preguntó si tuvo conocimiento de la existencia de esos crímenes durante su cargo al frente de la institución, el oficial dijo que no.

En la primera comparecencia de Montoya ante la JEP, el general retirado se acogió a su derecho al silencio. La diligencia se realizó a puerta cerrada y las víctimas, en su momento, calificaron la jornada como una “pérdida de tiempo” y un irrespeto a su dolor.

En el escrito de solicitud de exclusión, las víctimas aseguran que está probado que desde el año 2006 Mario Montoya había recibido denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Comité de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y hombres bajo su mando, así como por la Oficina de las Naciones Unidas. La solicitud de apertura de incidente de incumplimiento fue enviada por las víctimas este 30 de septiembre a la JEP. En el documento, las víctimas también relacionan media docena de testimonios de otros militares comparecientes y quienes en declaraciones ante la Jurisdicción de Paz han salpicado a Montoya, señalándolo con distintos grados de implicación.

“Mario Montoya Uribe, en la diligencia de versión voluntaria, contrario al deber adquirido, ha pretendido negar lo ya probado y establecido por la jurisdicción ordinaria: 1) Que no se trata de hechos aislados, sino que los mismos tienen el carácter de sistemáticos y por ende constituyen crímenes de lesa humanidad; 2) Que esos crímenes tienen el carácter de organizacionales, en donde se otorgaron estímulos y competencias para aumentar su producción; 3) Que recurrentemente ejerció presión sobre unidades menores y unidades tácticas, para efectos de evaluar las unidades y comandantes; 4) Que instruyó acciones con el propósito de resguardar el aparato organizacional que los ejecutó; 5) Que sancionó con traslados o llamamiento a calificar servicios a quienes no cedían ante las presiones del mando”, dice el recurso de 48 páginas presentado por las víctimas.

Pero el general Montoya afirma que no ha faltado a la verdad. “La solicitud de exclusión ante la JEP presentada por los apoderados de víctimas es jurídicamente improcedente y es una contradicción, ya que todo lo que ha dicho el general Montoya fue lo que sucedió. Distinto es que ellos quieran oír otra cosa, pero no se trata de lo que ellos quieran oír, sino de la verdad verdadera”, señala el abogado Andrés Garzón, defensor del general.

El jurista explica que Montoya ha entregado su versión ante la JEP acompañada de documentos que le respaldan. Entre estos, libros de minuta de las operaciones y radiocomunicaciones. Además, niega tajantemente que Montoya haya instigado, ejecutado o impartido alguna orden para realizar algún acto ilegal, “mucho menos una monstruosidad como los falsos positivos”.

Por su parte, el coronel Publio Hernán Mejía fue condenado por nexos con grupos paramilitares en primera y segunda instancia. El exmilitar es señalado de haber creado un grupo especial conocido como “Zarpazo”, al que se le adjudican 18 homicidios presentados como bajas en combate en hechos que tuvieron lugar cuando Mejía se desempeñó como jefe de inteligencia del Batallón La Popa, en Valledupar.

Según los denunciantes, el teniente coronel Mejía “ha posado como víctima de un montaje político y judicial que lo tuvo doce años detenido y del cual culpa a la revista SEMANA por la publicación de un reportaje denominado De héroe a villano, que documentó las relaciones del alto oficial con grupos paramilitares en el Cesar; al entonces ministro de la Defensa, Juan Manuel Santos, y a su viceministro Sergio Jaramillo, e incluso al fiscal de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que instruyó la investigación del Bapop, señalándola de tergiversar las pruebas en su contra”.

Mejía ha comparecido tres veces ante la JEP a rendir versión voluntaria, entre julio de 2019 y enero de 2020, pero las víctimas argumentan que lejos de contribuir al proceso de esclarecimiento de los llamados ‘falsos positivos’, el excomandante del Batallón La Popa ha insistido en “no reconocer los hechos a pesar de ser mencionados y haber sido vinculados por estas conductas”.

Hasta ahora, ni Montoya ni Mejía han admitido responsabilidad alguna. Y aunque las víctimas solicitan que ambos sean expulsados de inmediato de la JEP, esa opción no parece la más factible. Hasta el momento los magistrados solo le han impuesto tarjeta roja a una decena de comparecientes: los que se fueron con Iván Márquez y Jesús Santrich, quienes precisamente acaban de reaparecer esta semana en una foto donde se les ve luciendo armas nuevas y camuflado.

Al comienzo del proceso, cerca de 230 supuestos guerrilleros también fueron rechazados por la JEP, pero en realidad estos eran colados. Delincuentes que querían hacerse pasar por insurgentes para resolver sus líos judiciales, y que quedaron en evidencia cuando se cruzaron los listados de miembros de las FARC.

En la JEP se contempla la expulsión de un compareciente forzoso solo cuando se presenta reincidencia o una revictimización grave. Por ejemplo, que un exguerrillero nuevamente se alce en armas, o que un exmilitar conforme un grupo irregular. Cuando esas circunstancias no se presentan, lo que procede no es la expulsión, sino la etapa de juicio adversarial. En la JEP los comparecientes pueden enfrentar dos realidades: 1) Aceptar responsabilidad temprana, aportar a la verdad y a la reparación de las víctimas y así obtener penas blandas. 2) Ir a juicio, en el cual el compareciente debe enfrentarse a las evidencias que se recauden en la investigación y a los testimonios de las víctimas, así como a las acusaciones de otros implicados. Si resulta vencido, podrá recibir una condena de hasta 20 años de cárcel.

El general retirado Henry Torres Escalante, otro compareciente ante la JEP investigado por falsos positivos, inicialmente negó toda responsabilidad, es decir, parecía que iba a optar por la vía del juicio. Pero después, conforme el proceso avanzó, el alto oficial cambió de postura y decidió aceptar. Algo parecido venía ocurriendo con los líderes de las FARC en el caso por reclutamiento infantil: de la negación se pasó a la aceptación.

El general Montoya, a diferencia de aquellos, parece resuelto a tomar la ruta del juicio adversarial. “El compromiso de decir la verdad no significa que hay que admitir responsabilidad. Sabemos de militares que admiten una responsabilidad que nunca tuvieron y esa no es la verdad. El general no va a admitir ninguna responsabilidad porque no la tiene. Trataremos de demostrar que su actuación siempre fue apegada a la ley", dice el abogado Garzón. El planteamiento de este defensor implica que el general irá a juicio y que espera que la conclusión de este sea su absolución.

El reclamo de las víctimas y la respuesta de la defensa de Montoya se da cuando se están conmemorando 4 años de la firma del Acuerdo de Paz y dos de la puesta en marcha de la JEP. Precisamente el pasado sábado, la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, en una intervención con ocasión de la fecha advirtió: “Callar la verdad, pretender ocultarla, minimizarla o intentar revestirla de ilegitimidad será inútil, pues los jueces de la JEP estamos preparados para garantizar que no haya impunidad y para identificar la verdad verdadera que reclaman las víctimas. Si la niegan los comparecientes, perderán los beneficios y habrá para ellos penas privativas hasta de 20 años de cárcel”.