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Menos desarraigo

Aunque el desplazamiento forzado sigue siendo una tragedia, la política de seguridad democrática lo ha reducido a la mitad.

3 de noviembre de 2003

Este año la violencia ha desplazado a 130.000 colombianos. Es una cifra dramática y sin embargo representa casi una tercera parte de la población que se vio obligada a abandonarlo todo el año pasado.

En 2002 huyeron 376.117 personas de sus tierras, según datos de la Red de Solidaridad Social, entidad oficial encargada del tema. En el primer semestre de este año salieron 205.000, la mitad de los que se marcharon entre enero y junio del actual.

"No es para alegrarse; que haya más de 100.000 desplazados es muy grave. Pero es la cifra más baja de los últimos cuatro años", afirma Luis Alfonso Hoyos, gerente de la Red de Solidaridad Social.

¿Qué hay detrás de esta buena noticia? Lo primero es que la Fuerza Pública ha regresado a 174 municipios, donde la guerrilla o los paramilitares andaban como Pedro por su casa, amenazando y desplazando a la gente.

Su presencia en los cascos urbanos y cada vez mayor en la zona rural ha creado una sensación de seguridad y la gente ya lo piensa dos veces antes de salir corriendo. Esto es muy importante ya que sólo 5 por ciento de la gente que se desplaza lo hace por amenazas específicas contra ellos. Más de la mitad lo hace por amenazas generalizadas contra el pueblo, como lo registra el último informe de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas El conflicto, callejón con salida.

El otro factor que ha incentivado a la gente a quedarse en su terruño es un programa de seguridad alimentaria emprendido por el gobierno. La Red de Solidaridad actualmente le está entregando a 300.000 campesinos de los municipios más afectados por el conflicto semillas, gallinas, cerdos, conejos e insumos agrícolas para aliviar su pobreza, otra de las principales razones por las cuales la gente se desplaza. "La violencia los empuja pero si tienen comida muchos no se van", dice Hoyos. Explica que la meta del gobierno de Alvaro Uribe es llegar con este programa a 600.000 familias, que equivalen a casi tres millones de campesinos.

Hoyos también cree que a pesar de las dificultades y de la violencia que aún se vive la mayoría de gente confía en que las medidas del gobierno mejorarán la situación de seguridad y eso los anima a quedarse. "Mucha gente se va por miedo de que empeore la situación", dice.

Todo esto es cierto y es uno de los frutos más visibles de la política de seguridad democrática. Pero también hay otras razones menos positivas. "Se ha reducido el desplazamiento porque creció el confinamiento de poblaciones", afirma Codhes, ONG que investiga el tema del desplazamiento. "Los grupos armados ilegales y el Estado han cercado a la población civil en diversas regiones de tal manera que les impiden la circulación". Y agrega que además las poblaciones desplazadas son intimidadas para que no se registren ante las entidades encargadas de la atención.

Por otro lado, también ha contribuido el que los paramilitares -que declararon un cese de hostilidades para iniciar una negociación con el gobierno- hayan reducido dramáticamente sus masacres, que constituían la principal causa de desplazamiento masivo. Y que la guerrilla esté replegada, con lo cual ha mermado su reclutamiento forzoso en las zonas. Muchas familias abandonaban los pueblos para no sacrificar a sus muchachos en la guerra.

La situación para los que se fueron, para los que retornaron en condiciones precarias o para los que están atrapados es trágica. Por eso el que haya 200.000 colombianos menos padeciendo esta desgracia es alentador.