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Duque no se reunió con la minga en Cali y por eso vienen a Bogotá. | Foto: SEMANA

POLÍTICA

Minga indígena y Duque: sí hay una opción para dialogar

Tanto el Gobierno como los líderes indígenas tienen que encontrar una salida para hablar. Los dramas de esta población no pueden ser ignorados ni politizados.

17 de octubre de 2020

La minga que llega a Bogotá se convertirá en un desafío no solo para el presidente Iván Duque, sino para los líderes que representan a esa comunidad. Luego de una larga travesía iniciada en el Cauca, unos 7.000 indígenas arribarán en chivas a la capital del país y han advertido que se quedarán el tiempo que necesiten para hacer oír sus peticiones.

Pero semejante esfuerzo humano, con los riesgos sanitarios en medio de la pandemia, puede terminar en una nueva frustración. En efecto, Duque y los líderes del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric) no han encontrado una fórmula intermedia que facilite el diálogo.

La minga busca un encuentro directo y público con el presidente, como propusieron en abril de 2019. En esa oportunidad, la idea era que Duque acudiera a la plaza principal de Caldono, en el Cauca, y respondiera ante, por lo menos, 3.000 personas. El mandatario no aceptó, porque eso equivalía a someterse a un inaceptable juicio político con consecuencias imprevisibles.

Ahora querían que Duque se reuniera el 12 de octubre, el Día de la Raza, con los indígenas en la plaza de San Francisco, en Cali, en un espacio abierto y sin condiciones. El presidente tampoco aceptó esa exigencia y envió a una nutrida delegación de siete ministros y cinco viceministros, en un gesto aplaudido por varios sectores. Sin embargo, los consejeros del Cric los dejaron plantados, advirtieron que la cita era con Duque y mandaron a unos delegados con los cuales no hubo mayores avances.

En vista de esta situación y ahora que la minga llega a Bogotá, los líderes del Cric deberían acoger la propuesta mediadora de la Defensoría del Pueblo para que un grupo de ellos y Duque se reúnan en su sede. Por el momento, los organizadores de la marcha han dicho que esta alternativa tampoco les sirve, pues quieren que en el encuentro participen todos.

Si al final se impone un diálogo de sordos, tanto Duque como los indígenas saldrán perdiendo. Por un lado, tomará mucha más fuerza la percepción de que el Gobierno no escucha el clamor social ni es sensible ante el drama de los 2 millones de indígenas colombianos.

Por otro lado, los líderes del Cric también sufrirán un desgaste ante la opinión pública. Al igual que ocurrió en 2019, los señalarán de ser radicales, de politizar las causas de su pueblo y no aceptar un camino intermedio en el diálogo con Duque.

En el centro de este tire y afloje político hay un drama que vale la pena analizar con cabeza fría, alejado de los que intentan sacarle rédito a la protesta. No hay duda de que algunos sectores querrán aprovecharse de la minga para favorecer sus candidaturas con miras a 2022.

Desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016, han muerto asesinados 242 indígenas. En regiones como Nariño, Cauca, Chocó y Antioquia, miles de ellos quedaron atrapados en el fuego cruzado de los grupos armados ilegales por el control del territorio y las disputas por la coca.

El coronavirus también los ha impactado fuertemente: hay 30.000 indígenas contagiados y 1.117 fallecieron. Debido a la aglomeración de la minga, uno de los temas que más preocupa es precisamente la salud de los marchantes y las condiciones en que estarán en Bogotá. En un nuevo capítulo de confrontación, la Alcaldía y la Casa de Nariño se estaban tirando la pelota por cuenta de la logística de la marcha en la ciudad.

El senador Feliciano Valencia, líder indígena nasa, ha dicho que los reclamos al Gobierno se enmarcan en la defensa de la vida, el territorio, la democracia y la paz. En este último punto, le piden a Duque cumplir el acuerdo con las Farc.

Si al final la minga no logra reunirse con Duque, surgirán dos narrativas: la primera dirá que el Gobierno simplemente no escucha y no cede. Y la segunda, que los líderes indígenas querían hacer política y enjuiciar públicamente al presidente, más allá de cualquier consideración. Por eso, el camino intermedio del diálogo a instancias de la Defensoría del Pueblo plantea una salida sensata.