La blanqueada de la Corte Suprema al procurador

No ha sido frecuente que las altas cortes satisfagan las solicitudes que presenta el procurador Alejandro Ordóñez. En la Constitucional es usual que le nieguen toda suerte de recursos y en la Suprema la única excepción ha sido su elección como candidato a la jefatura del Ministerio Público. En sintonía con esa tendencia, la Sala Penal acaba de devolverle un escrito por medio del cual buscaba que se tuvieran en cuenta nuevas pruebas en el caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Ordóñez pretendía que el reciente hallazgo de los cuerpos de tres de las personas que se encontraban desaparecidas tras la toma del Palacio de Justicia fuera valorado como prueba de la inocencia del oficial (r). La Corte le negó esa posibilidad, al recordar que no es esta la oportunidad para practicar pruebas.

El hallazgo de los restos fúnebres de Luz Mary Portela, Cristina del Pilar Guarín y Lucy Amparo Oviedo llenó de un sentimiento de esquiva victoria a sus familiares, que por tres décadas trataron de ubicar el paradero de los suyos. Y aunque para ellos este retazo de verdad no condujera a descartar la desaparición forzada de la que muy probablemente fueron víctimas estas personas, sí lo fue para quienes defienden la inocencia de los militares detenidos y condenados por estos hechos.

La Procuraduría fue una de las que asumieron este hallazgo como un indicio de la ausencia de responsabilidad de los militares detenidos y condenados por las desapariciones que tuvieron lugar tras la recuperación del Palacio de Justicia. Así lo interpretó, particularmente, frente al caso del coronel Luis Alfonso Plazas Vega.

Por eso, le dirigió un memorial a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que valore estos acontecimientos. En él, explicó que la identificación de los cuerpos como correspondientes a los de tres de las personas desaparecidas “desnaturalizaría la materialidad del eventual delito”.

A su juicio, estos hallazgos debían ser incorporados al expediente que es estudiado por la Sala Penal. Su intención era que se tuviera en cuenta como indicio de que el condenado no es responsable de los hechos de desaparición que se le imputaron y por los cuales, en la actualidad, paga una condena de 30 años de prisión.

La Corte Suprema no lo aceptó. Más allá de eso, le devolvió al procurador Ordóñez el escrito que presentó. Lo hizo a través de la Secretaría General.

En la carta de respuesta, se le hizo saber al procurador que ni sus solicitudes ni las que alleguen las partes en este momento podrán ser tenidas en cuenta. La razón es que sólo los elementos que fueron enviados a la Corte durante la presentación de la demanda y sus alegatos pueden ser valorados.

Se espera que a la vuelta de una semana o dos, la Sala Penal de esa corporación le ponga punto final al caso Plazas Vega. El resultado que se prevé como más probable es la aprobación de la ponencia en la que el magistrado Luis Guillermo Salazar propone revocar la condena del oficial.

Plazas, quien comandaba la Escuela de Caballería en el curso de los acontecimientos, fue hallado responsable de desaparición forzada, lo que le valió una pena de 30 años de prisión.