Casa por cárcel a Diego Cadena, abogado de Álvaro Uribe

Diego Javier Cadena Ramírez, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, recibió medida de aseguramiento en la investigación que se surte en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. El juez 35 de control de garantías así lo determinó después de analizar los argumentos del abogado Iván Cancino, representante de Cadena, y de la Fiscalía.

Vale la pena recordar que, en momentos previos de la audiencia que empezó la última semana del mes de julio, el ente acusador solicitó la prisión preventiva para Cadena Ramírez y su petición fue secundada por la Procuraduría. Cidulfo Hernández Toro, el juez que atendió el caso, dejó claro que no existía ninguna controversia alrededor de los giros que se realizaron a favor de los familiares y allegados al condenado exparamilitar Carlos Enrique Vélez. La discusión consistía, por el contrario, en si estos actos eran parte de una "ayuda humanitaria" o viáticos relacionados con el proceso, como lo explicó Cadena en su momento, o si eran parte de un soborno para torcer las declaraciones de Vélez y que terminaran favoreciendo al expresidente Álvaro Uribe.

Se llamó la atención respecto de la gran cantidad de giros de dinero que se realizaron en favor de los familiares del reo. Según el juez, la defensa de Cadena no logró explicar cómo dichos montos podían tener alguna relación con el cuidado y manutención de Vélez. También se señaló que era su deber como abogado cerciorarse de que dichos recursos fueran, en efecto, empleados en labores lícitas, pero jamás lo hizo.

"Es la primera vez que veo un despliegue humanitario de estas características por parte de un abogado", afirmó Hernández Toro respecto de " las ayudas" que brindó Cadena a Carlos Enrique Vélez.

El juez también recordó la reunión que sostuvo Cadena con Deyanira Gómez, la esposa de otro exparamilitar involucrado en el caso, Juan Guillermo Monsalve. Recalcó que existen cartas en las que Monsalve advirtió a la Corte Suprema sobre el peligro que corría su vida en ese momento a causa de las afirmaciones que había realizado en contra del expresidente Uribe, quien, a su vez, había dado el beneplácito a Cadena para recolectar testimonios. Mencionó también el encuentro entre Cadena y Monsalve, llevado a cabo en La Picota, en donde aparentemente el primero ejerció presión sobre el segundo.

Basado en esto, el juez concluyó que se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 310 del Código de Procedimiento Penal para imponer una medida privatoria de la libertad al abogado Diego Cadena. En su análisis explicó que la decisión se toma a partir del riesgo que existiría, en caso de que Cadena continuara libre, de que se "ejecuten actos que afecten la recta y eficaz impartición de justicia".

Por su parte, el socio de Cadena, el abogado Juan José Salazar, no recibió la medida, ya que el juez definió sus acciones como las de un "mensajero" que se limitaba a seguir órdenes.

La decisión fue apelada por la Fiscalía, el ministerio público y la defensa de Cadena.