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Presuntos implicados en atentado a aeropuerto de Cúcuta fueron enviados a prisión

Dos mujeres y cuatro hombres fueron capturados y acusados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio agravado y terrorismo.


En las últimas horas, un juez de la República dictó medida de aseguramiento a las seis personas acusadas por la Fiscalía de participar en el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre en el aeropuerto Camilo Daza de la ciudad de Cúcuta, en el que perdieron la vida dos uniformados del cuerpo antiexplosivos de la Policía nacional.

Así lo informó el ente acusador por medio de su cuenta de Twitter, en la que también reveló la identidad de los presuntos implicados que fueron trasladados hasta una cárcel de máxima seguridad: Sebastián Moreno Maya, alias Sebas, y su compañera sentimental Nayibe Alexandra Londoño Carrillo; Adrián Kaled Guzmán; Yuly Mileidy Mazo; Diego Felipe Maya González, y Diego Alejandro Carrascal Benítez.

Cabe recordar que los primeros cinco fueron capturados el pasado lunes 27 de diciembre, en Medellín, después de una investigación en conjunto entre la Fiscalía General y la Fuerza Pública.

“Los detenidos, tres hombres y dos mujeres, fueron ubicados en diligencias de registro y allanamiento realizadas en el corregimiento Santa Helena y los barrios Jesús, Robledo Miramar y Brasilia, en Medellín, Antioquia”, explicó la Fiscalía en redes sociales.

Inmediatamente se iniciaron los trámites para llevar a los cinco presuntos implicados a una audiencia de imputación de cargos, en la que se les señaló de ser responsables de los delitos de terrorismo, homicidio y homicidio agravado. Los acusados no aceptaron los cargos.

Por su parte, Diego Alejandro Carrascal Benítez fue el sexto integrante de este grupo en ser capturado por las autoridades. De acuerdo con la Fiscalía, el hombre fue presentado el 29 de diciembre ante un juez de garantías, el mismo que le imputó los cargos de “homicidio y tentativa de homicidio agravado, terrorismo, y fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo”.

“Todos los movimientos de los hoy capturados, tanto en Medellín como en Cúcuta, están documentados. Hay videos de cámaras de seguridad, interceptaciones telefónicas, elementos como prendas de vestir y rastros de explosivos encontrados en los lugares donde se alojaron estas personas. También se conoció que, previo al ataque, contrataron a un hombre para que recogiera sus pertenencias y las botara. Distintos artículos se ubicaron en el sector Los Patios y fueron importantes para el avance de la investigación”, explicó esta institución.

Además, cabe recordar que había un séptimo integrante, identificado como Cristian Camilo Muñoz Manjarrez, quien murió durante la primera explosión en las inmediaciones del aeropuerto, luego de que uno de los artefactos que llevaba en una maleta le detonará mientras intentaba saltar una de las mallas del lugar.

La Fiscalía asegura que estas personas habrían sido contratadas por las disidencias del frente 33 de las Farc para la ejecución de este atentado terrorista, por lo que entre los primeros días de diciembre los presuntos implicados viajaron en varias oportunidades de Medellín a Cúcuta con el fin de planear cada detalle de este ataque.

Finalmente, el grupo habría decidido perpetrar su plan entre la noche del 13 de diciembre y la madrugada del 14 de diciembre, con dos ellos ingresando hasta las inmediaciones del aeropuerto vestidos de negro, con el fin de burlar la seguridad del lugar.

Indignación con las autoridades

Una de las historias que rodea este atentado también ha despertado la indignación de Colombia y varias críticas en contra de las autoridades judiciales, luego de conocerse que Sebastián Moreno Maya habría participado del ataque mientras era “monitoreado” por medio de un brazalete electrónico, cuando, se suponía, pagaba casa por cárcel por un caso de homicidio.

El primero en manifestarse frente a esta situación fue el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien además de rechazar el accionar criminal de Moreno Maya también criticó fuertemente a los funcionarios judiciales por no ser selectivos con los beneficios que les dan a estos criminales.

“Es triste que una persona a la que le han dado la libertad domiciliaria bajo la modalidad del brazalete electrónico cometa este tipo de delitos, razón por la cual les digo a todos los jueces de la República que por fortuna la ‘ley de seguridad ciudadana’ ya está y pronto entrará en vigencia para que apliquen con toda la rigurosidad esta ley y no permitamos que esta clase de delincuentes queden libres, porque están reincidiendo con el delito y con mayor gravedad”, indicó Ruiz.