La Paz de Flor del Monte

Fue hace 25 años. Ocurrió el 9 de abril de 1994 en Flor del Monte, un pueblo con nombre poético de los Montes de María, en el municipio de Ovejas (Sucre). En presencia de 3 mil personas provenientes de todo el país, sobre todo de las sabanas de Sucre, Córdoba y centro de Bolívar, bajo un sol inclemente y con la presencia de los delegados del Gobierno Fabio Villegas, Ministro del Interior, y Carlos Eduardo Jaramillo, Consejero de Paz, cerca de 900 hombres y mujeres agrupados en la Corriente de Renovación Socialista firmaron un Acuerdo de Paz. Sirvieron como testigos y garantes de este Acuerdo, el embajador del Reino de los Países Bajos en nombre de la Comunidad Internacional y Monseñor Nel Beltrán en representación de la Iglesia Católica

La Corriente de Renovación Socialista (CRS) fue la disidencia más importante que haya tenido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en toda su historia. Luego de más de 3 años de contactos, reuniones y negociaciones celebró un Acuerdo Político con el Estado para terminar su alzamiento armado y transitar a la vida política e institucional del país. Sorteando dificultades y provocaciones, como el asesinato de dos de sus negociadores en medio de las conversaciones, la CRS cerró el ciclo de paz de los noventas del siglo pasado inaugurado por el M19 en 1989 y fue la primera organización guerrillera que adelantó su transición a la nueva institucionalidad surgida de la Constituyente de 1991.    

El Acuerdo de Paz de la CRS fue sobre todo un Acuerdo Político, como se reconoce desde su propio título. Permitió convertir a la antigua guerrilla en movimiento político legal con personería jurídica, garantías para su funcionamiento y financiación estatal, de acuerdo con las leyes vigentes para la época. Obtuvo de manera directa representación en el Congreso de la Republica con dos curules en la Cámara de Representantes y eligió concejales y diputados en todo el país en virtud de una circunscripción electoral de paz establecida para todos los grupos firmantes de Acuerdos de Paz por una sola vez en las elecciones locales de octubre de 1994. Parte de sus excombatientes ingresaron a los esquemas de protección de sus dirigentes al amparo del Estado. Y la totalidad de sus integrantes, incluyendo a quienes se encontraban detenidos en las cárceles, fueron cobijados por los acuerdos en materia de indultos, amnistía y cesación de procedimientos judiciales para rebelión y delitos conexos.

El Acuerdo Político incluyó un conjunto de compromisos para la reincorporación económica y social de los excombatientes, la atención a viudas, huérfanos y lisiados de guerra producto del conflicto entre el Estado y la CRS, y un programa de desarrollo regional que permitió la ejecución de cerca de 200 proyectos de inversión en 100 municipios afectados por la violencia. Estos compromisos fueron implementados por el Estado a través del Programa Presidencial para la Reinserción y por la CRS a través de la Corporación Nuevo Arco Iris. Todo ello bajo la veeduría y acompañamiento de la embajada de Holanda y de la Iglesia Católica.

Como todos los celebrados por aquel entonces con el M19, el EPL, el PRT y el Movimiento Indígena Quintín Lame y como debería ser con el celebrado recientemente con las FARC, el Acuerdo Político de Paz de la Corriente de Renovación Socialista es y ha sido un compromiso de Estado implementados cabalmente por todos los gobiernos que por espacio de 10 años tuvieron la responsabilidad de cumplirlos. Todo no ha sido color de rosa, fue un proceso acechado por la violencia paramilitar y otros fenómenos de violencia que cobró la vida de 80 reincorporados y por las dificultades propias de la transición de la guerra a la paz. Pero se ha mantenido el carácter de Estado del Acuerdo y la CRS ha contribuido con su activa participación a la consolidación del pluralismo político, a elevar la calidad del debate publico y a la conquista de una paz definitiva, estable y duradera. Un pequeño legado para la enorme paz de ahora. Y una lección para el Presidente Iván Duque y su Comisionado de Paz que pueden constatar que ningún gobierno se atrevió a hacerle conejo o a modificar sustancialmente lo acordado.