Pulso en La Arenosa

En Barranquilla se está escribiendo un episodio inédito en la historia de la contratación pública en Colombia. Un coloso del sector privado, el Sindicato Antioqueño, a través de su filial Agrecon, y el empresario Julio Gerlein, con su firma Valorcon, están enfrascados en una disputa luego de que los paisas denunciaron que están cobrando de más en un contrato en el que trabajan juntos. Ellos quisieron devolverle el dinero a la ciudad, pero el empresario costeño se ha negado con el argumento de que los pagos que le han hecho son los acordados.

La firma de Gerlein tiene el 49 por ciento de la Unión Temporal, que ganó en el año 2000 la concesión para construir, recuperar y mantener el 4 por ciento de la malla vial de La Arenosa. Un negocio a 20 años por un valor de 220.000 millones de pesos. La empresa del Sindicato tiene el 20 por ciento y entre los otros dos socios, Mapeco, de Castro, y Tcherassi e Inversiones Betta, de Sergio Torres, tienen el 31 por ciento restante.

El primer round de esta pelea fue en agosto de 2003, luego de que el gobierno autorizó un incremento de la sobretasa a la gasolina en esta ciudad para financiar su transporte masivo. El problema es que todos estos recursos se habían comprometido por contrato para la concesión. El Sindicato Antioqueño se negó a recibir el nuevo incremento, logró poner de su lado a los otros dos socios diferentes a Gerlein, devolvieron lo que ya les habían transferido y se negaron a recibir más dinero por este concepto.

El segundo round, y el más fuerte, comenzó en mayo del año pasado, cuando Agrecon le envió una carta al alcalde de Barranquilla, Guillermo Hoenigsberg, en la que le informa que después de estudiar el contrato encontró "graves fallas en su estructuración económica", que derivarían "en un potencial perjuicio para el erario público y en el correlativo enriquecimiento desproporcionado y exorbitante para la Unión Temporal". Según sus estudios, el desfase superaba los 35.000 millones de pesos.

En esta oportunidad, Gerlein convenció a los otros dos socios de su región y cerró filas en contra del Sindicato. Según dijo a SEMANA, consideró la carta como una deslealtad y amenazó con demandar a su socio. Luego de varias reuniones se acordó nombrar como amigable componedor a la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que hace pocas semanas dio su respuesta. En ella desestima que la concesión sea desfavorable para la ciudad, al considerar que los términos del contrato son similares a los de otros en el país y sus precios unitarios, iguales a los del IDU, en Bogotá.

A pesar de este concepto, el ambiente en la Unión Temporal sigue tenso. Aunque no dieron declaraciones a SEMANA, ha trascendido que el Sindicato ha buscado fórmulas para devolverle la plata a la ciudad a través de obras que donaría, y también estaría buscando vender su parte en el negocio. Por su parte, el empresario Julio Gerlein dijo a SEMANA que buscará que se le indemnice por 3.600 millones de pesos, por daños y perjuicios, pues considera que cualquier inquietud en relación con el contrato debió discutirse primero con los socios. Además busca que se le reintegren los dineros que se negaron a aceptar ya que para él legalmente no tenían por qué haberse devuelto.

Pero lo que más sorprende en este ruidoso episodio es la pasividad del alcalde Guillermo Hoenigsberg, que no ha reaccionado en defensa de los recursos públicos. Según la oficina jurídica de la alcaldía, el alcalde nunca envió para su estudio la comunicación del Sindicato. SEMANA constató que tampoco la alcaldía informó de esta situación a los organismos de control. Un cuestionario enviado por esta revista hace 15 días para saber los motivos de esta actitud no fue contestado. Sólo este mes, el caso llegó a manos de un fiscal que está estudiando si hay méritos para abrir una investigación Mientras tanto, los barranquilleros que han conocido del pleito se preguntan ¿quién defiende a su ciudad?