¡Qué clase!

Profundamente convencidos de que la educación era el mejor camino para permitir el ascenso y la movilidad social, el Concejo de Bogotá y el presbítero Daniel de Caicedo crearon en 1948 la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El objetivo era darles formación profesional a los jóvenes más pobres de la ciudad.

Los fundadores no contaron con que en el alma máter, 45 años después, un pequeño grupo daría un gran salto social: pasar de modestos profesores a millonarios pensionados. Para ello esos docentes habrían creado un carrusel de irregularidades a pesar de que la universidad, que atiende a 23.000 estudiantes en su mayoría de estratos 1 y 2, iba rumbo a su desaparición.

Las denuncias, que venían siendo hechas desde hace años sin mayor éxito, están empezando a ser escuchadas en varios tribunales, especialmente en el Consejo de Estado. Este alto tribunal empezó a acoger las primeras demandas que el actual rector, Ricardo García Duarte, ha venido interponiendo para frenar el pago de las prestaciones extralegales que se les otorgaron a muchos jubilados y preservar el patrimonio de la Distrital.

Tanto la universidad como los pensionados están pendientes de lo que ocurra en el Consejo de Estado, que ya ordenó la suspensión provisional del pago de la pensión extralegal de Javier Arenas, quien gozaba de una mesada de 8.411.000 pesos, que con el fallo quedará en 2.500.000 pesos. Se espera que esta decisión sea la primera de una serie que cambiará el curso de las finanzas universitarias.

Todo comenzó en 1989. Por un acuerdo sindical el consejo superior, amparado en la autonomía universitaria, decidió extender a los docentes los beneficios que los trabajadores oficiales, aseadoras, porteros y obreros, gozaban en la convención colectiva. Tres años después el pacto se amplió a los demás empleados públicos de la universidad.

Este acuerdo permitía que un empleado superara los límites establecidos por ley para jubilarse a los 20 años de servicio con más del 75 por ciento del salario, sin topes de 20 salarios mínimos mensuales y sin importar la edad.

Esto originó desde esa época una lucha interna por el control de la universidad, no solo para manejar los recursos sino para pensionarse con altos salarios. "Una buena parte de los actuales jubilados privilegiados, quienes se desempeñaban durante el último año de vinculación como docentes en comisión de cargos administrativos -rectores, vicerrectores o personal directivo- y que adicionalmente se acogieron a los beneficios de la convención colectiva, generaron un desangre financiero en la universidad", dijo el rector en carta enviada al alcalde Lucho Garzón.

Fue así como de un día para otro aparecieron pagos multimillonarios amparados en el particular régimen de la universidad. Por ejemplo, al ex rector Marco Antonio Pinzón, quien a pesar de tener un salario básico integral de 5.161.710 pesos, se le reconocieron cesantías por 399 millones de pesos (ver tabla). También aparecieron afortunados como el profesor Emigdio Jarma, quien se retiró con una mesada que hoy llega a 14.792.783 pesos, cifra a la que ni siquiera tiene derecho un senador o el propio Presidente de la República. Jarma es hoy asesor ocasional del Pnud para la Personería de Bogotá en el tema de servicios públicos, entidad que curiosamente está investigando por otros asuntos menores al autor de las denuncias, el rector actual.

Esta cascada de más de 300 pensiones explica por qué la universidad pasó de destinar el 19 por ciento de su presupuesto de ingresos a pensiones en 1994 a pagar el 36 por ciento el año pasado. Es decir, mientras que en 1994 pagó 2.840 millones de pesos anuales en pensiones, 10 años después debió destinar 35.285 millones de pesos.

Los 585 jubilados de la universidad tienen una pensión promedio de 4.258.000, de los cuales, 162 tienen mesadas superiores a los 7.000.000 de pesos. Algo desproporcionado si se piensa que la universidad tiene 760 profesores contratados por hora cátedra que reciben en promedio honorarios de 810.000 pesos.

Una de las cosas sorprendentes es que desde hace años los organismos de control distrital y nacional, el alcalde Antanas Mockus en 2001, los ministerios de Hacienda y Educación, y hasta el Icfes, les advirtieron a las directivas de la universidad que no podían seguir pagando esas pensiones por estar cobijadas bajo un régimen ilegal. Pero en la práctica estos mensajes y fallos nunca fueron acogidos.

Contra la herencia

Pero en 2003, al llegar a la rectoría, el profesor Ricardo García decidió acatar todos los fallos y recomendaciones, y ponerle freno al desangre financiero. Por eso el rector fue rechazado por sectores de los profesores y de los jubilados, pues consideran que mientras no haya claridad legal no puede desconocer los acuerdos convencionales. Entre estos está un plan complementario de salud que le costaba 4.500 millones de pesos al año a la entidad y que fue cancelado por ser ilegal.

Lo que ya han aclarado varios fallos es que las universidades no son autónomas para establecer regímenes salariales y pensionales, sino que deben ajustarse a las normas que establezca el Congreso o el Presidente de la República. En los próximos días la universidad terminará de demandar las 350 pensiones, incluida la de la propia ex esposa del rector actual. Se cree que una vez se hagan los ajustes, el pasivo pensional se reducirá de 648.000 millones a 363.000 millones de pesos, monto que debe ser financiado en un fondo autónomo.

Pese a estos avances aún la Distrital no está a salvo. "Un par de concejales y algunos ex funcionarios que históricamente han manejado a la Distrital como su empresa privada y que permitieron muchas irregularidades, ahora pretenden con presiones que la Contraloría o la Personería Distrital sancionen a toda costa al rector para poner a alguien que mantenga las cosas como están", dijo un alto funcionario de la administración distrital.

Además de manejar un presupuesto de 140.000 millones de pesos al año, el viejo régimen quiere apropiarse de unos 'ahorros' que la universidad tiene y que podrían ser liberados este año. Se trata de 22.000 millones de pesos que el Distrito le tiene retenidos por el producido de un impuesto de destinación específica para la universidad, pero que podrían llegar a unos 250.000 millones de pesos.

Pero los pensionados se defienden. Fabio Lozano, representante de los ex rectores en el Consejo Superior, dice que "desde hace 12 años el Estado se ha negado a crear el fondo porque tendría que financiar una parte de los 650.000 millones de pesos que valdría el pasivo. Por eso ha esgrimido la ilegalidad de las pensiones para asfixiar financieramente a la universidad, como lo hizo en el Valle y Atlántico, para bajarse de sus obligaciones".

Si bien la ciudad tendrá que aportar la mayor parte es necesario calcular y financiar el fondo, pues la universidad no puede seguir pagando de su bolsillo las obligaciones que la Nación y el Distrito tienen con los pensionados, especialmente aquellos cobijados por regímenes anteriores a la ley 100.

Hay indicios de que en la Distrital se presentaron serios casos de corrupción e ilegalidad. Se deben investigar y juzgar prontamente, pues si bien la justicia cojea, pero llega, ojalá no lo sea después de que otros miles de millones destinados a la educación popular de los bogotanos se hayan perdido en unos pocos bolsillos.