Reelección: la polémica propuesta del Polo

El Polo Democrático se resignó. El gobierno de Juan Manuel Santos, como lo hizo el de Álvaro Uribe, “eludió” su obligación de concertar una ley para darle garantías al ejercicio político de los partidos que se declaren en oposición.

Pero, ante la inminencia de una contienda electoral, el Polo tiene una especie de ‘plan B’ para que el presidente Juan Manuel Santos no tenga “ventajismos” en la contienda política donde tiene intenciones de reelegirse. Ese planteamiento está en el Consejo Nacional Electoral (CNE). El Polo le pedirá a este organismo que declare oficialmente candidato al presidente Santos para que se acoja de forma inmediata a la Ley de garantías, que en teoría sólo comienza a regir seis meses antes de las elecciones presidenciales, es decir, en noviembre próximo.

Así se lo reveló a Semana.com Jaime Dussán, presidente (e) del Polo Democrático, quien consideró que no hace falta esperar al mes de noviembre para que Santos declare su candidatura, pues ya lo hizo el pasado 17 de mayo cuando anunció que le interesa la reelección de sus políticas y nombró la que ha sido llamado su avanzada reeleccionista, comandada por el exministro Germán Vargas Lleras, el exdirector de la Policía Óscar Naranjo, el exministro Gabriel Silva, el exsecretario privado de presidencia Juan Mesa y la excanciller María Emma Mejía.

“El país y el mundo ya quedaron notificados. El señor presidente Juan Manuel Santos ha dicho que va a presentar su nombre a consideración de los colombianos para ser reelegido. Hará el anuncio formal en la fecha determinada por la ley. Es decir es candidato a la presidencia”, explicó Dussán.

El dirigente del Polo le enviará la petición al CNE gracias a que su partido tiene candidata presidencial, la exalcaldesa Clara López. Con esa petición el Polo pretende que se les den a todos los candidatos las garantías que establece la Constitución y la ley y por lo tanto el presidente Juan Manuel Santos se inscriba bajo las limitaciones que se les señala a los funcionarios públicos que se lanzan como candidatos a la Presidencia.

“Para la seriedad y la transparencia del proceso electoral del próximo año pedimos que la autoridad electoral obligue al presidente a comportarse como candidato y que no haga esguinces a la ley para decir que ahora se va a dedicar a profundizar su programa de gobierno cuando sólo le hacen falta seis meses reales para terminar su programa de gobierno, ya que tiene que dedicar el resto del tiempo a la campaña electoral”, explica Dussán.

Agrega el dirigente del Polo que si la autoridad electoral no hace esa declaratoria, “el presidente Santos va a aprovechar sus privilegios como presidente de la República para hacer una campaña por la reelección como lo hizo su jefe y antecesor Álvaro Uribe: ventajista y desigual”.

En otras palabras, lo que busca el Polo es que se pueda instrumentar la llamada Ley de garantías, que, entre otras, prohíbe la contratación pública y les concede la misma participación en espacios de televisión a los candidatos presidenciales.

Dussán también se declaró “admirado” por la forma como Santos anunció su reelección sin violar la ley. “Santos no es ningún pendejo, sabe jugar bien y casi nunca ha perdido, él sabe que es candidato, está haciendo un esguince a la ley”.

El dirigente del Polo también le reveló a Semana.com que el Polo Democrático les dirigió al Gobierno y a la guerrilla de las FARC unas propuestas para que sean tenidas en cuenta en La Habana con el ánimo de concretar un estatuto de la oposición, uno de los puntos de la agenda de negociación. Y además que, si las partes lo aceptan, el Polo Democrático envíe una comisión de expertos para ayudar al consenso.

La razón, explicó, es que el actual gobierno decidió congelar las conversaciones en torno a ese estatuto. Y le recordó al exministro del Interior Germán Vargas Lleras que si no hubo acuerdo fue porque “Vargas sólo quiso maquillar un remedo de estatuto”.

Las peticiones del Polo para garantizar el derecho a la oposición van desde participación en el Consejo Nacional Electoral; postulación de candidatos para altas cortes, organismos de control; acceso equilibrado a medios de comunicación, y distribución de recursos de financiación de partidos políticos. Desde cuando se promulgó la Constitución política, en 1991, cuatro gobiernos no han podido reglamentar el ejercicio de la oposición, consagrado en el artículo 221 de la Constitución.