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El hecho fue cuestionado por la senadora de la República, Paloma Valencia. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

ELECCIONES 2022

Resguardo indígena en Ipiales declara voto obligatorio para la próximas elecciones

La denuncia la hizo en su cuenta de Twitter la senadora de la República, Paloma Valencia.

15 de junio de 2022

En un comunicado, el gobernador del Resguardo Indígena de Ipiales, Nariño, Carlos Hualpa, le envió un mensaje a la comunidad en el que anunció la obligatoriedad del voto para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

“Por medio de la presente se informa a toda la comunidad perteneciente al Resguardo Indígena de Ipiales, que a partir del 20 de junio del presente año, todo tipo de trámite como: certificaciones, documentos de terreno, avales universitarios, exoneración militar, actualización censal, entre otros. Se deberá presentar el certificado de votación de las elecciones presidenciales del 19 de junio de 2022″, dice la misiva.

Y posteriormente advierte: “De lo contrario, no se expedirá ningún certificado anteriormente mencionado”.

El hecho fue cuestionado por la senadora de la República, Paloma Valencia, quien publicó en su cuenta de Twitter: “La presión sobre los electores desborda los límites. Ya sabemos cómo los amenazan y ahora los obligan a votar en los resguardos”.

Advierten de posibles delitos electorales en frontera de Colombia con Venezuela

Las elecciones de segunda vuelta para definir al próximo presidente de la República ya dieron inicio en zona de frontera, justamente en territorio nortesantandereano. Allí, la Registraduría Nacional dispuso, desde el lunes 13 de junio y hasta el domingo 19 de junio, tres puestos de votación para que los colombianos residentes en Venezuela ejerzan su derecho al voto.

Sin embargo, las expectativas sobre posibles alteraciones de orden público se han intensificado en este territorio fronterizo debido a la primera jornada electoral donde se presentaron inconvenientes con el cruce de los connacionales por los puentes internacionales.

Ante esta situación, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, en su visita a Cúcuta la semana pasada, se refirió al inconveniente registrado con los miles de colombianos que el día de la primera vuelta no lograron votar y quedaron retenidos en los pasos binacionales.

“Tuvimos una reunión con el ministro del Interior y se va a coordinar con la Cancillería, Migración Colombia y la Registraduría, para agilizar el paso de nuestros connacionales en Venezuela. La idea es aplicar la biometría en los puestos fronterizos y así garantizar el voto de todos los connacionales. Pero está garantizado corregir lo de la frontera”, aseguró Vega Rocha.

Por su parte, las autoridades del municipio limítrofe con Venezuela, que es Villa del Rosario, perteneciente al área metropolitana de Cúcuta, solicitaron en días pasados al Ministerio del Interior el libre tránsito de los connacionales durante las elecciones.

“Nosotros habíamos solicitado al Gobierno nacional que autorizara este tránsito de los colombianos llegando a Villa del Rosario, pero no fue posible”, aseguró Carlos Julio Socha, alcalde de Villa del Rosario.

Sin embargo, ante esta negativa, el mandatario denuncia que se estaría presentando un cobro irregular para el paso por las llamadas trochas, ubicadas a inmediaciones de los puentes; además de ofrecerles beneficios para votar.

“Lo que hoy vemos es que se está cobrando por pasar por las trochas, y le están ofreciendo beneficios a quienes vienen a votar, nosotros lo advertimos, esta dinámica es aprovechada por los inescrupulosos”, señaló Socha en rueda de prensa.

Ante esta nueva jornada de elecciones presidenciales, SEMANA consultó al defensor del pueblo en Norte de Santander, Jaime Marthey, con el objetivo de conocer las garantías a implementar para salvaguardar la integridad de los votantes connacionales.

“Seguimos con nuestra misión de acompañar los puestos de votación, integrando las mesas de justicia con Fiscalía y Procuraduría, con el fin de verificar el normal desarrollo de la jornada electoral, así como recibir cualquier clase de queja o denuncia tanto ciudadana como institucional por hechos que puedan vulnerar el derecho a elegir y ser elegidos que tienen tanto la población como los candidatos”, aseguró Marthey.