Home

Nación

Artículo

Álvaro Hernán Prada, representante del Centro Democrático. | Foto: Cortesía

LEY DE ORDEN PÚBLICO

'Mico' que reviviría órdenes de captura a miembros de las Farc murió tras 17 horas

Como una herramienta a favor del proceso de paz, y no para hacer trizas el acuerdo con las Farc, el uribismo defendió la propuesta de entregarle facultades al presidente de la república para levantar la suspensión de órdenes de captura a desmovilizados. Fueron derrotados en la Cámara.

12 de diciembre de 2018

Apenas 17 horas de vida tuvo el artículo de la ley de orden público que habilitaba al presidente de la república para reactivar órdenes de captura a los excombatientes de las Farc.

Esta disposición, propuesta por el representante uribista Álvaro Hernán Prada, y que fue aprobada casi que por debajo de la mesa, tuvo en vilo el proceso de paz pues supondría una modificación a las competencias de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), tribunal que tiene la facultad para levantar las órdenes de captura en los casos de incumplimientos de los desmovilizados de las Farc.

La propuesta de Prada pretendía que el presidente de la república tuviera la facultad para levantar la suspensión de las órdenes de captura para que la justicia ordinaria pudiera capturar a quienes hayan incumplido los presupuestos del acuerdo de paz o aquellos que aún no se han presentado a la jurisdicción de paz.

La proposición señalaba que de manera excepcional y por motivos de seguridad o interés público, el Gobierno Nacional "podrá solicitar a la autoridad correspondiente de la jurisdicción ordinaria la reactivación de las órdenes de captura que se hayan suspendido en virtud de la presente ley".

La proposición también establecía que a los miembros de organizaciones armadas al margen de la ley a quienes se les levante la suspensión de la orden de captura tendrán un plazo de 30 días para presentarse voluntariamente ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP). Si pasado ese término no lo hacen, las autoridades de la justicia ordinaria darán cumplimiento a la captura y los pondrán a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, que tendrá la competencia para definir su situación en el plazo máximo de 90 días.

Este artículo se aprobó en la noche del martes pasadas las nueve de la noche y en un bloque de artículos que no tuvieron mayor discusión. Minutos después varios parlamentarios se dieron cuenta de lo que sería un error y llegaron este miércoles con la intención de reversar esa decisión.  

Y así se adoptó luego de un intenso debate en el que los congresistas del Centro Democrático defendieron a ultranza el artículo propuesto por el representante Álvaro Hernán Prada, y los representantes de los partidos de la oposición e independientes que calificaron esta norma como un “orangután” para hacer “trizas” el acuerdo de paz.

Juanita Goebertus, representante de la Alianza Verde, insistió que desde el acuerdo de paz está claro que quienes incumplan con lo pactado y vuelvan a delinquir perderán los beneficios y se les abrirá un incidente de incumplimiento que reactiva las órdenes de captura.

Pero con la proposición presentada por el representante Prada se cambia la razón de ese incidente de incumplimiento a motivos de seguridad nacional y ya no sería la JEP la que tendría la competencia, como lo establece el acuerdo de paz.

Germán Navas, del Polo, también dijo que se le estaba entregando al presidente de la república una facultad que le corresponde a la JEP y eso es incumplir lo pactado. “No fue mentira que se nos prometió que volverían trizas el acuerdo de paz. Este es primer pedradón que le dan al ventanal de la paz”.

El liberal Juan Carlos Losada la calificó como un orangután para acabar el procesos de paz y admitió que la Cámara de Representantes se equivocó al haberlo aprobado. Jhon Jairo Cárdenas, de La U, consideró que el propósito no era otro que llevar a la cárcel a la cúpula de las Farc.

Por su parte, los congresistas del Centro Democrático defendieron la propuesta del representante Prada como una herramienta para garantizar que quienes se sometieron al acuerdo de paz cumplan y se sometan a la jurisdicción especial de paz.

Samuel Hoyos defendió la tesis de que el Estado necesita herramientas para someter a la justicia a quienes primero se comprometieron a dejar las armas y luego han vuelto a delinquir. “Lo que le hace daño a la paz es que quienes se desmovilizaron sigan delinquiendo. Esta es una herramienta al servicio de la paz. Es una herramienta al servicio de la JEP".

Jaime Felipe Losada, también del Centro Democrático, consideró que no se hubiera presentado la propuesta si la JEP no estuviera cumpliendo su función. “Dicho tribunal pareciera ser más la niñera de las Farc que un tribunal de reconciliación”. Defendió la facultad para el presidente de levantar la suspensión de las órdenes de captura a quienes tomaron la decisión de seguir delinquiendo. "¿Dónde está Gentil Duarte? ¿Dónde está Rodrigo Cadete?", se preguntó.

Álvaro Hernán Prada, autor de la polémica proposición, insistió en que su propuesta solo pretende que comandantes como el Paisa e Iván Márquez se entreguen y se presenten a la JEP. Defendió la propuesta en que es una medida preventiva que permite levantar la suspensión de las órdenes de captura para que, si en 30 días no se presentan, la justicia ordinaria los pueda conducir a la jurisdicción de paz. “No entiendo que ahora digan que vamos a hacer trizas el acuerdo de paz. Lo que se necesita es tener confianza en este proceso, si fuera hacer trizas el acuerdo lo hubiéramos llevado directamente a la justicia ordinaria”.

La misión de observación de la ONU expidió un comunicado en el que manifestó que lo aprobado por la Cámara de Representantes podría afectar el proceso de reincorporación de excombatientes.

La ONU también señaló que esa disposición en la ley de orden público estaría violando normas constitucionales y supondría un zarpazo a las competencias de la JEP, que es la que tiene la facultad para levantar la suspensión de órdenes de captura por razones específicas.  

Después de un intenso debate que se prolongó por más de dos horas la plenaria decidió reabrir la discusión del artículo tercero, que se había votado la noche anterior. Y luego se aprobó eliminar la proposición de Prada que tuvo en vilo el acuerdo de paz por cerca de 17 horas.