Sin ruborizarse

Nunca, en el año exacto que lleva como Ministro de Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio había recibido tantas críticas como la semana pasada. Su propuesta de revivir la inmunidad parlamentaria cada vez que un congresista sea llamado a juicio por la Corte Suprema, fue vista por académicos, líderes de opinión y políticos de distintas vertientes, como una iniciativa propia de las viejas formas de hacer política.

La propuesta del gobierno es una respuesta improvisada, pero estratégica, al temor que hoy tiene la mayoría de parlamentarios uribistas para votar a favor la conciliación del referendo, el último paso que le queda a la reelección en el Congreso. No en vano la investigación que hace un mes les abrió la Corte Suprema de Justicia a 86 congresistas para indagar si recibieron dádivas burocráticas a cambio de apoyar el acto legislativo causó tal pánico, que al menos 13 de ellos han dicho que se abstendrán de votar nuevamente y otros ya están consultando con abogados para blindarse en lo jurídico.

Pero esta idea defendida por el Ministro es tan sólo una de las que ha ambientado con el argumento de que es necesario fortalecer la rama legislativa. "Las reformas que se han hecho del 91 para acá de alguna manera han debilitado el Congreso", dijo sin considerar que darles privilegios a los parlamentarios no necesariamente mejora la representación política. Mucho menos si se recuperan figuras tan anacrónicas como la de la inmunidad, que supone que ningún congresista puede ser aprehendido o llamado a juicio sin permiso de la Cámara a la que pertenezca. Es decir, que si un Senador o un representante comete un delito, sus colegas tienen la posibilidad de anteponer criterios políticos a los jurídicos y de votar si su detención tiene lugar o no.

El mismo argumento de la necesidad de blindar a los congresistas contra las investigaciones de la justicia le sirvió a Valencia para justificar otras promesas que van en contravía del espíritu y los avances políticos alcanzados en la Constitución de 1991. Entre ellas, la de crear la doble instancia para el juzgamiento de congresistas, reformar el reglamento interno del Congreso y fortalecer la capacidad de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Esta última, en particular, fue recibida como una respuesta revanchista a las investigaciones de la Corte Suprema, que también incluyen la Yidispolítica y las que se han abierto a 68 parlamentarios -en su mayoría de la coalición de gobierno- por sus vínculos con la para-política. "Darle más poderes a esta Comisión se puede ver como un desquite o como un mensaje a la Corte -encargada desde el 91 de vigilar a los parlamentarios- de hagámonos pasito", dice el ex ministro Jaime Castro.

Es difícil que las nuevas iniciativas de Valencia Cossio se puedan materializar en los próximos dos meses, antes de los cuales el referendo deberá salir del Congreso. Pero más allá de su viabilidad y de que a finales de la semana pasada el viceministro Miguel Ceballos haya reconocido el malestar que generó esta iniciativa en la opinión pública, el hecho de que el gobierno la haya planteado deja en el ambiente la idea de que está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de garantizarle los votos a la reelección.

Revivir estas figuras no es lo único que se puede ver como anacrónico y sacado de la manga para intentar asegurar la votación del referendo y el apoyo mayoritario de los congresistas a una segunda reelección presidencial. La Reforma Política, recientemente aprobada por el Congreso y defendida a capa y espada por Fabio Valencia, también tiene elementos que hacen parte de una propuesta regresiva y a cuentagotas. Y es que aunque durante seis meses el Ministro señaló que la reforma fortalecería los partidos, no hay nada más lejano a la realidad. Con el aval del gobierno -y a último momento-, en el texto definitivo se tumbó la prohibición que había establecido la reforma política de 2003 y que castigaba la doble militancia. Esto traduce que, si el presidente Uribe sanciona el texto aprobado, quienes ejercen cargos de elección popular, como diputados, concejales o congresistas, podrán apoyar candidatos de otros partidos. Así, por ejemplo, un concejal liberal podría respaldar la campaña de un senador conservador o un congresista militante en el Polo Democrático o en el liberalismo no tendría impedimentos para hacer proselitismo a favor de Álvaro Uribe desde su propio partido.

A lo anterior se suma el transfuguismo, que quedó legitimado con la posibilidad de que durante los dos meses siguientes a la vigencia de la norma los miembros de un partido se pasen a otro. Esta medida afecta colectividades como Cambio Radical, que aún cuenta con algunos parlamentarios que quieren pasarse a La U porque están más convencidos de la campaña de Uribe que de la de Germán Vargas. Por eso, más allá de la eliminación de las suplencias o de garantizar una mayor financiación estatal de las campañas, no hay ningún otro indicio de que esta reforma vaya a fortalecer los partidos. ¿Por qué no se corrigieron figuras desastrosas para la representación política como el voto preferente? ¿Qué les esperará a los partidos si sus representantes no tienen ni siquiera la obligación de ponerse de acuerdo para respaldar a un solo candidato? ¿qué vigencia tiene la Ley de Bancadas cuando se permite la doble militancia? Estas son algunas de las preguntas que no parece haber considerado el gobierno.

Pero si la reforma no logra fortalecer los partidos, tampoco presenta incentivos suficientes para sancionar ejemplarmente las relaciones entre la política y los grupos armados ilegales. "Esta reforma (o contrarreforma) garantiza impunidad a los partidos que avalaron a congresistas que hoy están en la cárcel por haberse hecho elegir con votos y dinero manchados de sangre", dice el representante David Luna. Porque si bien el texto definitivo establece que los partidos perderán las curules de los congresistas a los que se le demuestre relación con paramilitares o guerrilla, también señala que esta disposición aplicará para aquellas investigaciones judiciales que se inicien a partir de la vigencia de la reforma. En cristiano, esto quiere decir que partidos uribistas, como La U y Convergencia Ciudadana, no perderán sus curules por tener a varios miembros tras las rejas por sus relaciones con la para-política.

Lo otro que evidencia que la reforma política aprobada fue una sumatoria de articulos dirigidos a mantener las mayorías uribistas y a garantizar la votación del referendo es el hecho de que la semana pasada el Ministro anunció una nueva reforma para poner en funcionamiento la doble instancia, crear la figura de un juez de garantías para vigilar los juicios a los congresistas y reformar el reglamento del Congreso. Además de que estas ideas son inconvenientes, ¿por qué el Ministro no las impulsó cuando la reforma aprobada estaba en trámite? ¿Por qué lo hizo después de que la Corte abrió investigación contra los 86 parlamentarios? Los hechos responden por sí solos: la reforma política recién votada y las nuevas ocurrencias de Valencia Cossio se deben a una coyuntura electoral y no a una visión integral y renovadora del poder y la democracia.

No es la primera vez que, en 18 años de vigencia de la Constitución, se respiran aires de contrarreforma. En 1993, por ejemplo, se tramitó con éxito el acto legislativo que revivió el carrusel parlamentario al autorizar los reemplazos de congresistas por faltas temporales y, en 2007, el cambio del régimen de transferencias terminó por minar los alcances de la descentralización. Sin embargo, en términos del funcionamiento de las bancadas y de depurar la gestión de los legisladores, ninguno de los cambios constitucionales había sido tan riesgoso como el de avalar la doble militancia o el que sugiere recuperar fueros especiales en su nombre. Si el gobierno sigue insistiendo en cuidar las mayorías electorales del uribismo cueste lo que cueste, en tiempos de para-política, farc-política y yidis-política, iniciativas como estas terminarán por devolverle al país muchas de las prácticas parlamentarias que la Constitución de 1991 y algunas de las medidas de la reforma política de 2003 buscaron acabar.