TANTO VA EL CANTARO AL AGUA...

A pesar de estar ya habituados los frecuentes rumores sobre un eventual rompimiento de la tregua acordada en La Uribe entre el gobierno y las FARC, dos hechos llevaron esta semana al país a pensar que esta vez la cosa podría ser en serio: la indignación generalizada por los asaltos guerrilleros en Santander y Antioquia, y la subsiguiente ola de desinformación desatada por algunos medios de comunicación, que apresuradamente oficializaron las afirmaciones de mandos medios militares, asegurando que las FARC habían roto la tregua.
La emboscada el domingo 25 a un camión del Batallón de Ingenieros Caldas, en la que murieron 7 soldados que participaban en la construcción de una carretera en la zona de San Vicente de Chucurí en Santander, y el asalto perpetrado al día siguiente por 120 guerrilleros a la población de Mutatá, en Urabá, se atribuyeron inmediatamente a las FARC. Aunque en el primer caso aún se considera factible que haya sido el ELN, que también opera en la zona, en el segundo, fue el propio alcalde de Mutatá, perteneciente a la Unión Patriótica, quien identificó al V Frente de las FARC como el responsable de las seis horas de combate.
Los incidentes, aunque no constituían ni los únicos ni los más graves desde la firma de la tregua, sí se producían en momentos en que la tensión militar parecía ir en aumento. Desde hacía varias semanas, hechos como el decreto presidencial prolongando en seis meses el tiempo de servicio de cerca de 50 mil soldados, el entrenamiento de nuevos comandos contraguerrilla en Tolemaida, la misteriosa llegada de un avión de la línea aérea israelí El-Al que traía de regreso a los miembros del Batallón Colombia en el Sinaí y, al parecer, también armas para el Ejército Nacional, y los rumores sobre la presencia de un asesor israelí en contrainsurgencia, venían haciendo evidente un fortalecimiento de los recursos de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, los crecientes rumores, particularmente en Córdoba y la región de Urabá, de que los movimientos guerrilleros que operan en la zona estaban recibiendo también una gran cantidad de armas, contribuían a dar piso a la tesis acerca de una inminente agudización de los enfrentamientos entre Ejército y guerrilla.
En medio de este clima no resulta extraño que los titulares de prensa señalando, equívocamente, que las autoridades de Santander acusaban a las FARC de haber roto la tregua, fueran acogidos rápidamente como una eventual confirmación de la llegada de un momento tantas veces anunciado.
Las declaraciones categóricas del gobierno, de las FARC y de la Unión Patriótica no tardaron, sin embargo en desvirtuar cualquier posibilidad inmediata de un rompimiento de los acuerdos de La Uribe, a pesar de las consabidas recriminaciones mutuas y de la notoria diferencia de tono.
El consejero presidencial para la Rehabilitación, Carlos Ossa Escobar, que en Vélez (Santander) no dudó en calificar de "vil asesinato" la emboscada de San Vicente de Chucurí, fue enfático al afirmar que "el gobierno mantiene el diálogo con las FARC". La Coordinadora Nacional de la Unión Patriótica, por su parte, expidió un comunicado en el que si bien criticó la negativa del gobierno a restablecer las comisiones de verificación y la lentitud en la creación de los prometidos Tribunales Especiales de Garantías encargados de investigar los crímenes cometidos contra sus miembros, reiteró su deseo de que el proceso de paz "se desarrolle a pesar de sus dificultades pasadas, presentes y futuras". Mientras las FARC, en otro comunicado, no obstante señalar que sus "frentes se defienden porque son víctimas de operativos militares" manifestaron finalmente que "lo importante es que exista un mecanismo que restablezca la paz en el instante y en el lugar donde resulte lesionada". El interés en la continuidad de la tregua, a pesar de sus constantes violaciones, quedaba así confirmado, pero también varios hechos más.
Por una parte, resultaba evidente que ni La Uribe controla todos sus frentes, ni el Presidente y los altos mandos militares todos sus subalternos. Si bien es cierto que frentes como los del Cauca, Santander y Urabá continúan sus actividades a pesar de la tregua, tampoco es menos cierto que hay sitios, como lo denunciaron los campesinos que llegaron a Barrancabermeja prácticamente desalojados del sur de Bolívar, donde se están produciendo hostigamientos militares.
De otro lado, cada vez parece hacerse más notoria la diferencia entre lo que dicen y hacen las FARC y lo que dice y hace la Unión Patriótica. No se trata solamente de una cuestión de lenguaje. La actitud del alcalde de Mutatá al enjuiciar abiertamente a las FARC por su acción, así lo demostró, y lo habían venido haciendo ya otros hechos como la activa participación de miembros de la Unión Patriótica en varios comités de Rehabilitación, incluído el de San José del Guaviare, donde la UP terminó por aceptar lo que para las FARC aún resulta inadmisible: la necesidad de colocar la realización de obras concretas por encima de objetivos como la desmilitarización de la zona.
Pero las diferencias de actitud también se dejaron sentir en el ámbito del gobierno. Mientras el ministro de Gobierno, Fernando Cepeda, y el consejero Ossa se apresuraron a reafirmar que la decisión sobre el rompimiento de la tregua eran facultades exclusivas del Presidente de la República, fue notorio el silencio que rodeó a los altos mandos militares, que se encontraban en Bogotá en una reunión de 3 días a alto nivel.
Ningún oficial de alto rango desmintió las declaraciones del comandante de Policía de Santander, quien dio por terminados los acuerdos de La Uribe. Al final de la semana se hablaba incluso de ciertos roces entre gobierno y militares, surgidos precisamente después de la cumbre, donde al parecer los militares habrían decidido como estrategia para desviar la atención de la opinión pública sobre los fracasos frente al narcotráfico, enfilar sus baterias hacia la lucha contraguerrilla, cuyos resultados son más visibles.
Otro aspecto que se puso de presente una vez más tras los incidentes de la semana pasada, es el ambiente de desconfianza que há rodeado siempre a la tregua. Si bien a la luz de los hechos no resulta en modo alguno injustificado, hay factores, como la lentitud de las investigaciones sobre los asesinatos de miembros de la UP, que contribuyen a aumentar ese grado de desconfianza y en los que el gobierno podría, sin duda, emprender una acción más decisiva.
Cuánto durará la tregua en estas condiciones es difícil de prever. Hay quienes aseguran que el momento decisivo llegará a la hora de la elección popular de alcaldes, porque los partidos políticos tradicionales consideran inadmisible que la Unión Patriótica, a la que ven aún como el "brazo político" de las FARC, se presente a los comicios respaldada por las armas de la guerrilla. El mismo Ossa Escobar ha manifestado que la tregua no puede ser indefinida y que el paso siguiente en el proceso de paz es la reincorporación de las FARC a la vida civil.
Pero, en medio de la confusión reinante, lo que quedó más claro, sin embargo, es que la tregua da aún para mucho más, y que -a pesar de la intención inicial del gobierno de circunscribir el proceso de paz a las ejecuciones del Plan de Rehabilitación- el diálogo gobierno-guerrilla es y seguirá siendo parte fundamental del proceso, como mecanismo para enfrentar las "causas subjetivas" del problema, cuya existencia el gobierno quiso desconocer en su planteamiento inicial. Así los incidentes, que muy seguramente se producirán en los próximos días, vuelvan a colocar en tela de juicio lo poco o mucho que logre la visita de Ossa este fin de semana a La Uribe y su tete a tete con "Don Manuel".