Tic tac, tic tac...

Han pasado tres meses desde que se instaló el Congreso y quedan dos para que termine su primer periodo de sesiones. Para el gobierno y para los congresistas, esas cuentas nunca habían sido tan importantes: las ocho semanas que comienzan serán cruciales para definir el futuro de la agenda legislativa que recoge las banderas del gobierno de Juan Manuel Santos.

En su primer mes, el gobierno Santos presentó la agenda de reformas más ambiciosa de los últimos tiempos: una amplia lista de proyectos de ley y de reformas constitucionales de la que depende el desarrollo del programa santista.

Sin embargo, que el 80 por ciento de los congresistas haga parte de la coalición de Unidad Nacional convocada por el Presidente no asegura el trámite fluido de la agenda. En últimas, contiene temas complejos y espinosos, que corresponden a una nueva visión de la política y del Estado, y que –en algunos casos– afectan los intereses electorales de los congresistas.

Es el caso de la ley que modifica el régimen de regalías y que, después de una difícil discusión, la semana pasada pasó su segundo debate en el Senado. El tema es contencioso y rompió la unidad de varias bancadas de la coalición. En el Partido de la U, los senadores Jorge Eduardo Géchem, Maritza Martínez y Jorge Ballesteros presentaron una objeción de conciencia para no votar el proyecto por considerarlo injusto con departamentos mineros como Huila, Meta y La Guajira, donde tienen su electorado. Y aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucionales las objeciones que argumentan “inconveniencia política o controversia regional” por cuanto “no corresponden típicamente a asuntos de conciencia”, el partido las aceptó en aras de que los tres parlamentarios pudieran ausentarse del recinto en el momento de la votación.
 
En el caso del Partido Conservador y del PIN, a pesar de que la posición oficial de las colectividades había sido apoyar el proyecto, varios de sus senadores se apartaron de la votación. Es el caso de Hernán Andrade y Carlos Ramiro Chavarro, conservadores, y Édgar Espíndola, del PIN. Los únicos partidos en los que hubo unidad de criterio y actuaron en consecuencia con la ley de bancadas fueron el Liberal, el Verde y Cambio Radical, que apoyaron la iniciativa, y el Polo Democrático y el Mira, que votaron por el no.

Las excepciones aceptadas por la U y por los conservadores son un mal precedente para el trámite del proyecto en la Cámara, en donde una cuarta parte de sus miembros proviene de regiones productoras. Por su vinculación aún más directa con las regiones, es posible que los representantes defensores del esquema actual de regalías obstaculicen el quórum o dilaten las votaciones.

Por ser un acto legislativo, la reforma de las regalías necesita ocho debates, cuatro de los cuales deben llevarse a cabo antes de diciembre. Esta premura se acentúa con el hecho de que el año entrante hay elecciones locales y que los representantes de las regiones productoras no quieren pelear con los candidatos a alcaldías y gobernaciones. “Si votamos el proyecto, los alcaldes de nuestras regiones no nos van a apoyar en nuestra próxima campaña. Ellos sienten que la Ley de Regalías les quita plata”, dice un representante conservador.

El gobierno presentó otros dos actos legislativos: la eliminación de la Comisión Nacional de Televisión, cuyo trámite está en una etapa avanzada, y la reelección de alcaldes y gobernadores. Esta última fue archivada y en su reemplazo se discutirá uno de iniciativa parlamentaria que no entraría en vigencia en las elecciones del año entrante, sino en 2015.

De 12 proyectos que hacen parte de la agenda de reformas hay algunos que son prioridad para el gobierno y otros a los que no les ‘patina’ tanto. Entre los prioritarios para el presidente Santos, además de la reforma a las regalías están el de reparación de víctimas y el de tierras, unificados en la Comisión Primera de la Cámara, y el de la reforma a la salud. Estos últimos ni siquiera tienen ponencia, pero, por tratarse de leyes ordinarias, solo es necesario que en este semestre tengan uno de los cuatro debates que necesitan para pasar a la siguiente legislatura.

A diferencia de la ley de víctimas, entre los parlamentarios es claro que iniciativas como la ley de ordenamiento territorial no hacen parte de las prioridades gubernamentales. Otros proyectos cuyo trámite está aletargado son la ley del primer empleo, el estatuto anticorrupción y el código de convivencia, que ni siquiera tienen ponencia para primer debate.

En total, de los proyectos del gobierno solo la mitad ya va andando en el Congreso. Los próximos dos meses serán definitivos para definir su futuro y el del resto de iniciativas que forman parte de la agenda de reformas, porque aún no ha arrancado la carrera por las alcaldías y las gobernaciones y el capital político del presidente Santos está en su punto más alto. Lo que no puede olvidar el gobierno es la creencia parlamentaria en que “los proyectos que salen adelante son aquellos a los que les va bien en el primer año”. Esa máxima suele cumplirse.