Tierrita pa' la gente

El gobernador de Casanare, Miguel Ángel Pérez, recibió la bendición del gobierno nacional para iniciar el proyecto de titulación de tierras baldías más ambicioso del país: encontrarle dueño a cerca de dos millones de hectáreas. Una extensión similar a la que tiene el departamento del Valle del Cauca, La Guajira o el Cesar.

Esta función anteriormente la tenía el Incora, pero desde la creación del Incoder, entidad que lo reemplazó, se contempló que se descentralizara y que las gobernaciones asumieran esa función. Arturo Vega, gerente de esta entidad, dijo a SEMANA que Casanare es el departamento piloto de algo que se va a hacer en todo el país, pues es uno de los proyectos bandera del actual gobierno.

Según la ley, los beneficiados de la titulación sólo pueden ser quienes certifiquen una posesión mayor de cinco años, lo que se verifica con inspecciones en campo y con el testimonio de los vecinos. Además deben demostrar que no tienen más propiedades y sólo se van a titular fincas de un tamaño suficiente para que garanticen un ingreso familiar equivalente a tres salarios mínimos. Esto en el Casanare, de acuerdo con estudios preliminares, se lograría con 70 hectáreas de tierra en el piedemonte y con 100 en el llano. El programa, que ya contrató personal para comenzar los estudios y el análisis de las solicitudes, planea adjudicar 400.000 hectáreas en los próximos tres años.

No hay duda sobre las oportunidades de progreso que significa que la gente tenga los títulos de las tierras que por años ha ocupado. Con ellos los campesinos pueden acceder a créditos y se les da más confianza para exigir inversión estatal en su región. También le permite al departamento obtener mayores ingresos por el pago de impuestos y tener un mejor conocimiento de sus habitantes.

Sin embargo, el mismo gobierno que ahora comienza este ambicioso y masivo programa no ha podido garantizar que los grupos armados no usurpen los títulos ya existentes. Así lo han denunciado ganaderos de la región. ¿Cómo asegurarles a los nuevos propietarios que no va a suceder lo mismo? Además, en una región tan convulsionada como lo es hoy Casanare, ¿puede un gobierno local hacer un programa como este libre de la presión de los grupos al margen de la ley y de los políticos que busquen sacar réditos del asunto?

"La transparencia del programa está garantizada", dijo a SEMANA el gobernador Pérez, refiriéndose a la forma como se va a iniciar la titulación masiva, y enfatizó en los controles que se van a tener en la selección de los beneficiados del programa. "Prácticamente no tenemos baldíos, pues ya todo el mundo sabe de quién son las fincas", dice.

Los dos representantes a la Cámara de este departamento, Óscar Wilchez y Efrén Hernández, pese a respaldar la iniciativa, no dejaron de plantear inquietudes sobre cómo se va a hacer. Wilchez dice que el gobierno debe acompañar esta delegación de responsabilidades con recursos y advierte que hay que tener cuidado con la "presencia que las armas" puedan tener en este proceso. Para Hernández se debe poner especial atención en la forma como se certifique la posesión de la tierra. "Deben mostrarse los hierros de la ganadería, los despachos de arroz y de plátano si es el caso", dice. También, evitar que la gente presente a los hijos como poseedores para quedarse con más tierras.

Este programa puede ser una de las claves para consolidar la paz en unos territorios cuyo control se disputan de forma sangrienta las autodefensas ilegales de 'Martín Llanos' y 'Miguel Arroyabe'. De fallar sucedería todo lo contrario, se acentuaría una de las razones del conflicto en esta región, lo que la llevaría a una situación peor que la actual.

El gobierno está haciendo una apuesta dura con el experimento de descentralizar un tema tan sensible. Deberá garantizar que no se atraviesen otras agendas diferentes a la del bienestar de los casanareños y cuidar el proceso para que cada paso que se dé esté libre de presiones.