política

Transparencia Internacional habla sobre lucha anticorrupción en el Gobierno entrante

El organismo internacional, a través de su oficina en Colombia, emitió una serie de recomendaciones de lo que debería hacer el próximo mandato para atacar este problema en el país.


Se acerca la contienda electoral del próximo 29 de mayo en la que los colombianos decidirán en una primera vuelta quién está más cerca de ser el próximo presidente.

En ese sentido, varias organizaciones se han pronunciado. Transparencia por Colombia emitió una serie de recomendaciones para el próximo Gobierno, con el fin de que se pueda combatir una de las principales problemáticas que tiene el país actualmente: la corrupción.

“Aportamos estos elementos con el objetivo de contribuir y enriquecer la conversación pública sobre las acciones que requiere el país para fortalecer la lucha contra la corrupción, esperando que se transformen en acciones concretas que el nuevo gobierno ponga en marcha para enfrentar un crimen que causa graves daños en nuestra sociedad”, comentó Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia.

Una de las recomendaciones es llevar a cabo un liderazgo ético y tener una voluntad política de alto nivel en el que se busquen impulsar transformaciones, manteniendo la coherencia entre el discurso y las políticas de Gobierno. Piden no favorecer intereses particulares.

“El nuevo Gobierno nacional deberá avanzar de manera decidida con enfoques más innovadores y ambiciosos en la lucha contra la corrupción, puesto que de poco servirán las políticas y medidas institucionales si quienes están en la cabeza acomodan su actuación para pasarlas por alto y favorecer intereses particulares”, señalan.

Dicen que ese liderazgo ético debe estar acompañado de un fuerte compromiso con el que haya acceso a la información pública de la forma más transparente posible, en donde se brinde participación ciudadana activa y una garantía para la movilización social y el respeto por la independencia de los poderes públicos.

“Para que dicho liderazgo tenga capacidad de transformación, se requiere actualizar el diseño institucional anti corrupción”, piden desde la entidad.

Además, mencionan que actualmente existe una dispersión de iniciativas que deberían ser consolidadas en un mismo programa con el que se le pueda hacer frente a estos hechos. Piden fortalecer los esfuerzos para cerrarle la oportunidad a la corrupción mejorando la transparencia y los datos de los procesos contractuales y los conflictos de interés que pueda haber en las distintas campañas.

Recalcan que debería haber mayor meritocracia para los cargos públicos a los que puedan aspirar los colombianos. “Se requiere hacer una apuesta ambiciosa para fortalecer el mérito y la capacidad técnica en el empleo público, para evitar su captura por parte de intereses clientelares”, aseguran.

También comentan que se deben hacer esfuerzos para detectar irregularidades en decisiones públicas, debido a los recientes casos de corrupción que se han conocido en el país. Por eso piden fortalecer mecanismos de denuncia y protección a las personas que denuncien estas irregularidades y avanzar en la reparación de daños causados en materia de corrupción.

Para ello, mencionan que se debería presentar un proyecto que reforme un artículo del Código Penal para que las víctimas por actos de corrupción puedan solicitar como medida cautelar ante un juez de control de garantías la culminación y entrega de la obra.

Además, piden ajustar el sistema político del país. “El nuevo gobierno nacional deberá priorizar su contribución a la transformación de un sistema político que avance hacia mayores niveles de transparencia, integridad y equidad”, comentan desde Transparencia por Colombia.

Dicen que para eso será fundamental el liderazgo del próximo presidente para adelantar reformas con el Congreso que blinden en materia contra la corrupción y para que haya acciones en contra de políticas criminales electorales.

En materia de sanciones piden que se haga una reforma a través del Congreso para que en la selección de los encargados de los entes de control y de justicia no haya incidencia directa por parte del presidente de la República, con el fin de garantizar la independencia y autonomía de estas instituciones encargadas de vigilar el poder.