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P R E N S A

Tras el crimen de Sierra

Siete medios escritos unieron esfuerzos para investigar y lograr que el asesinato del periodista de Manizales no quede impune. Estos son los primeros hallazgos.

1 de marzo de 2002

Luis Fernando Soto Zapata, el sicario que disparó dos balas 7.65 contra el periodista Orlando Sierra Hernández, declaró que lo mató por una venganza personal. Aunque en un comienzo negó ser el autor del homicidio las pruebas de reconocimiento de testigos y de absorción atómica (que demostró que sí había disparado un arma) fueron tan contundentes que el hombre confesó su crimen y se acogió a la sentencia anticipada. Sin embargo Soto Zapata, de 21 años, insiste en su alegato que mató al periodista por equivocación. Ante los fiscales de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación que llevan el caso ha insistido en que confundió al subdirector de La Patria con el sujeto que mató a su hermanastro, el 21 de junio de 1996, en el municipio de Herveo (Tolima). Por eso el confeso asesino les dijo a los fiscales que al verlo en la esquina de la carrera 20 con calle 22 de Manizales se llenó de nervios e instintivamente sacó su revólver y apretó el gatillo.

Dos hechos hacen dudar de la versión del sicario. El video captado por una cámara de seguridad, ubicada a dos cuadras del lugar del crimen, muestra que el miércoles 30 de enero el homicida permaneció frente al edificio del periódico desde las 11:30 de la mañana hasta el momento del atentado, dos horas y 20 minutos después, mirando a un lado y a otro, como si esperara a alguien. A la 1:50 de la tarde el periodista Sierra Hernández llegó a pie, como acostumbraba a hacerlo a diario, a su lugar de trabajo. Le gustaba bajarse de la buseta en el parque Los Fundadores y caminar unas 10 cuadras por la carrera 23 hasta la sede de La Patria.

A esa misma hora la cámara que había registrado la espera del sicario, grabó su carrera hacia la acera opuesta hasta que desapareció del campo visual. Segundos después observó un creciente corrillo de gente. Lo que el video no registró es el momento en que el homicida Soto Zapata se acercó al periodista, quien iba acompañado por su hija, y le disparó dos tiros a quemarropa. Mientras Orlando Sierra Hernández era conducido al hospital y la sala de redacción estallaba en gritos de alarma dos policías perseguían al sicario, quien huyó al sector de la plaza de mercado, donde hormiguean diariamente unas 5.000 personas, entre comerciantes y compradores.

El lugar escogido para cometer el crimen está ubicado a dos cuadras de esa zona donde, según las autoridades, funciona un “nido de delincuentes y sicarios”. Entre estos hay un grupo de 12 que son considerados de alta peligrosidad, algunos de ellos liderados por un sujeto conocido con el alias de ‘Tilín’, a quien las autoridades le tienen anotaciones por homicidio y porte ilegal de armas. Según un investigador ‘Tilín’ y sus compinches portan armas amparadas con salvoconductos y cometen sus delitos con otras que mantienen ‘encaletadas’.

Los uniformados capturaron a Soto Zapata en el sótano de un pasaje de misceláneas, restaurantes y cacharrerías llamado centro comercial San Victorino, y hallaron un revólver calibre 32 escondido en la cisterna de uno de los dos baños. En el tambor del arma había cuatro balas del mismo calibre y dos vainillas de 7.65, la munición equivalente para pistola, que correspondían a los proyectiles que quedaron alojados en la cabeza y el cuello del subdirector de La Patria.

Para los investigadores este es el segundo indicio de que se trató de un ataque planeado, con un arma preparada para despistar a las autoridades, y no de un arranque de furia por parte del asesino. En el momento de su captura Soto Zapata, según los dos policías que lo retuvieron, el sargento Olmedo Velasco Villaneda y el agente José Felipe Hernández Meza, les ofreció un millón de pesos para que lo dejaran ir y agregó que se los entregaba donde ‘Pereque’. El suboficial Velasco Villaneda no tenía ni idea quién era este personaje, mientras que el agente Hernández Meza lo tildó de ser un “reconocido alcahuete de sicarios en el sector de Puerto Plomo”. A lo anterior agregó en la declaración que le concedió a los investigadores: “Esta es la persona que presta armas a los sicarios y de hecho en ese lugar permanecen los sicarios más reconocidos del sector, allí se contrata para dar de baja a cualquier persona”. La semana pasada estos dos policías fueron trasladados a un lugar desconocido por razones de seguridad.

Aparecio ‘Pereque’

Lo cierto es que con el sobrenombre de ‘Pereque’ es conocido Luis Arley Ortiz Orozco, un carnicero que desde hace 12 años atiende su propio negocio, La Rambla, en la calle 21 con carrera 16, a tres cuadras del lugar donde fue retenido Soto Zapata. ‘Pereque’ también fue capturado el día del crimen por agentes del DAS, cuando regresaba a la carnicería después de jugar fútbol en un balneario de Santágueda, a 40 minutos de Manizales. Salió en libertad dos días después, luego de que el fiscal del caso escuchara su versión y la del sicario, quien negó conocerlo y haber intentado sobornar a los policías.

Dos semanas después de recobrar su libertad corrió en Manizales el rumor de que ‘Pereque’ había muerto luego de ser herido en un atentado. Las autoridades nada sabían de su paradero aunque manifestaban haberlo buscado por todas partes. Sin embargo los periodistas que realizaron esta investigación lo encontraron con facilidad en la casa de un familiar. El hombre estaba nervioso. Le temblaban las manos y sollozaba mientras contaba que había perdido 22 kilos de peso desde que lo involucraron en este caso, según él, gracias al testimonio de un policía que hace tres años le quedó debiendo más de 100.000 pesos en carne fiada y luego intentó hacerle cerrar la carnicería.

De hecho, buena parte de la clientela de Ortiz Orozco la constituían policías en razón de que el carnicero perteneció a esta institución durante cuatro años y la abandonó en 1991 porque, según dice, una joven a la que había embarazado le iba a hacer embargar el sueldo. El hombre argumentó que él ayuda económicamente a la madre de su hija, además de sostener su actual hogar, del cual hay otro hijo, que no regresó al colegio desde que un compañero le preguntó: “¿Verdad que tu papá es sicario?”.

Un policía que le ha comprado carne durante cuatro años definió a ‘Pereque’ como un tipo buena gente y se sorprendió de verlo esposado en los noticieros, sindicado de ser uno de los cabecillas de las bandas de sicarios. El DAS y la Fiscalía dijeron no tener referencias delincuenciales del carnicero, quien de todos modos sigue vinculado a la investigación. Ortiz Orozco aseguró que no conoce al sicario Luis Fernando Soto Zapata. Aceptó que en la galería actúan bandas de delincuentes pero tanto él como su esposa, Cecilia, afirmaron que allí toca ser ciego, sordo y mudo para poder sobrevivir.

Las autoridades saben que el asesino del periodista vivía con su esposa y dos hijos. Según los investigadores oficiales Soto Zapata llegó a Manizales por presiones de la guerrilla en Herveo (Tolima), una población paramuna localizada a dos horas de la capital caldense. En esta ciudad, según Deyanira Zapata, madre de Soto, su hijo consiguió trabajo como vendedor de yuca y plátano en el sótano de la galería pero se fue a vivir junto con su familia en el vecino municipio de Villamaría. Cabe destacar que tanto este pueblo como el sótano están en manos de los paramilitares.

Un investigador aseguró que los autores intelectuales o los intermediarios escogieron a Soto Zapata por ser un tipo de otro departamento y desconocido para las autoridades, pues no tenía anotaciones judiciales y ni siquiera tenía un alias. Podría decirse que era un delincuente de bajo perfil comparado con los personajes del hampa caldense que se movían y se mueven en el mundo de la galería. Sicarios como ‘Bucheperra’, ‘Tatareto’, ‘Casca’, ‘El Mono’, ‘Estalón’, ‘El Tuso’, ‘Perrilla’, ‘Jilber’ y ‘Giovanny’. Coincidencialmente estos cuatro últimos, señalados como los más sanguinarios, aparecieron acribillados en las afueras de Manizales 15 días después de la muerte del periodista.

Amenazas paramilitares

El frente Cacique Pipintá de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se atribuyó en un comunicado el múltiple homicidio y advirtió que iba a “limpiar” la ciudad de los sicarios que habían estado involucrados en los crímenes del subdirector de La Patria y de José Aristides Orozco Londoño, director de La Blanca, la cárcel de varones de Manizales. Este oficial retirado de la Policía fue asesinado un día después de Sierra Hernández en la carretera que conduce hasta el penal. Las autoridades investigan si el homicidio tiene alguna relación con el caso del periodista. Al mismo tiempo no descartan que las AUC hayan quitado del medio a los sicarios para borrar pistas que pudieran esclarecer los dos casos.

A la irrupción de las AUC en Manizales le atribuyen las autoridades el incremento del 60 por ciento en el índice de muertes violentas registrado en enero pasado con relación al mismo mes de 2001. Un estudio de la Fiscalía indica que, en los primeros 30 días de este año, fueron asesinadas a balazos 46 personas en las calles de la capital caldense. Las autodefensas de la zona, a cuya cabeza las autoridades sitúan a Iván Roberto Duque, uno de los nueve miembros del estado mayor de las AUC, no sólo declararon indeseables a los sicarios sino a los políticos “corruptos y clientelistas”, a los que llaman “engendros criminales más nocivos que un peligroso guerrillero montando su fusil en las cumbres de monserrate (sic)”.

Así lo expresó el frente cacique Pipintá en una “notificación pública”, dirigida a “candidatos al Congreso, dirigentes políticos, concejales, alcalde y funcionarios públicos”, que circuló este año en Aguadas (Caldas), y en la que se proclamaron defensores de la comunidad y declararon guerra frontal a la guerrilla y “a la corrupción política y administrativa en Aguadas”.

Esta corrupción de la que hablan las AUC no es un misterio para nadie en el departamento. En las calles de Manizales este tema es un secreto a voces, tan comentado como los señalamientos a un puñado de políticos locales, conocido como ‘La coalición’, de ser los responsables de la muerte de Orlando Sierra. ‘La coalición’ es una alianza de liberales y conservadores que domina la política regional desde hace 27 años y se reparte la burocracia milimétricamente bajo la tutela de los senadores Víctor Renán Barco y Omar Yepes Alzate.

El primero es un barón liberal de 93.000 votos y el segundo uno conservador de 63.000. Entre los dos manejan, a través de sus lugartenientes, Ferney Tapasco y Arturo Yepes, respectivamente, 23 de los 27 municipios del departamento y cuando sus fichas políticas actúan en forma conjunta tienen asegurada la mayoría en la Asamblea Departamental y en el Concejo de Manizales. La estrategia de ‘La coalición’, según sus opositores, ha sido repartir bultos de cemento, tejas, promover invasiones y utilizar el presupuesto oficial para amarrar votos entre los más necesitados. Tapasco argumentó que, contrario a lo que la gente dice, ‘La coalición’ es una máquina de servicio a la comunidad y adujo que ha construido escuelas, vías, puestos de salud y viviendas para familias pobres, entre otras obras.

Gracias al poder que han consolidado durante casi seis lustros los representantes de ‘La coalición’ tienen el control local —según investigaciones del diario La Patria— de la Gobernación, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría, la Corporación Regional de Caldas, la Defensoría del Pueblo, Inurbe, Sena, Licorera de Caldas, Consejo Seccional de la Judicatura, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Plan Colombia, Instituto de Seguro Social, Invías y Telecom, entre otros. Esto explica porqué un antiguo barquista cuando habla de Caldas dice que “esta es una finca del senador Barco y del senador Yepes”.

Con estos sectores políticos Sierra Hernández, que a los ojos de sus amigos y conocidos era muy buen analista, había sido implacable. A ‘La coalición’ o a sus integrantes, en sus palabras “una versión comarcana del Frente Nacional”, les dedicaba una de cada tres de sus columnas dominicales en el diario La Patria, tituladas ‘Punto de encuentro’, en las que hacía eco de denuncias sobre nepotismo, desvío de dineros, licitaciones amañadas y otras irregularidades administrativas, como los 700 subsidios del Inurbe para la urbanización La Linda, que se esfumaron por obra y gracia de ‘La coalición’, según el columnista.

‘Linchamiento mediatico’

Orlando Sierra trazaba los lineamientos de La Patria y, aunque no era un investigador nato, tenía fuentes calificadas que lo mantenían muy bien informado y alimentaban los temas de sus columnas. Por sus escritos incisivos, respaldados por datos precisos, el periodista recibía constantes advertencias y anónimos a los que no les ponía demasiada atención a tal punto que con los más allegados fanfarroneaba que estaba listo para morir. Tras el atentado, ocurrido el pasado 30 de enero frente a la sede del diario La Patria, en pleno centro de la ciudad, algunos de sus amigos relacionaron el ataque con el incidente más grave que había tenido Sierra Hernández durante su carrera periodística.

En 1998 el periodista tuvo que andar escoltado durante unos días por las amenazas que recibió después de que el dirigente liberal Ferney Tapasco (el coordinador en Caldas del Movimiento Popular Barquista) perdiera su investidura de diputado por tener una condena ejecutoriada por concusión —cobrar dinero por gestionar libretas militares cuando era alcalde de Supía, a mediados de la década del 70—. Mientras se llevaba a cabo el juicio por pérdida de investidura el columnista incrementó sus denuncias contra Tapasco, especialmente por su vinculación al proceso por la muerte del profesor Orlando de Jesús Salazar, en el cual el político resultó condenado, en 1995, a un año de prisión por encubrir al homicida, quien había huido en un carro asignado al entonces diputado como presidente de la Asamblea.

Sierra Hernández dejó de usar esos escoltas después de reunirse con Ferney Tapasco en la casa de Carlos Arboleda, un yepista y gran amigo de Orlando, director desde hace nueve años del Instituto Caldense de Cultura. Con estos antecedentes los enemigos obvios de Sierra Hernández eran los políticos de ‘La coalición’ y, particularmente, Ferney Tapasco, a quienes los manizaleños no dudaron en señalar con su dedo acusador. Contra Tapasco, sin embargo, no había escrito nada en forma directa en sus últimas publicaciones, en las que fue especialmente punzante con Arturo Yepes, el hermano del senador, de quien dijo había nacido “químicamente malo”. Sectores de la sociedad manizaleña martillaron con tanta insistencia sus señalamientos hacia ‘La coalición’ que cuando esas versiones aparecieron publicadas en medios periodísticos el senador Víctor Renán Barco le dijo a una emisora local que se había cometido un “linchamiento mediático” con su grupo político.

Tres días después, durante el cortejo fúnebre de Sierra Hernández, quien murió luego de pasar 55 horas en cirugía y cuidados intensivos en el hospital de Caldas, una pancarta estudiantil se atrevió a señalar con una frase lo que todo el mundo comentaba en voz baja: “Coalición asesina”. Cuatro días después del entierro Flavio Restrepo, en su columna habitual de los martes del diario La Patria, les preguntó directamente a Ferney Tapasco y a Arturo Yepes: “¿Saben ustedes por casualidad quién en este departamento tiene poder político-sicarial para matar al contradictor?”. El autor de la columna, médico de profesión y crítico de vieja data de los hermanos Yepes, se fue de la ciudad ocho días más tarde, pues los organismos de inteligencia le notificaron que su vida corría peligro.

Aunque el grupo de periodistas que realizó esta investigación intentó entrevistar por todos los medios a Arturo Yepes, no fue posible conocer su opinión respecto a lo que está ocurriendo en el departamento. Por su parte Ferney Tapasco, un hombre que permanece custodiado por una guardia privada de ocho a 10 hombres y que atiende en el piso 19 del edificio de Seguros Atlas, el más alto de la ciudad, afirmó que es infame que lo vinculen con el sicariato. “No conozco la galería y no sé cómo funcionan las cosas allí”, dijo, en referencia a la zona donde se mueven las bandas de matones a sueldo. A su juicio, todo hace parte de una confabulación en su contra, orquestada por sus opositores políticos y por las clases sociales altas de Manizales, que él denomina “el blancaje”. Un sector que, en su opinión, quiere volver a recuperar el monopolio del poder político que perdió desde 1974 por dedicarse a hacer fortuna con la bonanza del café. “Los que me han acusado tendrán que demostrar que sus versiones son exactas”, advirtió.

Lo cierto del caso es que la muerte de Orlando Sierra, en plena campaña electoral, ha sido un duro golpe para la imagen de ‘La coalición’. Con su columna, la más leída en el departamento, según un sondeo hecho por La Patria, Sierra Hernández movilizaba opinión, pero pese a sus reiterados cuestionamientos nunca logró menguar el caudal electoral de estos políticos. En cambio, con su muerte y con la satanización inmediata de que fue objeto ‘La coalición’, esa fuerza puede perder, según sus propios cálculos, unos 15.000 votos que se deslizarían hacia los que esgrimen banderas de independencia. Esto puede ser especialmente perjudicial para Dixon Ferney Tapasco Triviño, el candidato liberal a la Cámara y el hijo mayor del jefe regional del barquismo, a quien los demás líderes de ese movimiento tratan de endosarle los votos del grupo con el mismo tesón que intentan alejarlo de la leyenda negra de su padre. En su campaña proselitista, por ejemplo, sólo aparece su primer nombre, Dixon, y no se menciona por ninguna parte su apellido.

¿Ordenó el político Ferney Tapasco, como piensan muchos sectores de la sociedad caldense, atentar contra Orlando Sierra? Como la animadversión entre estos dos personajes era conocida por todo el mundo en Manizales y no fue superada ni siquiera por el encuentro que tuvieron en la casa de Carlos Arboleda, señalarlo como el culpable más obvio era demasiado fácil. Sin embargo, es evidente que una acción criminal como esta, en plena campaña electoral de su hijo, indicaría falta de astucia política o un inusual exceso de confianza. Ante los enjuiciamientos ciudadanos Tapasco sólo responde: “Hablar mal de la gente es muy fácil”.

¿Ordenaron los paramilitares la muerte del subdirector de La Patria porque sabía cosas de su accionar que no querían que se hicieran públicas o porque sabían que su asesinato se lo endosarían a ‘La coalición’ y en ese río revuelto podían obtener beneficios políticos? Esta hipótesis no es descartable en la medida que todo el ambiente en el que se movía el sicario Luis Fernando Soto lo relacionaba con los paramilitares, quienes se encuentran en plena ofensiva en el departamento.

Resolver el crimen de Orlando Sierra es un desafío para las autoridades. El ambiente que generó también debería ser aprovechado por los manizaleños como un catalizador que les permita sacudirse y salir de la inercia que les ha permitido a unos cuantos manejar a su antojo los destinos de todo un departamento. Es el momento de asumir que la imagen idílica de esta región se desvanece a pasos agigantados y meterse de lleno en la labor de buscar soluciones que permitan acabar con el deterioro social y político que abonó el terreno para que Orlando Sierra fuera asesinado.