Votos por los cielos

El país no se ha dado cuen-ta de un cambio muy significativo que se está produciendo en materia de campañas electorales y que puede tener un impacto devastador sobre la democracia. Muchos políticos que llevan más de una década en el trajín electoral están aterrados con la campaña para Congreso que se avecina.

Las alarmas se encendieron porque la manera de conseguir votos está cambiando. A diferencia de los candidatos de opinión, que se cuentan con los dedos de las manos, la mayoría tiene que conquistar sus votos con la ayuda de caciques locales que les indican a sus tribus qué número marcar en el tarjetón. Y el problema es que muchos de estos líderes ya no quieren el pago en especie, sino en rama. Lo que hace aún más preocupante del nuevo fenómeno es la cantidad de plata que está en juego.

La campaña apenas comienza oficialmente el próximo 14 de diciembre. Pero en el bajo mundo de la política ya se están haciendo todo tipo de transacciones. Hace mes y medio, un dirigente político reconocido en la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá, llegó hasta la oficina de un congresista y le dijo que lo apoyaba en su campaña. "Me pidió 200 millones de pesos, a cambio de 2.000 ó 2.500 votos que él tiene amarrados", le contó el legislador a SEMANA.

El congresista se sorprendió no por la oferta, sino por el monto de la misma. Según la tabla de 'tarifas' que manejan algunos coordinadores de campañas políticas, a un edil con credencial y al menos 1.000 votos se le puede pagar, por mucho, unos 50 millones de pesos. Tal vez nadie le va a pagar los 200 millones a ese dirigente local, pero al tasar tan alto sus votos, da una idea de cómo se está moviendo el mercado.

Si el que hace la oferta es un presidente de junta de acción comunal o un líder comunitario, la cifra es de 20 millones de pesos. Y hasta los ex también pujan. "Me estaba tomando un café con un ex concejal para tratar de ver cómo me apoyaba y me dijo que lo haría si le giraba 50 millones de pesos", le dijo un representante a la Cámara a SEMANA.

Se están dando prácticas nunca antes vistas, como lo ocurrido el pasado septiembre en Cartagena, en donde seis ediles se trastearon de partido -de Convergencia Ciudadana a Apertura Liberal- luego de que la polémica empresaria del chance, Enilse López, la 'Gata', les ofreció 20.000 pesos por cada voto que habían sacado en las pasadas elecciones.

Y se han visto imágenes que antes sólo parecían existir en el mundo de la mafia, como ocurrió hace unos meses cuando el CTI allanó la casa del congresista Alirio Villamizar y encontró 700 millones de pesos en efectivo. En su momento se dijo que eran para la campaña política.

Un negocio también inédito, si se llega a confirmar, es el de la compra de un partido político como si fuera una franquicia cualquiera. Dos senadores sostienen que un congresista hoy detenido pagó varios miles de millones para comprar el nombre de otro partido.

El resultado de todo esto es que candidatos de opinión o que han dado muestras de independencia y que no tienen las agallas para caminar en el filo de la navaja de la norma se convierten en especies en vías de extinción en el Congreso. Un destacado representante a la Cámara le dijo a SEMANA que, como están las cosas,, "si salgo elegido en marzo, es un milagro". Y hace dos semanas, un joven candidato liberal en Risaralda, que ya había sacado buena votación en las internas del partido, renunció a su candidatura porque no podía costear los 500 millones de pesos que le valía.

Para algunos, esa disparada en el mercado de votos tuvo su origen hace dos años. "La llegada a Bogotá de caciques regionales en las elecciones de octubre de 2007 ocasionó esa megainflación", cuenta un ex candidato al Concejo de la capital que vio cómo se le voltearon dos de sus cinco líderes más importantes pocos días antes del día de las elecciones.

La situación llegó a tal punto, que los 'cacaos' de la clientela política en Bogotá pusieron el grito en el cielo. El concejal Jorge Durán dijo en su momento que la pasada fue una de las campañas "más corruptas en términos de dinero" y el también concejal Jorge Salamanca añadió que en Bogotá "estamos a un paso de estar como en la Costa".

En particular se habló en ese momento de la campaña de Rafael Escrucería, un muchacho hoy de 22 años, que no logró ser elegido alcalde en Tumaco en 2004, tierra en donde su clan familiar había gobernado y sabía cómo conseguir votos, y tres años después, sin mayor trabajo político y en una tierra relativamente ajena para él como Bogotá, multiplicó sus votos y salió elegido concejal. Lo mismo ocurrió con Julio César Acosta, de 30 años e hijo del ex gobernador de Arauca procesado por paramilitarismo.

Que este fenómeno se esté dando en Bogotá es importante, en primer lugar, porque los cálculos de los estrategas indican que en la capital hay cerca de 800.000 votos que no son de opinión, sino que están amarrados a líderes locales. Y en segundo lugar, porque la aplicación masiva de este tipo de prácticas parecía estar circunscrita a ciertos territorios del país.

Barranquilla, por ejemplo, fue protagonista hace unos días de una denuncia de trasteo de votos insólita por la cantidad de personas involucradas. Si bien la ciudad tiene un caudal electoral de unas 600.000 personas, cerca de 182.000 se zonificaron, es decir, inscribieron su cédula en un punto diferente al que históricamente habían votado. Y en el resto del Atlántico 100.000 más.

El problema es que no sólo los votos sino las campañas en general cada vez cuestan más dinero. Desde el tamal o la lechona que se ofrece en la reunión de líderes -si se trata de un candidato que busca grupos organizados-, hasta el pago de la página web o el diseño publicitario para quienes buscan los votos de opinión. Todo eso sin contar afiches, camisetas, call center, salarios del equipo, etcétera.

"Es que la registradora no para. La sola visita a los barrios el fin de semana, con voluntarios a bordo, le cuesta a uno bajita la mano 200.000 pesos por los almuerzos y el transporte", dice un candidato al Senado.

Los costos de una campaña, en el más austero de los casos, no bajan de 400 millones de pesos. Y las más costosas suelen ser las de la Costa Atlántica, en donde, según varios congresistas, puede costar de 3.000 a 4.500 millones de pesos.

Ante esas cifras parecen un chiste los topes impuestos por el Consejo Nacional Electoral. Según estos, un aspirante al Senado puede gastar máximo 675 millones de pesos, mientras un candidato a la Cámara tiene un techo que va de 264 y 531 millones de pesos, este último el tope fijado para Bogotá.

Pero, más allá de lo legal, surgen interrogantes como ¿cuál es la procedencia de este dinero? ¿Quiénes terminan siendo elegidos: los mejores políticos o los más hábiles para gestionar recursos? ¿Qué tipo de decisiones toman como congresistas?

El hecho de que grandes cantidades de dinero del sector privado entren a jugar en política no es bueno. Y menos aún si se trata de dineros ilegales, que por esa vía compran poder político, para luego mantener y reproducir sus riquezas.

Si en el clientelismo tradicional el negocio era entre el político y el votante que cambiaban favores burocráticos por lealtad política, esta nueva versión del clientelismo presagia ser mucho más perversa.

Y lo más grave es que nada parece cambiar. En un primer momento se creyó que la recién aprobada reforma política podría atajar este fenómeno. Pero en la ley para reglamentarla, que se está discutiendo en el Congreso, fracasó el intento de ponerle reglas más claras a la financiación privada.

"La rebeldía caribeña no dejó hacer esa reforma", explica uno de los ponentes, el representante Guillermo Rivera. "La idea era ponerle topes del 10 por ciento de financiación a la familia y se prohibía a quienes hayan contratado con el Estado en el último año financiar campañas. Pero se frustró".

Con razón el auditor general, Iván Darío Gómez Lee, dijo en un foro sobre corrupción realizado por la revista SEMANA, que en Colombia además de la para-política, la farc-política y la narco-política, hay que comenzar a hablar de una nueva forma de corrupción que es la favor-política. Es decir, los "favores" mediante los cuales se establecen compromisos entre los políticos y la apropiación de recursos del Estado.

* Para este informe, SEMANA habló con 20 fuentes, entre congresistas, coordinadores de campaña y líderes barriales. Ninguno de ellos da su nombre porque pueden estar incurriendo en un delito al no denunciar estas prácticas a las autoridades.