Denuncias por delitos sexuales en el Valle del Cauca han aumentado un 18% con relación al 2023

Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de este año, 940 personas en el Valle del Cauca denunciaron haber sido víctimas de delitos sexuales. Durante el mismo lapso de 2023 se registraron 800 denuncias en el Valle del Cauca, lo que representa un incremento del 18% según la estadística delictiva de la Policía Nacional.

En comparación con otros departamentos del país, el Valle es el tercero en la lista con más denuncias interpuestas por estos delitos, luego de Cundinamarca y Antioquia. Al interior del departamento, los municipios con más denuncias interpuestas son Cali (509), Palmira (54), Tuluá (47), Buenaventura (41) y Jamundí (31).

Según el código penal, los delitos sexuales incluyen delitos como el acto sexual violento, el acceso carnal violento, el acoso sexual, el proxenetismo con menores de edad, la inducción a la prostitución, la pornografía con menores, entre otros. De las víctimas que han denunciado durante 2024 en el Valle del Cauca, 782 son mujeres y 398 de ellas tenían menos de 18 años.

”La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes sucede, principalmente, porque existe una cultura patriarcal que propone que tanto niñas como mujeres son propiedad de los hombres. En este sentido, muchos hombres se sienten con el derecho de violentarlas sexualmente”:, indicó Natalia Escobar, directora de proyectos del Observatorio para la Equidad de las Mujeres (OEM).

Por otro lado, la mayoría de los casos denunciados ocurrieron en la vía pública, seguidos por los establecimientos educativos y las casas de habitación. Además, la mayor parte de delitos sexuales se cometieron sin empleo de armas, aunque registran casos en los que se usaron armas blancas, objetos contundentes o escopolamina.

“Los hogares, las familias y nuestras casas son los lugares más peligrosos para las mujeres. Sin embargo, hay una cantidad de subregistros por los casos que no se denuncian y que obedecen a los afectos y familiaridad que se tienen con el agresor, o por escenarios de dependencia económica”, añadió Lina Buchely, directora del Observatorio para la Equidad de las Mujeres.

¿Qué se puede hacer?

La lucha para proteger a las personas de convertirse en víctimas de delitos sexuales requiere responsabilidades del Estado, de las familias, de las instituciones educativas y de la sociedad en general. Entre estas destacan una educación clara para que los niños, niñas y adolescentes sepan reconocer si están siendo víctimas y puedan hablarlo, así como políticas estatales que sensibilicen y garanticen los debidos procesos.

Según Natalia Escobar, “Es muy importante que a los niños y niñas se les hable de sus órganos genitales con los nombres que corresponden y se les explique que esas zonas son íntimas y nadie debe tocarlas. Hay que enseñarles a decir que no, evitar obligarles a darles besos a adultos o darles besos en la boca, y explicarles que hay secretos malos que generan miedo. Y, sobre todo, creerles siempre cuando reporten casos de violencia sexual”.

Adicionalmente, el Estado debe generar una estructura jurídica y administrativa que vaya a la par de la severidad de las violencias que ocurren dentro de los hogares. Sin esto, se mantiene un pobre acceso a la justicia y un sentimiento de impunidad. También, es necesario que se generen redes de cuidado para que las mujeres se apoyen en ellas y no tengan que dejar a sus hijos al cuidado de personas que podrían hacerles daño.

Por otra parte, se evidencia un retraso a nivel nacional en las medidas de protección para las víctimas. “Todas las ciudades colombianas están muy por debajo del avance que muestran países como Estados Unidos, Canadá, México o Chile, que tienen hogares de resguardo efectivos para alejar a las víctimas de sus agresores cuando están dentro de la misma familia. Esta estrategia de protección anónima se debe acompañar con proyectos de autonomía económica para que ellas recuperen la independencia”, puntualizó Lina Buchely.