Detrás del giro británico en su política frente a Colombia

La asociación ABColombia, que agrupa a varias organizaciones no gubernamentales inglesas, presentó este jueves un informe sobre la situación de derechos humanos y el conflicto en Colombia que ya había sido entregado al gobierno de Gran Bretaña.

Sin duda, este documento influyó en la decisión de ese gobierno de dejar de aportar a Colombia dinero para la lucha antidrogas y la capacitación de militares en derechos humanos y destinarlos a solucionar otros problemas como la impunidad del crimen.

El documento fue decisorio porque se basa en completos reportes de las ONG Cafod, Christian Aid, Oxfam, Sciaf y Trocaire, “todas ellas conocidas y respetadas en Gran Bretaña”, según en la rueda de prensa en la que se presentó el informe, el embajador de ese país en Colombia, John Dew.

El informe de estas organizaciones dice que su país destina plata para capacitar a militares y policías colombianos en el respeto a los derechos humanos. Para estas ONG, es muy preocupante que entre el primero de enero de 2007 y el 30 de junio de 2008, se hayan registrado 535 ejecuciones extrajudiciales, según cuentas de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos.

Entonces reclaman porque “no existe actualmente información pública sobre quién recibe esta formación” subsidiada por los ingleses. “Sin esa información es imposible saber si una persona entrenada por el Reino Unido está cometiendo violaciones de derechos humanos, o está colaborando con fuerzas paramilitares”, dice el informe.

Por eso, propusieron hacer públicos los nombres de los integrantes de la Fuerza Pública que han asistido a las capacitaciones financiadas por su gobierno. Y si esto no es posible por motivos de seguridad, proponen entonces destinar la plata a la solución de otros problemas colombianos. 

Otro destino del dinero de los británicos era la lucha contra el narcotráfico, pues el 80 por ciento de la cocaína que llega a su país proviene de Colombia. Pero resulta que esta labor “es muy difícil separar las operaciones antinarcóticos y las operaciones contrainsurgentes, dado el hecho que gran parte de la producción de coca está controlada por las Farc”, según explica el informe. Y, dicen los investigadores, es bien sabido que en esa guerra es cuando se presentan las ejecuciones extrajudiciales.

Para estas organizaciones, la solución militar no es la más adecuada para combatir el narcotráfico. Aunque reconocen que no son expertas en el tema, dicen que con base en información que obtienen en el terreno, pueden deducir que “la criminalización de los campesinos es contraproducente, ya que su implicación con las drogas se debe a la coerción y a la ausencia de opciones alternativas sostenibles”.

Entonces proponen que “la mejor manera de enfrentar la cuestión del suministro (de cocaína) consiste en aliviar la desigualdad económica y social mediante desarrollo de medios de vida sostenible en las regiones apartadas del país”.

Esa solución la sugieren porque, según reportan, cerca de 50 de cada cien colombianos son pobres y la política económica contribuye a ampliar las distancias sociales. Por eso, los campesinos encuentra en el cultivo de coca la manera de subsistir y a veces se ven obligados a cultivarla a cambio de no ser desplazados.

Si bien estas ONG reconocen avances en la disminución del tráfico de drogas, sostienen que “la cocaína en el Reino Unido está siendo más económica, por lo que se infiere un aumento del suministro. Para el año 2000, un gramo de cocaína valía aproximadamente 65 libras, mientras que en el 2008 el precio del gramo oscilaba entre 40 y 50 libras”.

A ese respecto, el embajador Dew respondió que, por el contrario, “esta semana tuvimos noticias de que el precio de la cocaína es más alto y la calidad más baja, lo que significa que están surgiendo efecto los esfuerzos de la lucha contra la droga”.

Y Jonathan Glennie, vocero de ABColombia, explicó que “lo que pensamos las agencias británicas es que las cifras bajan y suben. No creemos que las políticas actuales van a cambiar el tema en los años que vienen. Hay mucha gente consumiendo y mientras siga la crisis agraria con problemas para los pequeños productores, creemos que atacar las causas”.

Aunque el Embajador dijo no compartir todo lo que dice en ese informe, lo tomó como una herramienta muy útil que le ofrece a su gobierno un panorama coherente y sincero sobre lo que ocurre en el conflicto colombiano.

Y basado en parte en él es que su gobierno resolvió no aportar más recursos para la guerra contra las drogas, y concentrarse mejor en apoyar y proteger la labor de los defensores de derechos humanos y la justicia.