La corrupción se juntó con la falta de planeación y el resultado fue el retraso de una obra que se viene anunciando desde 2005, y que apenas hoy va a ser entregada. Fotos: Carlos Julio Martínez / SEMANA

La ciudadanía terminó pagando $166.000 millones por un proyecto que inicialmente fue tasado en $45.000 millones.

Uno de los aprendizajes en este caso es que no se puede contratar un proyecto sin haberlo estudiado hasta etapas de factibilidad.

El deprimido le fue adjudicado al consorcio Conexión, del que hacían parte empresas de Julio Gómez, hoy condenado por el carrusel de la contratación.

En 2011 se decretó la caducidad del contrato y al año siguiente la obra se puso en manos de un nuevo consorcio.

Los plazos se fueron alargando y los habitantes de Bogotá tuvieron que pagar los platos rotos.

La ciudadanía podrá hacer uso pleno del deprimido, compuesto por vías y pasos subterráneos que suman más de 6 kilómetros de construcción.

Las lecciones recogidas por el IDU incluyen una vigilancia mayor a los procesos de contratación.

También son conscientes de que las multas y los castigos frente a los incumplimientos contractuales deben ser más fuertes.

La obra mejorará los tiempos de desplazamiento en la calle 94 con avenida NQS.