Home

Justicia

Artículo

Coronel Luis Alfonso Plazas Vega. (Foto: Archivo SEMANA)

JUSTICIA

¿Qué es lo que pasa con el coronel Plazas Vega?

Pocos juicios como el de este militar investigado por la masacre del Palacio de Justicia han sido tan controvertidos. Lo acusan de dilatar su proceso y su familia ha denunciado abusos del Inpec y de la justicia.

28 de agosto de 2009

El coronel (r) Alfonso Plazas Vega fue quien dirigió, personalmente, la retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, cuando era el comandante de la Escuela de Caballería.
 
Allí murieron varios honorables magistrados y fueron desaparecidos varios empleados del edificio. La reacción militar según se comienza a saberse veinte años después, estuvo plagada de actos tan deleznables como  la propia toma guerrillera , que se mantuvieron en la impunidad.

Dos décadas después, la Fiscalía decidió retomar el caso y entre sus investigaciones halló suficientes pruebas para poner tras las rejas al coronel Plazas, quien desde hace dos años fue señalado como presunto responsable de la desaparición de Carlos Rodríguez y Cristina Guarín, empleados de la cafetería del Palacio, e Irma Franco, guerrillera del M-19.

Desde ese entonces, su proceso se ha visto trastocado por un sinnúmero de problemas. Los hechos más recientes lo demuestran. Primero, la justicia acusó al coronel Plazas de dilatar su proceso, ya que el militar en retiro ha recusado varias veces al juez que lleva su caso.

Según la defensa de varias de la víctimas del Palacio, el coronel Plazas cambió de abogado en seis oportunidades, buscó que se prolongaran los términos, recusó en tres oportunidades a la Juez Tercera Especializada, al menos unas cinco veces pidió suspender la audiencia para leer el proceso y adicionalmente planteó una colisión de competencias ante el Consejo Superior de la Judicatura.

Además, hace unos dos meses, durante una de las audiencias agredió verbal y físicamente a un grupo de manifestantes que protestaban por el caso de Palacio a las afueras del juzgado, lo que provocó un escándalo ya que los hechos fueron transmitidos una y otra vez por los noticieros de televisión.

La semana pasada la situación se agudizó. La jueza que lleva el caso, María Stella Jara, ordenó días atrás que Plazas Vega debía ser trasladado a la cárcel de La Picota, pues en la guarnición militar donde debía estar recluido, según ella, corría peligro su vida.
 
Cuando el coronel Plazas se enteró de la noticia por los medios de comunicación entró en shock y tuvo que ser recluido en el Hospital Militar. Según las autoridades, Plaza se resistió al traslado y por eso tuvo que ser sacado a la fuerza el pasado jueves, a la medianoche y sedado, nuevamente rumbo a La Picota por orden de la juez.

La familia del coronel denunció este caso. Dijo que el traslado fue abusivo y cruel, pues la esposa del militar, quien se encontraba en la clínica, fue inmovilizada, y Plazas fue forzado a dejarse inyectar y a ser amarrado para su traslado.

Según Teresa Moya Suta, directora del Inpec, todo está grabado en un video que ya fue entregado a la Fiscalía y que en ningún caso hubo algo ilegal en el procedimiento.

Finalmente, el dictamen que entregó Medicina Legal dice que el coronel Luis Alfonso Plazas Vega no padece de ninguna enfermedad grave, aunque sí tiene un cuadro sicológico delicado, ya que ha sufrido varias crisis nerviosas, ataques de pánico y está bastante afectado por su proceso judicial.

Plazas alcanzó a estar seis días en La Picota, pero luego de ser valorado por los médicos del penal, fue trasladado este miércoles nuevamente al Hospital Militar, donde hasta el viernes deberá permanecer recluido en observación debido a una recaída.

Entre tanto, el proceso sigue en vilo. Ninguna novedad han sabido los familiares de las víctimas que 24 años después siguen sin conocer la verdad. La justicia tiene que seguir adelante y terminar de esclarecer lo que sucedió en esos terribles días de noviembre.
 
Otro asunto es si hubo exceso de la fuerza o violación de los derechos en el trasladado del coronel Plazas,  y por ello, las autoridades tendrán que responder.