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Desplazamientos  de familias en Arauca, tras el homicidio selectivo de 27 personas en el departamento.
enero 6 del 2022
Foto Guillermo Torres / Semana
Desplazamientos de familias en Arauca, tras el homicidio selectivo de 27 personas en el departamento. Imagen de referencia de desplazamiento. - Foto: Guillermo Torres /Semana

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Alarma en Antioquia por aumento del desplazamiento forzado

Las subregiones del Bajo Cauca y nordeste antioqueño son las más afectadas.

La Personería de la capital de Antioquia encendió las alarmas por el incremento que hay en el desplazamiento forzado en este departamento y Chocó. El llamado de atención tiene como fundamento las cifras de víctimas que llegan a la ciudad diariamente. En lo que va corrido del año, el Ministerio Público ha documentado 2.349 casos.

Frente a los datos de 2021, hay un aumento visible del 63 %. Mayo, junio y julio han sido los meses más críticos para las comunidades. Esos días coinciden con las acciones terroristas que adelantó el Clan del Golfo como retaliación por los procedimientos judiciales y operativos que desarrolló el Estado.

“En el mismo período del año 2021, fueron 1438 las personas víctimas de desplazamiento forzado. Mientras que para este 2022 se contabilizó un total de 2349 personas, teniendo un aumento de 911 afectados por este delito”, afirmó el personero de Medellín, William Yeffer Vivas Lloreda.

Los municipios de Antioquia más azotados por este flagelo son Caucasia, El Bagre, Ituango, Turbo, Segovia y Bello. En las primeras cinco poblaciones delinquen las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Los Caparros, quienes están en disputa por el control de las rentas ilícitas de minería y cocaína.

En el radar de los organismos defensores de derechos humanos también están los departamentos de Chocó y Córdoba. Desde Quibdó han llegado 800 víctimas mientras que en el pueblo de Ayapel se instauraron 99 denuncias por el desplazamiento. Al igual que el resto de los territorios, el Clan del Golfo sería el principal responsable junto al ELN.

Algunos de los motivos que conllevan a las familias a abandonar sus tierras son las amenazas, homicidios, enfrentamientos, atentados, desapariciones forzadas, delitos contra la integridad sexual. Además, la vinculación de menores de edad al conflicto que sostienen los grupos armados para cobijar a más pueblos en las tres regiones.

Para hacerle contrapeso a esta lluvia de delitos, la Gobernación de Antioquia indicó que con el nuevo Gobierno nacional harán esfuerzos para proteger la vida. Ambos frentes del ejecutivo se plantearon reducir las muertes violentas con un resultado favorable en 2023: 25 homicidios por cada cien mil habitantes, esa estadística hoy está sobre los 77 casos.

Entre las soluciones urgentes priorizadas por el ente departamental se encuentra el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía, Ejército y la Fiscalía. Este año han hecho esfuerzos para mejorar la infraestructura en estaciones de servicio y la dotación de equipos tecnológicos para reforzar las tareas de inteligencia.

La fuerza pública tiene en el radar a los emisores de las violencias en Antioquia: tres grupos armados organizados y más de cien grupos delincuenciales comunes organizados. La principal amenaza es el Clan del Golfo, ELN y Los Caparros. Estas organizaciones operan en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, nordeste, occidente y norte antioqueño.

Sin embargo, los que mayores posibilidades de hacer daño tienen son los hombres que comanda alias Chiquito Malo, heredero del mal que sembró alias Otoniel -hoy recluido en un centro carcelario de Estados Unidos-. Con base en las investigaciones de la Secretaría de Seguridad y Justicia del departamento, este grupo hace presencia en 44 municipios.

Mientras que el ELN comete desórdenes en 16 poblaciones, Los Caparros se mueven en Caucasia y las disidencias de las Farc se adueñaron de Anorí. Las alarmas de la Personería de Medellín comprometen a estos territorios donde hay altos índices de criminalidad. Las autoridades miden a los delincuentes con los homicidios.

Sin embargo, tal como lo advirtió el Ministerio Público, también hay denuncias de secuestro e instrumentalización de personas para combatir a una parte de los bandos.