Cargos a exsecretario de Daniel Quintero por presunta exigencia de dinero para apoyar causas políticas

Una reunión del 8 de agosto de 2021 tiene contra las cuerdas en la Procuraduría al exsecretario de Inclusión Social de Medellín, Juan Pablo Ramírez, quien actualmente goza de un cargo directivo en el Gobierno nacional.

Aparentemente, él habría utilizado su posición para ejercer presión sobre sus subalternos para que respaldaran económicamente una causa política asociada a su jefe, Daniel Quintero.

Las posibles irregularidades salieron a la luz en un encuentro privado de hace tres años cuando, presuntamente, Ramírez habría incurrido en un posible proselitismo político.

Allí lo acompañaron los exsubsecretarios de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa (2021-2022), y de Gestión de Bienes de la alcaldía, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar (2021).

La sospecha de la Procuraduría es que “pidieron un aporte en dinero, que oscilaba entre los 300.000 pesos y un millón de pesos a los servidores públicos presentes como membresía para pertenecer a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’”.

La interpretación de los investigadores es que, supuestamente, Ramírez se habría valido de su mando para ejercer una fuerza determinadora orientada a conseguir plata para esa organización y así respaldar proyectos políticos.

Esta corporación está legalizada en la Cámara de Comercio de Medellín desde 2008 y su propósito es la “defensa y promoción de la vida, la paz y los derechos humanos, el desarrollo ambiental, cultural, social y educativo; el fortalecimiento de la democracia”.

El Ministerio Público también cuestiona que él habría quebrantado sus deberes funcionales, pues el objetivo de su cargo y sus funcionares no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular ni su promoción, como tampoco fomentar el aporte.

“Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta actuación de los investigados como una falta gravísima cometida a título de dolo. El entonces secretario Ramírez Álvarez fue afectado con dos cargos disciplinarios”, se lee en un comunicado dirigido a la opinión pública este 4 de junio.

Pilar Rodríguez, entonces directora de la Unidad de Niñez, alertó que, supuestamente, líderes de la Secretaría de Inclusión habrían condicionado su continuidad en el cargo a las transacciones que hiciera y la plata que recogiera entre subalternos con el pretexto de impulsar la supuesta candidatura presidencial de Quintero.

“Nos dicen que para la campaña se necesita dinero y que el proyecto político para Quintero es a 20 años. Nos pusieron un documento en el que están trazados los valores para los profesionales, técnicos y bachilleres, para que nosotros, como jefes directos, les cobráramos”, dijo Rodríguez, quien salió del cargo tras negarse a pagar.

Las defensas de Juan Pablo Ramírez y Daniel Quintero confirmaron que la fundación sí pidió recursos en La Alpujarra, pero que los empleados no fueron presionados: “Yo conozco poquito del tema, lo que he visto hasta ahora es que es una fundación legal que ha recibido 21 millones de pesos de manera voluntaria”, agregó el exalcalde.