Home

Medellín

Artículo

Las estaciones de Policía del Área Metropolitana de Medellín se han convertido en cárceles porque ni Bellavista ni otras prisiones pueden recibir reclusos. Más de 150 agentes, que deberían estar en las calles, están haciendo el papel del Inpec.
Las estaciones de Policía del Área Metropolitana de Medellín se han convertido en cárceles porque ni Bellavista ni otras prisiones pueden recibir reclusos. Más de 150 agentes, que deberían estar en las calles, están haciendo el papel del Inpec. - Foto: Pablo Andrés Monsalve

medellín

En Medellín no hay espacio para un recluso más: hacinamiento supera el 800 %

Este mes se cumple el plazo que le dio la Corte Suprema de Justicia a la Alcaldía de Medellín para construir una nueva cárcel metropolitana. La obra no ha iniciado.

La Personería Distrital de Medellín volvió a encender las alarmas por las condiciones críticas en las que se encuentra la población privada de la libertad en la capital de Antioquia. De acuerdo con los análisis adelantados en los últimos días, el hacinamiento en los centros de detención transitoria supera el 800 % de su capacidad.

La grave situación de los derechos humanos se ha identificado en las estaciones de la Policía Nacional, unidades de reacción inmediata y salas de paso que no están diseñadas para cumplir con las obligaciones que hoy están asumiendo: atender por un largo período a las personas que están a la espera de resolver su situación judicial en el Valle de Aburrá.

Con corte al 7 de octubre, en esta región del país están recluidos por fuera de los centros carcelarios cerca 1.801 ciudadanos mientras llegan sus sentencias. En los penales no han sido acogidos porque también están a reventar. Con base en los índices del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la sobreocupación es del 98 %.

Ese número es aterrizado por el defensor de los derechos de la población privada de la libertad en Antioquia, Jorge Carmona. En sus visitas identificó que la carencia de la oferta se puede evidenciar en cada rincón de los espacios donde están los reclusos. Además, denuncia supuestos incumplimientos en los alimentos y los servicios de salud.

“Es realmente preocupante, indignante, humillante, discriminatorio e inhumano. No pueden olvidar que estas personas, así sean condenadas, sindicadas, culpables o inocentes, aún no han perdido la condición de seres humanos y deben ser tratadas como tal. Este problema ya lleva de diez largos años”, señaló el veedor ciudadano.

La condición más crítica se mantiene en las instalaciones de la Sijín. Si bien hay camas para veinte personas, en este momento las autoridades están atendiendo a 397. El colapso es total y no hay respuestas a la vista para mejorar el paso de los procesados. El Ministerio Público entregó la siguiente cifra: la sobrepoblación es del 1.885 %.

Ese escenario también se repite en el resto de los espacios que están siendo destinados para esta población, conforme al informe emitido en las últimas horas por la Personería Distrital de Medellín: Comuna 1 Popular (820 %), Belén (740 %), El Poblado (700 %), Doce de Octubre (567 %), San Javier (480 %), Laureles (403 %) y Castilla (380 %).

Angélica Patricia Agudelo López, líder del Observatorio del Sistema Penal, Penitenciario y Carcelario, afirmó que las autoridades deben tomar medidas urgentes con el fin de mejorar las condiciones humanitarias de los detenidos. En la lista aparece la edificación de un nuevo establecimiento para bajarles la presión a los centros de detención transitoria.

“Resulta de urgencia la construcción de la cárcel metropolitana, tal como fuera ordenado desde el 15 de octubre de 2019 por la Corte Suprema de Justicia, otorgando un plazo de tres años, al que se llegará sin que el proyecto se encuentre en un funcionamiento. Hacemos un llamado a avanzar en el cumplimiento de las órdenes”, dijo Agudelo López.

La Personería también argumentó que se deben cumplir los trámites administrativos para gestionar los traslados a los centros penitenciarios de las personas que ya tienen una pena de prisión impuesta. Este proceso, a juicio del Ministerio Público, resulta una barrera para lograr la movilidad efectiva hacia los diferentes establecimientos de reclusión.

Recientemente, la Alcaldía de Medellín respondió que está avanzando en el proceso de licitación para que se ponga en marcha la edificación de la nueva cárcel de la ciudad a través de una alianza público-privada. A finales de 2022, o a principios de 2023, habría resultados, contrario al período formulado por la Corte Suprema de Justicia.