Exalcalde de Antioquia deberá responder por permitir la construcción de viviendas sobre una reserva forestal

Un nuevo proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación remueve el escenario político de Antioquia. En las últimas horas, fue imputado el exalcalde del municipio de Caldas, Antioquia, Carlos Eduardo Durán Franco, por haber facilitado la construcción de viviendas de interés social sobre una zona catalogada como reserva forestal.

Los hechos investigados se remontan al 30 de noviembre de 2016, cuando el entonces mandatario local apenas cumplía con los primeros nueve meses al frente de la administración al norte del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según el ente acusador, el Concejo aprobó un proyecto de acuerdo, de iniciativa del mandatario local, que tenía como objetivo la ampliación de la franja urbana de Caldas. A pesar de que había serios cuestionamientos por el diseño y alcance de la propuesta, los integrantes de la entidad le dieron el visto bueno a la iniciativa sin mostrar objeciones y el alcalde la sancionó días después.

Un integrante de la Dirección Especializada contra la Corrupción dio a conocer que el documento se aprobó la disposición para que seis predios fueran usados para construir viviendas de interés social, sin considerar los elementos ambientales que imposibilitaban esa transición, así lo pone en evidencia el material recopilado por el ente de acusación.

“Al cambiar el uso del suelo, se desconoció que el área expedida es una zona de reserva forestal y de especial protección ambiental por estar ubicada en inmediaciones de la rivera del río Aburrá”, se lee en el expediente que el funcionario sostiene en un juzgado del departamento, donde pidió la vinculación formal de Carlos Eduardo Durán Franco.

Mientras que informes técnicos citados por la Fiscalía dan cuenta que los terrenos donde se edificaron las residencias tienen alto riesgo de erosiones, inundaciones y deslizamientos de tierra por las condiciones propias de la reserva forestal que no fueron protegidas en el proyecto de acuerdo que se gestionó en noviembre de 2016.

Ese escenario resultaba imposible para realizar actividades urbanísticas, pero no se tuvo en consideración. Al parecer, el exmandatario de los habitantes de Caldas habría tenido un posible interés para que se aprobara la modificación en el plan de ordenamiento territorial.

Otro de los apartados de la investigación señala que en el terreno no existía garantía de suministrar los servicios públicos porque la empresa encargada del suministro de agua potable y de las redes de acueducto certificó que no podía cubrir esas necesidades por la falta de infraestructura física en las inmediaciones del río Aburrá.

En consecuencia, el exmandatario deberá responder por haber cometido, presuntamente, el delito de prevaricato por acción. Es decir, a juicio de la Fiscalía General de la Nación, el exalcalde del municipio de Caldas habría utilizado su cargo para tramitar irregularmente decisiones que pusieron en riesgo la estabilidad ambiental de las poblaciones.

Igualmente, los organismos judiciales tienen la lupa sobre el municipio de Remedios, ubicado en la subregión del nordeste antioqueño, donde más de 100 familias se asentaron irregularmente sobre otra zona catalogada como una reserva forestal. De acuerdo con las autoridades locales, ese sector es clave para la distribución del agua potable de la zona.

La Gobernación de Antioquia anticipó que hará uso de los recursos administrativos y penales que tienen en las manos para ordenar la evacuación del terreno, a razón de que la administración de Remedios no ha podido imponer la regulación, dado que los ocupantes alegan que tienen el respaldo del presidente Gustavo Petro, por una propuesta que le escucharon cuando estaba en campaña.