Grupos armados habrían intervenido en el paro de mineros en Antioquia

Las organizaciones ilegales que delinquen en los municipios del Bajo Cauca antioqueño se sostienen en el territorio con la extracción de yacimientos mineros. En medio del estallido social que desataron las operaciones del Ejército contra las actividades irregulares, los armados habrían emitido órdenes dentro del movimiento de la protesta que paraliza a la región.

Esa información la sustentan las investigaciones que han adelantado los organismos judiciales, luego de considerar el alcance que tienen los violentos en las localidades afectadas por el paro. En la lista aparece el Clan del Golfo y Los del Bajo, grupo que se formó luego de que las autoridades enterraran a los temidos Caparros.

“Las comunidades están siendo instrumentalizadas por el enemigo”, esas son las palabras que utiliza el Ejército Nacional para dar cuenta del caos que protagonizan los mineros informales desde el pasado 21 de septiembre, cuando decidieron bloquear la Troncal de Occidente y saquear vehículos con el fin de llamar la atención del Gobierno nacional.

La manifestación está sustentada en un pliego de peticiones que, a juicio de las autoridades, lo único que pretende es que el Estado legalice la minería ilegal, contrario a la posición que tiene el presidente Gustavo Petro de exterminar estas actividades dado los efectos dañinos que causa en el ambiente, bandera de su campaña política.

Frente a la incursión de los delincuentes que acaparan la extracción de yacimientos mineros de manera irregular en la subregión en medio de las protestas, la Confederación Nacional de Mineros reconoció que sí se han emitido órdenes desde esos bandos, pero que no estarían dentro de las filas que reclaman el cese de las operaciones militares.

Rubén Darío Gómez Cano, vocero de la agremiación, relató que los primeros mensajes llegaron el viernes 23 de septiembre cuando se disparó el saqueo de los vehículos de carga pesada que estaban represados en la vía que conduce de la capital de Antioquia hacia los territorios de la costa Atlántica, en la jurisdicción del municipio de Cáceres.

“Fueron los que ordenaron que no se hicieran saqueos. Ellos fueron lo que pararon eso allá. Le llegó la orden a la gente y, ahí mismo, todo el mundo calmadito. Pero en el cierre de vías no tienen que ver ellos. La comunidad de Guarumo salió a pedir que no les siguieran quemando las balsitas”, comentó el representante de la Confederación.

Ahora bien, los mineros se consideran víctimas de los grupos armados porque los tienen sometidos a una serie de extorsiones que no los deja progresar ni mucho menos estar tranquilos. Todo aquel que esté inmerso en esta actividad en el Bajo Cauca antioqueño tiene obligación de pagar cierta cantidad de dinero para poder navegar sobre los ríos.

El inconformismo del sector es que las unidades de la Fuerza Pública habrían asociado a los pequeños productores de la subregión como colaboradores de los ilegales porque no gozan de la formalización. Por ejemplo, con las subestructuras del Clan del Golfo y los brazos armados del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que están en el territorio.

Según la Confederación, varios de los operativos adelantados por el Ejército Nacional contra la minería irregular habrían sido contra los ancestrales, pero marcados con las siglas de los delincuentes. Con base en las estadísticas de la Séptima División, en lo que va corrido de 2022 se han incautado de 184 dragas y 47 retroexcavadoras.

En medio de la mesa de negociación que se instaló en Cáceres con los protestantes, el comandante de esa unidad de la institución, general Óscar Murillo Díaz, aclaró que los operativos de destrucción de la maquinaria amarilla que se utiliza para la minería ilegal no pararán, contrario a las pretensiones de los líderes del paro. Esas palabras levantaron nuevamente las ampollas.