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Bloqueos en El Bagre, Antioquia, y mesa de diálogos de mineros con el Gobierno nacional en Cáceres.
Bloqueos en El Bagre, Antioquia, y mesa de diálogos de mineros con el Gobierno nacional en Cáceres. - Foto: Cortesía: API y congresista Isabel Zuleta.

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“No llegamos a acuerdos con el Gobierno”: mineros de Antioquia reafirman el paro

La Policía Nacional aseguró que el bloqueo sobre la Troncal de Occidente se levantó en la tarde del domingo. Durante este lunes se esperan nuevas manifestaciones en los municipios del Bajo Cauca antioqueño.

Sigue la tensión en los municipios del Bajo Cauca antioqueño por el paro que impulsan los mineros informales de la subregión. El argumento que los mantiene en las calles está sostenido en una retaliación con el Estado por las operaciones que ha adelantado la Fuerza Pública en contra de las actividades irregulares en ese rincón del departamento.

La manifestación ha estado acompañada de bloqueos sobre la Troncal de Occidente y saqueos de los carros de servicio de carga para llamar la atención de las autoridades. El fenómeno empezó el miércoles 21 de septiembre, pero se sintió con mayor intensidad el pasado viernes 23 y sábado 24, cuando el estallido social caminó en el terreno de la violencia.

Una mesa encabezada por el Gobierno nacional le bajó el alcance a la protesta, dado que las economías de Antioquia y la costa Atlántica estaban operando parcialmente porque el paso estaba cerrado con material vegetal y cadenas humanas. También, la misión médica fue amenazada a razón de que las ambulancias no podían transitar por los sectores.

Aunque el Ministerio del Interior y la Secretaría de Seguridad de Antioquia dieron el paro por terminado cuando se firmó un acuerdo de ocho puntos el 24 de septiembre, en la mañana de este domingo revivió la manifestación, dado que los mineros de la subregión no se sintieron cobijados con los objetivos establecidos en la negociación.

En treinta reglones, la comunidad del Bajo Cauca antioqueño condicionó el levantamiento de la protesta a la flexibilización del Estado frente a la minería irregular. Todo esto por las ampollas que levantó la incautación de 184 dragas y 47 retroexcavadoras por las unidades del Ejército Nacional en los municipios que integran esta subregión del departamento.

Entre los acuerdos logrados se destacan: la suspensión de operativos contra minidragas de seis a ocho pulgadas, se propiciará el diálogo vinculante para la construcción de la reforma al código minero, habrá acompañamiento para la formalización y la solicitud de titulación, entre otros”, reportó la Gobernación de Antioquia cuando anunció el cierre del paro.

Una vez se oficializó el documento, las poblaciones empezaron a abandonar la Troncal de Occidente y las autoridades evacuaron el material que obstruyó el paso durante más de 80 horas. Los 1.200 vehículos de carga pesada que estaban sobre el corredor pudieron evacuar para cumplir las operaciones logísticas que dejaron de hacer durante cuatro días.

No obstante, todo se cayó al piso a las 7:00 a. m. de este domingo cuando los protestantes volvieron a salir a las calles para bloquear la movilidad entre los departamentos de Antioquia y Córdoba, porque sus quejas no fueron tramitadas frente a los representantes de Gustavo Petro, así lo definió la Confederación Nacional de Mineros.

Si bien se dieron pasos importantes, el objetivo principal es que las autoridades den por terminadas las operaciones que se sostienen contra las personas que no cuentan con la bendición del Estado para intervenir yacimientos. Es decir, que finalice la destrucción de la maquinaria amarilla con la que gestionan principalmente las actividades en la región.

“No es cierto que llegamos a acuerdos con el Gobierno nacional. Ese acuerdo se alcanzó con los pequeños mineros de Cáceres. Necesitamos una mesa donde se involucre a todo el Bajo Cauca. Hoy, también tenemos inconformidades en Caucasia y El Bagre. El paro va a continuar, pero vamos a pedir que sea de manera pacífica”, indicó la Confederación.

Mientras que el Ministerio de Defensa informó que, en caso de que el diálogo no dé resultados, las autoridades tendrían que intervenir para proteger los derechos de las personas porque los bloqueos han generado desabastecimientos y la muerte de un menor de edad, cuyo traslado en ambulancia fue frustrado por el material vegetal que estaba distribuido en 53 kilómetros.