Unos 500 indígenas se encuentran en situación de mendicidad en Medellín, alerta la Personería

De acuerdo con la Personería de Medellín, cerca de 500 indígenas se encuentran en situación de mendicidad en diferentes sitios de la ciudad, en la que se ven inmersos tanto los adultos mayores y menores de edad de distintas comunidades que llegan de otros municipios.

Y es que recorrer lugares como el Parque Lleras, La Calle Provenza, alrededores del estadio, La 70, el centro, entre otros, es encontrarse con cientos de niños indígenas jugando en medio de las aceras, mientras sus padres de familia buscan lo poco que les pueda dar las personas que pasan al lado de ellos. Unos se la rebuscan bailando, vendiendo artesanías, pero otros tratan de sobrevivir con lo poco que les puedan ayudar.

A través del Grupo de Asuntos Étnicos, Migrantes y Refugiados de la Personería están en alerta por el alto número de estas personas en la capital de Antioquia. Eso precisamente lo evidenciaron en recorridos por distintos puntos, que mujeres y niños del resguardo Tahami, perteneciente a la etnia Emberá Katio del Alto Andágueda en Bagadó Chocó, es la población que se encuentra en esta situación.

De acuerdo con la entidad, esta actividad de mendicidad es ejercida por 582 indígenas y de estos, 245 son niños, niñas y adolescentes. Esta población, que en su mayoría, habita los inquilinatos del sector de Niquitao, ha sido víctima del conflicto armado y presenta limitaciones en acceso a recursos económicos que les permitan cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo a los hallazgos, en la Comuna 10 esta situación se presenta en el sector del Parque Berrío, la Avenida Oriental con Caracas, La Playa con El Palo y El Palo entre La Playa y Maracaibo. En la Comuna 14, se evidencia en la Avenida El Poblado, desde el San Fernando Plaza hasta el Centro Comercial Premium Plaza, en la Transversal Intermedia y en la Avenida Regional a la altura de las estaciones Aguacatala y Poblado del Metro. En la Comuna 15, se vive en el Parque de Cristo Rey y la Avenida Guayabal con la Carrera 80 y en la Comuna 12, en el Parque de la América, Simón Bolívar y La Castellana.

De acuerdo a la gestión adelantada por el Grupo de Asuntos Étnicos Migrantes y Refugiados, esta agencia del Ministerio Público logró identificar algunas falencias en las acciones desarrolladas por el ICBF en su trabajo con los NNA indígenas, migrantes y los líderes de estas poblaciones.

Una de ellas se relaciona con las limitaciones en la comunicación por falta de traductores indígenas propios de la entidad; situación que, para estos grupos poblacionales, dificulta el entendimiento de la información sobre los procesos de restablecimiento de derechos de los menores. También, hay ausencia de sensibilizaciones, campañas y programas de impacto para mitigar la mendicidad con los indígenas y migrantes en el Distrito de Medellín.

El personero de Medellín, William Vivas, sostuvo que el ICBF posee poca información sobre la ubicación de la unidad familiar de los menores para efectos de realizar la verificación de sus derechos, situación que ha generado la pérdida de comunicación de los padres de familia con los hijos que han sido retirados de sus núcleos familiares. Por otro lado, la entidad no tiene hogares sustitutos indígenas en Medellín; lo que ocasiona la pérdida de la identidad cultural de esta población.

“No han sido lo totalmente diligentes para atender este asunto. Lo estamos haciendo es sensibilizar a la población para que realicen el retorno a sus lugares, porque generalmente estos vienen desde el departamento del Chocó”, dijo Vivas.

“Realmente los indígenas han manifestado que hacen esta actividad de manera voluntaria por la escasez de recursos para poder tener los recursos necesarios para su manutención. Los hombres se quedan en los inquilinatos”, agregó.

Desde la personería afirmaron que buscarán el apoyo de las instituciones y los programas competentes, por lo que insta a que se adelanten acciones para combatir este flagelo y así evitar la revictimización de las comunidades indígenas, que pueden ser vulnerables de mendicidad ajena bajo el delito de trata de personas en mujeres, niños, niñas y adolescentes.