Continúa el debate sobre el proyecto de penas alternativas

El último episodio del debate sucedió ayer, cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Michael Frühling, intervino en una sesión de la comisión del Congreso que estudia la iniciativa del gobierno. En su ponencia, aseguró que las penas contempladas son "excesivamente suaves" y "contradicen normas del derecho internacional".

Además señaló que "abre la puerta a la impunidad" teniendo en cuenta que se indultarían ciertos delitos atroces o de lesa humanidad o, simplemente, "no recibirían el castigo correspondiente".

No es la primera vez que Frühling cuestiona el proyecto. En oportunidades anteriores, el diplomático había señalado que el proyecto iría en contra de algunos instrumentos internacionales suscritos por Colombia y haría a un lado la retribución legal a las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

A las críticas de Frühling se le sumaron ayer las del defensor del Pueblo, Volmar Pérez, quien también pidió imponer penas a los autores de delitos atroces e instó al Congreso a hacer ajustes a la iniciativa e incluir "un mínimo de privación efectiva de libertad".

Frente a ello, el alto comisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, aseguró que el proyecto no es una iniciativa en favor de los grupos de autodefensa y nada tiene que ver con la negociación que se encuentra en marcha con ese grupo, sino con los esfuerzos de paz colectivos que incluyen a las guerrillas. "Estamos decididos a negociar la paz ya, tenemos toda la voluntad para hacerlo ya, queremos esos instrumentos adecuados para saber hasta dónde podemos llegar", indicó.

Así mismo, el ministro del Interior y de Justicia, Fernando Londoño, señaló que "aquí no hay cartas escondidas" y que el Gobierno hará "todo lo que esté a su alcance para buscar salidas pacíficas", pero advirtió que de no ser así, se hará por otra vía.

El proyecto de alternatividad supone que se juzguen benévolamente los delitos cometidos por los alzados en armas que se sometan a la justicia. Por su carácter, ha desatado controversia entre los congresistas, quienes tendrán que aprobarlo en debate.