Obras por impuestos, desarrollo rural y reactivación del campo

El plan de reactivación económica que el Gobierno anunció afortunadamente prioriza el campo dentro de sus ejes estratégicos. No podía ser de otra manera pues la crisis mundial derivada de la pandemia ha demostrado, una vez más, que el sector rural es, y siempre será, estratégico para cualquier país. No importa la situación adversa a la que se enfrente una sociedad (una guerra, una depresión económica, un desastre natural, una pandemia) lo que produce el campo no dejará de ser esencial para la supervivencia del ser humano. La ruralidad produce alimentos, biodiversidad y servicios ecosistémicos, desarrollo económico, expresiones culturales y una dinámica social que ha sido clave en todas las etapas de la historia del país.

Las medidas anunciadas son positivas y abordan distintos temas fundamentales para atender las necesidades apremiantes del campo en materia de alivios crediticios, mejoras en la comercialización con la profundización del programa de agricultura por contrato y la destinación de nuevos recursos para vías terciarias, bienes públicos fundamentales para el campo. Si estos temas son abordados por el Congreso y las entidades gubernamentales pertinentes con visión de largo plazo, podrían significar una oportunidad para entender, por fin, el desarrollo rural como un frente estratégico para el país, en lugar de abordarlo de manera coyuntural, a partir de decisiones que se toman en el marco de protestas, atendiendo criterios particulares o políticos, como desafortunadamente ha ocurrido en tantos momentos de la historia reciente. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que las crisis son siempre oportunidades, es un buen momento para tomar medidas más audaces. Afortunadamente hay insumos suficientes de dónde escoger. El censo nacional agropecuario adelantado por el Dane en 2017 y 2018 generó una radiografía tan clara como preocupante de lo que hoy es el campo colombiano. Cerca de la mitad de la propiedad rural está en la informalidad; la población del campo (casi la cuarta parte del total nacional) es mucho más pobre y considerablemente de mayor edad que la urbana; se aprovechan solo 7 de las más de 20 millones de hectáreas aptas para la agricultura; el acceso al crédito es precario; la provisión de bienes públicos (agua, vías, salud, educación, vivienda) es muy deficiente.

De otra parte, en la lógica de construir sobre lo construido, vale la pena mencionar que entre 2013 y 2014 se adelantó un Pacto Nacional Agrario que recogió cerca de cien mil ideas y propuestas a través de los consejos municipales de desarrollo rural y los consejos seccionales de desarrollo agropecuario, escenarios de participación ciudadana e institucional que, dicho sea de paso, bien valdría la pena reactivar para motivar el diálogo social entre los distintos actores del campo.

También se conformó en la misma época una Misión Rural del más alto nivel que entregó recomendaciones al Gobierno, muchas de las cuales se han venido implementando. Gracias a este ejercicio, hoy existe una institucionalidad más robusta y técnica, con la creación de las Agencias de Tierras y de Desarrollo Rural, así como la Unidad de Planeación Rural y Agropecuaria. Y, así genere debate político, el acuerdo de paz abrió un espacio y contiene herramientas valiosas para avanzar tanto en materia agroindustrial como en agricultura familiar campesina. 

Un ejemplo de esto último son los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDETs). Confeccionados a través de procesos participativos, lo que les da legitimidad y sentido de apropiación en las comunidades, buscan llevar bienes públicos y proyectos productivos a las zonas más afectadas por la violencia y con alto potencial de desarrollo agrario. Vale la pena destacar la decisión del Gobierno, en su plan de reactivación, de destinar 5 billones de pesos para impulsar los PDET.

Hasta el momento, el principal vehículo de ejecución de los PDET ha sido el mecanismo de obras por impuestos a través del cual se han asignado desde 2018 proyectos por más de 750.000 millones de pesos, con la ventaja de que son ejecutados por las empresas que le han apostado a transformar territorios a través de acueductos, vías y dotación de escuelas, garantizando que las obras se entregan en tiempo, sin intermediación política o corrupción. Desde el inicio de este modelo, el sector empresarial ha asumido con entusiasmo el programa y debe resaltarse la importante labor del Consejero Emilio Archila en esta materia. Existen muchos ejemplos de éxito en Arauca, Meta, Norte de Santander, Caquetá, Sur de Bolívar, entre otros.

Quizás este sea el momento para ampliar el cupo de 250.000 millones que anualmente el Confis aprueba para el mecanismo, que se permita que las obras y proyectos se ejecuten no solo en los municipios más afectados por el conflicto y en función de los PDET, sino en todo el territorio, y que se amplíe el tipo de intervenciones que se pueden adelantar por esta vía, priorizando aquellas que más contribuyan con la generación de empleo y las apuestas estratégicas para la ruralidad. Incluso podría pensarse en adaptar el mecanismo para desarrollar modelos de pago por servicios ambientales e involucrar de manera sostenible a las comunidades rurales en programas de lucha contra la deforestación u otras iniciativas que procuren reducir y mitigar los impactos del cambio climático.

Antes de crear nuevas herramientas, valdría la pena fortalecer lo que ha venido siendo exitoso. El sector empresarial ya conoce este mecanismo, se siente cómodo con el modelo y le ha propuesto en distintos momentos al Gobierno ampliarlo como aquí se describe. Si de reactivar la economía se trata, ideal hacerlo a través de instrumentos con probados resultados, que integran el esfuerzo del Gobierno y del sector empresarial, con un impacto muy positivo en uno de los sectores más estratégicos para el presente y el futuro del país.