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“Electricaribe está cañando con propuesta a alcaldes”: César Lorduy

El Representante a la Cámara y especialista en temas eléctricos señaló, ante la proposición de la empresa de suspender el cobro ejecutivo por deudas de barrios subnormales, que una real acción solidaria sería retirar los embargos contra Barranquilla, Santa Marta y Cartagena.


El triste y trágico novelón del Electricaribe con los usuarios y entes territoriales de la región Caribe sumó un capítulo más en las últimas horas, con la propuesta hecha por su Agente Especial, Ángela Patricia Rojas Combariza, de suspender de mutuo acuerdo los procesos ejecutivos iniciados por la empresa para el cobro de las deudas de energía de los barrios subnormales en estas capitales.

A través de cartas enviadas a los alcaldes de Santa Marta, Virna Johnson; de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins y de Cartagena, William Dau Chamat, Electricaribe también pidió al doctor Iván Darío Gómez Lee, Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa de la PGN, su intervención para “garantizar el cabal cumplimiento del objetivo de las mismas; una vez los señores alcaldes nos confirmen la aceptación a la propuesta formulada”.

La empresa de energía señaló que “las obligaciones derivadas del suministro del servicio de energía tienen un término de prescripción de cinco años, un plazo que Electricaribe no podía dejar vencer en ninguno de los casos existentes, pues esta es una responsabilidad de carácter legal que obliga al representante legal de la empresa intervenida”.

Documento remitido por la empresa Electricaribe al alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins.

César Lorduy, Representante a la Cámara y especialista en temas mineros y energéticos le dijo a SEMANA que lo que parece que “la empresa está cañando para que los entes territoriales, es decir los alcaldes de las tres ciudades, reconozcan una deuda que no les corresponde”.

En términos claros, los que señala Lorduy es que sería absurdo que se les pida a los mandatarios de Barranquilla, Cartagena y Santa Marta retirar una demanda que ellos no han presentado. “Lo que pareciera es que Electricaribe quisiera involucrarlos haciéndolos sentir solidarios con una demanda que no reconoce derechos solidarios”.

En este punto y para entender la situación que se registra entre la compañía y las alcaldías es preciso especificar que se trata de procesos instaurados por el cobro del consumo en zonas urbanas denominadas como subnormales, a las que se les facturaba el consumo con base en contadores comunitarios. Deudas que, en la mayoría de los casos, fueron acordadas con juntas locales u organizaciones de las mismas comunidades y no con las alcaldías municipales. En Barranquilla, por ejemplo, son del año 2.004, y muchos de esos sectores ya están normalizados.

El problema es que, al tratarse de deudas colectivas, no hay forma de individualizarlas entonces no le pueden hacer cobro ejecutivo al consumidor real.

“No se trata de fomentar la cultura del no pago, porque lo contradictorio con el actuar de la empresa es que demanda a los mismos que le aprobaron el Plan de Salvamento por más de $1 billón de pesos y le reconocimos el pasivo pensional. Electricaribe solo ha sido efectiva cobrando y no prestando el servicio”, dice Lorduy.

Para el Representante a la Cámara una acción justa real sería que Electricaribe retirara los embargos vigentes contra algunas alcaldías, como el caso de Cartagena que está por $60.000 millones, ejecutado durante la administración de Pedrito Pereira y el que el alcalde William Dau logró parara temporalmente.

Sede de Electricaribe en la capital del Atlántico.

Polémico fallo

El 27 de julio el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Barranquilla ordenó al Distrito de Barranquilla pagar a Electricaribe $45.392 millones.

La decisión judicial, según la empresa, fue dictada con base en que “la administración distrital estuvo de acuerdo en que será solidariamente responsable por el cumplimiento de las obligaciones a cargo del suscriptor comunitario, es decir, por la energía consumida en los barrios subnormales de la ciudad. La deuda de esta obligación, con corte a julio de 2020, ya supera los $61.742 millones”.

Rojas Combariza señaló que esta deuda no desaparecerá con la llegada del nuevo operador del mercado de Caribe Sol, el próximo 1 de octubre. “Ninguna empresa de servicios públicos tiene capacidad de absorber deudas de estas dimensiones, esto afecta su normal funcionamiento y atenta contra la prestación del servicio a los demás usuarios de toda la Costa Caribe”.

En respuesta, a las últimas acciones de Electricaribe, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, señaló que más allá de celebrar el cambio de discurso de la empresa y la propuesta de hacer mesas de trabajo con los alcaldes y la Procuraduría, y más de los argumentos jurídicos de las partes, desde la administración distrital seguirán trabajando para que la gente tenga un servicio eficiente, seguro y económico.    

“Hay que trabajar para que el nuevo operador pueda, rápidamente, mejorar el servicio y en estos 4 años normalizar las más de 22.000 familias que hoy están en subnormalidad eléctrica”, explicó Pumarejo.    

La semana pasada la Bancada Caribe del Congreso de la República emitió un comunicado de nueve puntos en el que calificó de perversa, malvada, inconveniente e inoportuna la demanda y de Electricaribe contra los entes territoriales.

Entre otras cosas, los 63 firmantes le señalaron a la empresa que la Región Caribe ha asumido de manera civilizada durante muchos años un alto costo económico y social por la negligencia y negativa de la empresa de invertir en el mantenimiento y reposición de su vetusta infraestructura, por lo que ahora no es entendible que las ciudades de esta zona del país terminen debiéndole a una compañía que se ha caracterizado por la pésima calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica, y ahora por su maldad y perversidad.

 “Es inaceptable que acudan a un juez que no es el competente, a sabiendas que si acudieran ante un juez administrativo, deberían plantear una controversia contractual y de reparación directa sobre la cual operaría la caducidad por haber transcurrido más de 2 años, de los supuestos hechos que hoy reclaman”, argumenta la Bancada. 

Para los representantes de la región, el comportamiento reciente de la empresa obedece a que sus representantes “saben que las diferentes ciudades de la Región Caribe no suscribieron acuerdos, ni facturas como codeudoras, responsables, avalistas o cualquier otra calidad que las obligase a responder con solidaridad”.

Además, el grupo de políticos hizo público su apoyo a las alcaldías que han sido demandadas y embargadas por Electricaribe. “Confiamos en que la posición jurídica de las mismas demuestre que estamos ante una nueva situación de abuso de esa empresa, que además de todos los perjuicios que nos ha causado, también ha llenado de dolor a muchas familias en esta región de Colombia”.