Incierto proceso de paz…

Esta semana alias “Timochenko”, jefe máximo de las Farc, expresó con tono desafiante y amenazante: “Que el país y el mundo conozcan la verdad de lo que ocurre”. Es hora de que el pueblo colombiano realmente sepa lo que transcurre en La Habana y lo que allá mismo está negociándose, a sus espaldas. ¿A dónde nos lleva el Gobierno Nacional a los más de 46 millones de colombianos?

Si bien es cierto que la paz es un derecho y un valor del más alto interés para una sociedad y que los esfuerzos para que el país la mantenga o alcance deben estar sustentados, entre otras por la publicidad, la transparencia, la equidad y verdad, este último no solo como valor de la paz, sino como eje fundante de la institución más importante para sostenerla, pues más ni menos que la justicia. ¿Qué quiere decir el jefe de Estado, cuando se refiere a: “no le paren bolas a lo que se dice por fuera de la mesa”?

Es imposible no “pararle bolas” a lo que se dice fuera de la mesa, sencillamente porque el país no sabe siquiera que es lo que se negocia en esa “mesa”, ¿qué acuerdos están ya ultimados?, ¿cuáles son los compromisos de las partes?, ¿qué tanto a cedido el gobierno y las Farc? Preguntas muy relevantes y legitimas, máxime cuando de acabar un conflicto que lleva más de 50 años se trata; todos los Colombianos desean la paz, pero un gran grueso, no desean ver a los verdugos del pueblo con derechos de elegibilidad e inexistencia del poder punitivo del Estado para ellos.

Si bien es cierto que en algún grado la confidencialidad y algunas reservas son importantes, y que en asuntos tan delicados como la paz en Colombia lo merece, también, que a estas alturas del llamado “proceso” cercano a cumplir un año sin resultados a la vista, esa confidencialidad y reserva pasan a otro escenario.

Es decir, las partes están en la obligación de hacer público en virtud de la publicidad, la transparencia, la equidad y la verdad, que le cuenten al país a que acuerdos se ha llegado, de donde arranca la paz, cuales son los “sapos” que la sociedad civil y las victimas se tienen que pasar, y de paso saber cuáles serán los efectos en la política, en la economía, y en las libertades públicas de los ciudadanos decentes.

Los hechos hablan por sí solos y permiten inferir sin demasiado esfuerzo a dónde conduce esto, pues la mezcla entre discursos institucionales de “minimalismo punitivo” por parte del órgano encargado de investigar y acusar los delitos cometidos en el territorio, la evidente “imposición” del sistema de selección y cesación del procedimiento para posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad, que no admiten indulto ni amnistía, los mensajes o propuestas de circunscripciones de paz en los legislativos, y la falta de claridad en criterios para mostrarle al país y a la comunidad internacional, que si hay un “proceso”, se requieren hechos de paz. Nos podría llevar a concluir que la “máxima en verdad” es totalmente contraria al mensaje que el gobierno ha vendido a la opinión.

Hay que advertir que los ciudadanos tenemos derecho a saber los alcances y lo pactado hasta el momento. Ya casi se cumple un año, desde que comenzaron dichos diálogos y como van las cosas, atino a pronosticar que no se cumplirá el cronograma previsto, las Farc tomarán del pelo nuevamente y el presidente Santos verá desvanecerse por completo su afán y sueño de estar en el poder durante cuatro años más.

Aunque lo conversado por los negociadores de ambas partes es un absoluto misterio, lo que nadie puede negar es que en el pasado ese mismo grupo ilegal que saca pecho en Cuba, ha dejado ir más de una vez la oportunidad de firmar la paz. Al mismo tiempo, con sus actos violentos, han minado la confianza de una gran mayoría de Colombia, que aunque quiere la paz, le cuesta creer en esa supuesta voluntad que dicen tener y la seriedad que el ejecutivo le da al tema.

Twitter: @GuilloRodrig
*Abogado, Docente Universitario, Gobierno Seguridad y Desarrollo, Ex miembro principal del Directorio Nacional Conservador.