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Opinión

  • | 2020/02/22 01:57

    Abuso de autoridad

    En Colombia, reclamar el cumplimiento de la ley a los uniformados es visto como un actitud digna de sospecha, cuando no claramente subversiva.

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La primera obligación de una autoridad es respetar la ley. No es admisible que a nombre de la defensa del Estado de derecho se violen los derechos de los ciudadanos. Eso –que debería ser un principio elemental de institucionalidad– no es claro en Colombia. Un sector grande de la política cree que, en situaciones de alteración del orden público, los organismos de control, la prensa e incluso la ciudadanía, deben hacerse los de la vista gorda frente a los atropellos de la fuerza pública.

Miembros de la Policía Nacional y particularmente del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) deben ser investigados por violaciones a los derechos humanos, cometidas contra civiles durante las protestas del paro nacional, violaciones que no se limitan al homicido de Dilan Cruz.

El concejal de Bogotá Diego Cancino y su equipo investigaron y documentaron que, entre el 21 de noviembre y el 19 de diciembre de 2019, la Policía efectuó 872 detenciones de las cuales solo 25 llegaron a ser judicializadas, las demás son ilegales o arbitrarias.

Ahí no para el asunto. De acuerdo con la investigación del concejal Cancino, se presentaron 62 casos de tratos crueles e inhumanos. Entre ellos está el de Johan Altamiranda, de 19 años, quien asegura que su pesadilla empezó cuando un policía lo arrolló con la motocicleta durante las protestas. Cuando estaba en el suelo, otros uniformados lo molieron a patadas y bolillazos. Después lo condujeron a una instalación policial en Bosa donde fue obligado a desnudarse:

“Uno de los policías entró y comenzó a amenazarme con una navaja gritándome que le devolviera las llaves de la moto, pero yo le decía que no tenía nada, al rato entraron dos policías con galones de gasolina y me comenzaron a amenazar diciéndome que ‘a este negro hijueputa lo vamos a quemar’. Mi hermano llegó al CAI a preguntar por mí con un amigo y le dijeron que ya me habían llevado a la URI de Paloquemao”.

Dana Valentina Reyes, menor de edad, de 16 años, fue detenida cuando protestaba al lado de su mamá en el Portal de las Américas. Los agentes la subieron junto con otros manifestantes a un furgón. Dana me aseguró que “en el camión aprovechaban para pegarle a uno”. Ella dice que la agarraron del pelo y le golpeaban la cabeza contra las rejas del vehículo mientras le daban bolillazos y patadas en las piernas:

“A mí me cogió un policía, me cogió del cabello y me dijo que yo era igual a mi mamá, que yo era una perra. Entonces yo me quedé mirando al policía y le dije que ya no más porque ya sentía que me estaba rompiendo la cabeza. Y me cogía y me daba más duro y empezó a darme patadas en las piernas y me dijo que me callara que ya tenía que asumir las consecuencias de mis acciones”.

La adolescente sintió una clara amenaza de abuso sexual después de que la descargaron en la estación de Policía de Kennedy:

“Me dieron muchas ganas de ir al baño y yo le dije a una policía que si me hacía el favor y me acompañaba. Entonces llegó y cogió y la llamaron o algo así. Y llegó y dijo un policía pueden entrar cuatro policías y hacerle lo que quieran y yo estaba dentro del baño. Entonces entró una policía y me cogió del brazo y me dijo: ‘No, vamos’ y les dijo como ‘No se metan en problemas’. Entonces yo entré al baño, salí… y entonces un policía dijo ‘si fuera por mí, ella no contaría la historia’”.

También hay evidencias de que miembros de la Policía se han extralimitado en el uso de figuras legales como los “traslados por protección” o “traslados por procedimiento policivo” para extender detenciones de personas más allá de los límites legales o mantener a los detenidos en un limbo por horas, sin ponerlos a disposición de un juez o permitirles una comunicación con sus familiares o con un abogado.

El uso de vehículos, sin identificación visible, para conducir civiles arrestados también se ha vuelto un procedimiento habitual. Uno de esos casos le sucedió a María Fernanda Pérez frente a la Universidad Nacional y fue documentado el año pasado por un ciudadano que no se dejó asustar y siguió el carro no identificado, grabando con su teléfono celular.

Esas denuncias pocas veces prosperan en Colombia. Reclamar el cumplimiento de las normas a los uniformados es visto como una actitud digna de sospecha, cuando no claramente subversiva.

Tal vez por eso, un grupo de 24 concejales de Bogotá, de seis partidos y movimientos políticos, le está pidiendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que celebre una audiencia para revisar estos temas a la luz del derecho internacional humanitario.

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