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Opinión

  • | 2020/02/08 02:17

    Los bodegueros

    El consejero presidencial le habló al ejército de tuiteros del uribismo desde un podio que compartió con un sujeto con antecedentes criminales.

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Varios funcionarios públicos y una persona con antecedentes criminales en Estados Unidos han hecho parte de la guerra sucia en redes sociales contra medios de comunicación, periodistas, magistrados y dirigentes de la oposición. Ellos han estado al frente de un grupo que se encarga de amplificar campañas de desprestigio y crear tendencias en las redes sociales. La denuncia fue documentada y publicada por La Liga Contra el Silencio en un trabajo que debería ser conocido por todos los colombianos.

El funcionario de mayor jerarquía involucrado en estos hechos se llama Víctor Manuel Muñoz Rodríguez. Actualmente ostenta el cargo de alto consejero presidencial para asuntos económicos y la transformación digital. Ya antes había sido consejero presidencial, pero salió del puesto por el escándalo que desató su participación en una reunión de tuiteros uribistas desde la cual se armó una campaña contra la W Radio, como lo relató La Silla Vacía.

Pocos meses después de su salida por la puerta de atrás, Muñoz volvió a ser consejero del presidente Iván Duque. Su retorno fue advertido por el columnista de El Espectador Yohir Akerman.

Víctor Muñoz sabe cómo usar las redes sociales. Refiriéndose a los organizadores del paro nacional escribió recientemente una columna que describe bien el accionar de sus discípulos: “Las redes son un instrumento que ha vitalizado la democracia, pero también están sirviendo para la manipulación de masas y la generación de tendencias que producen realidades paralelas”.

Muñoz también vaticina lo que viene: “Con la utilización de inteligencia artificial, este panorama será cada día más complejo y, efectivamente, la manipulación será mayor”.

El consejero presidencial le habló al ejército de tuiteros del uribismo desde un podio que compartió con un sujeto con antecedentes criminales. Se llama Carlos Arturo Escobar Marín, pero en Estados Unidos operó bajo la identidad de Walter Frank Pérez. Estuvo preso por usar tarjetas de crédito falsificadas y estafa con cheques. 

En ese país aceptó plenamente su culpabilidad. Curiosamente, el documento de reconocimiento de los delitos por parte de Walter Frank Pérez lo firma con el nombre de Carlos Escobar.

Está probado que Carlos Escobar Marín –que ahora se presenta como experto en redes y seguridad informática– ha tenido comunicación con el senador Álvaro Uribe y que este último ha amplificado desde su cuenta de Twitter las creaciones de Escobar contra sus opositores.

Claudia Bustamante, la actual cónsul de Colombia en Orlando, Florida, también está involucrada en esta guerra sucia. Por cierto, la ley ordena que ese cargo sea ocupado por un diplomático de carrera. La señora Bustamante no es parte de la carrera diplomática, es más, no tiene carrera alguna. El único grado que ha obtenido es el de bachiller.

Sin embargo, el presidente Duque y el entonces canciller Carlos Holmes Trujillo encontraron la manera de brincarse la norma para poner a la ruidosa tuitera en el puesto. La nombraron primero consejera de relaciones exteriores, un cargo que no exige mayores requisitos, y después la encargaron “provisionalmente” del consulado en Orlando.

El mérito de la señora Bustamante ha sido la adulación permanente de Álvaro Uribe en Twitter y en Facebook; y la persecución inclemente en las mismas redes a todo aquel que discrepe de él.

En su carrera de improperios ha incurrido repetidamente en la creación y difusión de noticias falsas. En semana.com ustedes pueden ver un ejemplo que fue descubierto por María Fernanda Carrascal.

La Liga Contra el Silencio le preguntó a la cónsul Bustamante sobre sus actuaciones en las redes sociales, y ella respondió: “No estoy autorizada para hablar de estos temas”. Cuando le preguntaron quién la podía autorizar, replicó: “Nadie, porque ese es un tema que no tiene que ver con mi función consular”.

Quizás en el bachillerato no le explicaron a la señora Bustamante que las normas establecen que los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohíba, pero los funcionarios solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autorice. 

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