La transparencia y exactitud de los comicios es indispensable para que la democracia pueda funcionar. Es lo que ha sucedido, sin excepción alguna, desde la expedición de la carta de 1991. La Registraduría —que es un órgano independiente del gobierno—, como operador de los comicios, ha entregado siempre los datos que se capturan en las mesas de votación (“preconteo”) con celeridad. Los escrutinios posteriores invariablemente han confirmado esas cifras preliminares, que suelen divulgarse en las primeras horas de la noche. Ni los candidatos, ni sus partidos, ni los numerosos observadores internacionales que, por fortuna, en esta ocasión nos acompañan de nuevo, jamás han formulado observación sustantiva alguna. Pocas horas después de cerradas las urnas siempre se ha sabido quién es el ganador.
Los señores guerrilleros a los que se perdonaron sus delitos, entre ellos al actual presidente, llegaron a la conclusión de que en las elecciones de 1970 hubo fraude contra el general Rojas Pinilla. Nunca pudimos saber si esa afirmación es cierta. Sin embargo, supongamos que así sucedió, solo para añadir que esa hipotética adulteración tuvo lugar bajo situaciones totalmente distintas: cuando el poder electoral se hallaba en manos del gobierno y el flujo de la información era precario.
Como en tantas otras materias, nuestro presidente miente o manipula la información. En 2018, perdió por 2.3 millones de votos, según él como consecuencia de un inmenso fraude, aunque nunca aportó pruebas para demostrarlo. Fiel a su inveterado antagonismo con la verdad, cuestionó las elecciones presidenciales de 2014, las parlamentarias del 2022 y las regionales del 2023. Nada dijo sobre las presidenciales de 2022, porque fue electo presidente, aunque con una mácula terrible: violó los topes financieros de la campaña, tal como ha sido establecido en un fallo del Consejo Nacional Electoral. Tampoco dijo ni mú respecto de las recientes parlamentarias en las que su partido tuvo un excelente desempeño. Su postura es coherente: si gana, los comicios fueron limpios; si pierde, espurios.
En sentencia reciente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dijo que “las afirmaciones del presidente no satisfacen la carga mínima de veracidad y generan desconfianza injustificada en el sistema electoral”. Esto equivale a decir que es un mentiroso y un irresponsable. Ayer no más, el Consejo de Estado le ordenó abstenerse de distribuir propaganda electoral en los medios de comunicación del Estado y en sus redes sociales. Demos por cierto que, si hay segunda vuelta, Petro continuará sesgando el proceso electoral a favor de Cepeda. Lo hará a través de sus esbirros digitales, que pagamos con nuestros impuestos, mediante la opaca transferencia de sumas elevadas a sus colectivos de apoyo, y por la vía del empleo militante, como con razón se le llama.
Salvo en el caso improbable de que su candidato no llegue a la ronda definitiva, se abstendrá de levantar glosas sobre los resultados del domingo. Sin embargo, es lo que casi con seguridad hará si Cepeda pierde, ahora o en la última ronda. En tal caso, convocará al pueblo a las calles. No lo digo yo, él mismo lo dijo en una circunstancia parecida: “Si en una sesión del Senado a medianoche votan por decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”. No creo que este sea el pronóstico de un politólogo; es la advertencia de un revolucionario.
Por eso continuará violando las normas que le ordenan ser árbitro, no protagonista, de los comicios. Desatenderá las órdenes judiciales y las recientes admoniciones del Procurador. A este corresponde suspender a los funcionarios que le acoliten sus actuaciones en contra de la Constitución. Debe hacerlo de inmediato antes de que el daño sea irreversible.
Desprestigiar, como lo hace Petro, el sistema electoral es atacar el corazón mismo de la democracia representativa (no la autoritaria en cabeza de un caudillo iluminado). Fue lo que hizo a mediados del siglo pasado Laureano Gómez, figura dominante del conservatismo, director del periódico El Siglo y senador desde 1915. Sostuvo numerosas veces, y, al igual que Petro, sin aportar pruebas, que los gobiernos liberales, desde 1930 en adelante, habían construido un gigantesco aparato de fraude electoral basado en la expedición de 1.800.000 cédulas falsas, las mismas que nunca aparecieron.
De hecho, el Partido Conservador ganó las elecciones de 1946, bajo el gobierno liberal de Alberto Lleras; y volvió a triunfar en las de 1949 que ganó Laureano. En ellas no participó el liberalismo, argumentando falta de garantías, como consecuencia de la violencia generalizada en los campos y el vil asesinato de Vicente Echandía, hermano del candidato del liberalismo, contra quien, al parecer, se dirigía el atentado.
La creciente violencia actual no tiene, al menos no todavía, la intensidad de la que padecimos a mediados del siglo pasado; tampoco sus dinámicas son las mismas. Hay, sin embargo, coincidencias. La primera de ellas es la polarización, la que debemos entender como el surgimiento de un conflicto que es, o parece ser, insoluble dentro de los cauces institucionales. Como sabemos, la guerra no declarada entre los partidos Liberal y Conservador se resolvió con los pactos que condujeron a la creación del Frente Nacional en 1957. (No fueron perfectos: nos dieron paz, pero no fortalecieron la democracia).
En este contexto, mucho me preocupa el reciente y reiterado mensaje de Gustavo Petro: “El debate es entre los partidarios de la vida y los partidarios de la muerte”. La implicación es evidente: sus partidarios apuestan por la vida, sus adversarios por la muerte. Supongamos que tiene razón. Si así fuere, la inmoralidad del proceso electoral es absoluta. Es imperativo cerrar el riesgo de que triunfen los amigos de la muerte, o sea, sus opositores.
Otra es mi propuesta como demócrata: hay que derrotar en las urnas a los que sin pudor se atreven a presentarse como los defensores únicos de la vida, y rechazar de plano la proposición contraria: que quienes no comulgamos con sus ideas somos adalides de la muerte.