La metáfora marina nos lleva al modelo político, prueba contundente de que las ideologías siguen siendo muy importantes. Hoy, por ejemplo, la izquierda posmarxista ya no habla de la dictadura del proletariado, sino de la toma del poder por el “pueblo”; otorga un gran énfasis a las identidades raciales y al pluralismo sexual, colocando en la penumbra un asunto que para el liberalismo moderno es esencial: la lucha contra la pobreza. Por supuesto, en el contexto del Estado de derecho, la libertad de los ciudadanos para construir sus planes de vida, y una economía de mercado vigorosa y bien regulada. Sin crecimiento económico —lo olvidan quienes se encuentran en la otra orilla— las políticas redistributivas tienen serias limitaciones.
La democracia ateniense del siglo V a. C. fue una democracia directa, altamente participativa, sostenida por mecanismos institucionales diseñados para impedir la concentración del poder. En la Ekklesia o asamblea del pueblo, todos los ciudadanos mayores de 18 años podían participar y votar la expedición de normas, la declaratoria de guerra, la negociación de la paz y la aprobación del gasto público. Aquellos ciudadanos que, por insuficiencia de recursos, no podían participar, recibían un estipendio pagado con recursos de la comunidad. El aparato burocrático del Estado lo integraban ciudadanos elegidos por sorteo para periodos de un año, una manera de evitar que las oligarquías y sus clientelas se apoderaran del aparato estatal. La justicia era igualmente popular y masiva; en cada proceso podían intervenir más de 300 jueces.
Esta era la democracia directa que tantas loas recibe, aunque sus ingenuos admiradores omiten considerar que “no todo lo que brilla es oro”. En promedio, solo seis mil ciudadanos asistían a las asambleas. Las mujeres, los extranjeros y los esclavos no eran ciudadanos. La continua rotación de los burócratas impedía que los designados gozaran de adecuada experiencia en los asuntos públicos. Aquella justicia tumultuaria solía equivocarse. La condena a muerte de Sócrates difícilmente habría ocurrido en un sistema integrado por jueces profesionales.
De otro lado, los estrategas o generales, que ejercían un liderazgo con pocas restricciones, eran elegidos por el voto popular y podían durar muchos años. Pericles fue estratega 15 años consecutivos. Con su usual realismo e imparcialidad, Tucídides, que fue su contemporáneo, lo resume así: “Atenas era nominalmente una democracia, pero en realidad el primer ciudadano la gobernaba”. Aun si aquella democracia ateniense hubiese sido perfecta, no podía perdurar simplemente porque no es posible congregar a los ciudadanos de cualquier país para deliberar en un solo sitio.
Así las cosas, la democracia representativa no solo es la única viable. Es también la única que garantiza el diálogo y la formación de consensos.
Es una falacia decir que se requiere movilizar al pueblo a las calles y a las barricadas para que delibere y decida sobre su futuro. Esas reuniones masivas solo son eficientes para crear un clima revolucionario que un caudillo carismático en ocasiones puede capitalizar. Diga usted un Mussolini, un Lenin, un Fidel, un Perón, un Evo. Si lo logra, se produce, en un primer momento, una identidad mágica entre el pueblo y el caudillo, pero más adelante ocurre un milagro mayor: la simbiosis total entre ellos. Llegados a esa etapa superior, aquel personaje, ya convertido en una suerte de semidios, puede exclamar: ¡La Constitución soy yo! Tal es el título de un libro de inmensa relevancia que acaba de publicar Mauricio Gaona. Allí se describe con rigor cuál es el agua que nos moja “cuando la norma es el arma que desmantela la democracia”. El resultado probable es la dictadura constitucional, como en tantas partes ha ocurrido.
Ese es el camino que Petro está transitando a partir de una constatación para él incuestionable: que las oligarquías no lo dejan gobernar. El Congreso, las Cortes, el Procurador, el Contralor, la Defensora del Pueblo, la Fiscal, el Banco de la República, las autoridades territoriales, la prensa, los empresarios y los gremios, instituciones y personas, todas estas a las que ha satanizado, traicionan al pueblo. No se le pasa por la testa que existen muchos pueblos y que discernir sus conveniencias puede ser materia discutible. Igualmente, que los integrantes del Congreso son intérpretes del querer popular tanto como el Presidente.
La solución, por lo tanto, es clara: romper el pacto constitucional de 1991 y adoptar otro radicalmente diferente. Para eso está recogiendo firmas. A ese objetivo nefasto se une, como lo expresó la semana pasada, una preocupación personal: la persecución que se desataría contra él si triunfa la oposición. Lo dijo, como de costumbre, sin pruebas.
Queda, sin embargo, un cabo suelto. ¿Qué hacer si Cepeda pierde? La solución es fácil: declarar que hubo fraude en los comicios, no importa que bajo las mismas instituciones y normas vigentes hoy haya ganado las elecciones presidenciales en 2022, y que su partido sea, de nuevo, el más votado en los recientes comicios. La movilización popular que intentaría provocar podría ser la antesala de la revolución que anhela. Entre tanto, Cepeda, en plena campaña, afirma que la constituyente no es su prioridad, pero no la descarta. Pende, pues, sobre nuestras cabezas una clara amenaza. No le daré mi voto.
Tampoco votaré por Abelardo, así José Manuel Restrepo, su compañero de fórmula, me parezca excelente. Comparto el clamor de la ciudadanía por la recuperación del orden público, tarea que tiene que ser prioritaria a partir del 7 de agosto. Decir, sin embargo, que los derechos de las víctimas tienen prelación, mientras que los delincuentes ocupan el séptimo escalón, es contrario a la doctrina universal de los derechos humanos, que es el escudo que a todos nos protege. Por eso no se pueden derribar aviones y hundir barcos, así haya certeza de que transportan drogas prohibidas, salvo cuando se enfrentan a las autoridades. La doctrina Trump, que Abelardo sin salvedades acoge, es contraria al Derecho Internacional Humanitario y a nuestro derecho interno. El reto tiene que ser otro: capturar a los criminales y someterlos a la justicia.
Afirma igualmente que erradicará 330 mil hectáreas de coca, una implícita aceptación de la falsa teoría según la cual la oferta de drogas prohibidas crea la demanda, en vez de satisfacerla. Un contrasentido evidente. Insistir en esa solución nos conduce, ¡una vez más!, al fracaso. Al parecer, ignora el candidato que puede haber alrededor de un millón de campesinos que viven directamente de ese cultivo. Su programa de gobierno nada dice sobre las estrategias para evitar esa tragedia humanitaria.
No podemos olvidar que una política bien intencionada hizo posible la migración de las Convivir al paramilitarismo. Armar de nuevo, como lo propone, a la población civil sería un error garrafal. El objetivo tiene que ser desarmar a los violentos, justamente lo que el petrismo no ha hecho y no promete hacer.
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Votaré por Paloma y Oviedo. Sus trayectorias personales son limpias; las profesionales, diversas y complementarias. El ejercicio pluralista del que surgieron sus candidaturas, compitiendo con un grupo de personas capaces y honorables, merece ser recompensado por los electores. Ojalá tengamos la sensatez de evitar las propuestas extremistas que ya padecimos en 2022.
Epígrafe. Dice la Declaración de los Derechos del Hombre de 1948: “Que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”. De todos, añado, incluidos los delincuentes.