Esta escalada del conflicto entre indígenas no tenía ningún antecedente en la historia reciente de Colombia. Al sábado ya se contabilizaban más de diez muertes, entre ellos mujeres y menores de edad; más de cien heridos y decenas de retenciones irregulares. Asistimos, una vez más, a la demostración de un gobierno incapaz que no ha podido ni siquiera instalar una mesa de diálogo en el departamento del Cauca y comparece —como impávido testigo— frente a un conflicto que solo ha podido ver cómo se escala en las propias narices de la Fuerza Pública y de los funcionarios del Ministerio del Interior.
Petro y los integrantes de su partido político son los únicos responsables del conflicto indígena. La violencia que hoy permea al suroccidente colombiano es consecuencia directa de la instrumentalización que, desde muy tempranas etapas de su gobierno, han hecho de ciertos grupos indígenas para generar desazón social y temor a lo largo de toda la nación. Durante los pasados tres años, varias dependencias del Estado inundaron de dinero a las organizaciones indígenas, especialmente al Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), utilizándolos para generar impactos políticos.
Lo que inicialmente creyeron que les iba a funcionar, utilizando el viejo entorno de conflictividad, fue una supuesta protesta social reivindicativa desde algunas comunidades indígenas del Cauca politizadas. Esto se trasladó, posteriormente, al Valle del Cauca travestido en el ‘estallido social’, que irresponsablemente los representantes del Pacto Histórico y de la Alianza Verde instrumentalizaron como mecanismo de presión en toda la zona andina del país.
Pero el sur de Colombia se convirtió en un polvorín: buses incendiados, decenas de civiles inocentes muertos, una escalada de delincuencia sin freno y, para completar, actualmente asistimos a una guerra entre los propios indígenas. Este es el panorama triste y lamentable que ofrece la izquierda desde su ya fracasada y transmutada paz total.
El potencial de conflicto del Cauca ha estado presente en la realidad nacional por al menos dos décadas. Se inició como un problema entre indígenas y terratenientes; luego entre indígenas y población afrocolombiana, y entre estos grupos y colonos campesinos. Si se suman todos los factores de guerrilla y narcotráfico que se asientan en la región, se traduce en un detonante enorme de violencia. El garrafal error de este gobierno fue tratar de utilizar ese potencial de conflicto con fines políticos. Se están dando un tiro en el pie y le están dejando una herencia envenenada muy difícil de manejar al próximo gobierno, cualquiera que este sea.
En aras de la transparencia, es urgente que el Gobierno revele los contratos y sus cuantías que ha suscrito con las organizaciones indígenas. Los colombianos tenemos derecho a saber quiénes han sido los beneficiarios, cuánto han crecido los montos de los recursos asignados y cuáles han sido los objetos de contratación. Los organismos de control del Estado, en especial la Contraloría General de la Nación, deben informar a los colombianos qué sucedió con los recursos públicos entregados a las organizaciones indígenas en los pasados tres años.
Es perentorio que se suspendan las caravanas de indígenas por todo el país. Que no instrumentalicen y utilicen a los indígenas y les permitan regresar a sus resguardos para reducir la carga de animosidad que es el mayor combustible de la violencia. De paso, así finalizar los conflictos que están sembrando a lo largo de Colombia.
Es necesario que la Defensoría del Pueblo despliegue y asuma el liderazgo de la negociación y concertación del conflicto en Silvia entre las poblaciones Nasa y Misak. El evidente conflicto de interés de las agencias del Gobierno no les permite ser garantes de una paz sostenida entre esos pueblos. Esto incluye a la Presidencia, el MinInterior y la negligente Agencia Nacional de Tierras, que puso la chispa para este tremendo lío.
Es una desfachatez que el Gobierno esté inundando con mensajes usando el eslogan “Con dignidad cumplimos”, cuando el verdadero cambio que nos dejará como legado el presidente Petro es el inusitado crecimiento de la carga de inconformismo, agresividad y violencia en la que dejó sumida a la sociedad colombiana. Esto se percibe tanto en las comunidades del Cauca como en la cotidianidad de toda la nación: se perdió todo nivel de respeto por las ideas de los demás, pero también sobre las personas y sus bienes. Esa es la cosecha que hoy recogen por el famoso ‘estallido social’ y que se convirtió en una pesada carga para la comunidad y se ha ido en contra de ellos mismos.